«Stock options»

Una moda importada de Estados Unidos ha desatado un escándalo en España. Son las «stock options»(opciones sobre acciones), un sistema de incentivos para los altos ejecutivos de las empresas que les otorga el derecho a optar en el futuro por la compra de un paquete de acciones de la compañía a un precio pactado al momento de la firma del contrato.

Si en el ínterin sube el valor de cotización de las acciones en la Bolsa se pueden hacer jugosas diferencias. Es el caso de 100 directivos de Telefónica que podrían embolsarse entre 200 y 300 millones de dólares de los próximos meses si ejercen las opciones que han recibido de su compañía, cuyo valor de capitalización bursátil se ha triplicado en los últimos tres años. Como ya sugería la Biblia, son muchos los convocados por el Señor pero pocos los llamados al Reino de los Cielos.

Los dirigentes socialistas, a pocos meses de las elecciones, han visto un importante filón electoral, y vienen descargando gruesa munición sobre el gobierno del presidente Aznar.

En realidad Telefónica es una empresa privada y los sistemas de remuneración de sus directivos constituyen un «problema de agencia», una cuestión a dilucidar entre «el principal», es decir los propietarios de la empresa, y «el agente», el director o ejecutivo contratado para dirigirla. Pero en período preelectoral los ciudadanos no están para sutilezas jurídicas, y menos si son de la oposición.

En el inconsciente colectivo Telefónica sigue siendo una empresa semipública. Fue Aznar quien designó a su compañero de pupitre escolar, Juan Villalonga, presidente de la compañía poco antes de su privatización, y éste, con el apoyo del «núcleo estable» -los bancos BBV y Argentaria ahora fusionados- continua todavía a su frente.

Como el gobierno conserva una «acción de oro» y las tarifas urbanas son todavía monopolio de la compañía, los socialistas se consideran con derecho a crítica y acusan a Aznar de «confundir la economía de mercado con la del compadreo y el trapicheo, y los incentivos con la voracidad sin límites».

Aznar estuvo rápido de reflejos y aprovechando que el proyecto de la ley de presupuesto estaba aún en la Cámara de Diputados, hizo aprobar una rápida reforma moficando la legislación de fondo y tributaria.

Las «stock options» deberán ser aprobadas ahora en las Juntas de Accionistas de las compañías y en cualquier caso tributarán por el máximo de la tarifa fiscal, es decir el 48%.

Los socialistas no obstante no se han desanimado, y reclaman «el cese del amigo de Aznar».

Podría atribuirse esta enérgica reacción de los socialistas a un retorno a las viejas tradiciones igualitarias de la izquierda.

Pero nada más alejado de la realidad. El mismo secretario del PSOE, Joaquín Almunia se encargó de dejar bien en claro que no se oponen por principios a este mecanismo, que «bien empleado puede ser una cicate para la actividad empresarial».

La denuncia de los socialistas obedece estrictamente a razones de coyuntura electoral.

Pero está detrás también su persistente deseo de obstaculizar el crecimiento de la empresa que identifican como cabecera del grupo mediático del gobierno. Todavía arden los rescoldos de la «guerra digital» librada entre Telefónica y el grupo Prisa-El País, que mantiene su fidelidad al antiguo idilio con Felipe González.

Decía John F. Kennedy, desde la ingenua visión de los '60, que «cuando sube la marea, todos los barcos flotan sobre ella».

La realidad demuestra que hoy algunos barcos flotan más que otros.

Los incentivos empresariales de Telefónica y de otras compañías similares son la expresión obscena del nuevo rostro del gran capital. Desde que la caída del Muro de Berlín ha favorecido la «contrarreforma del capitalismo», los niveles de desigualdad en la sociedad de mercado no dejan de aumentar. Un modelo social que desde los Estados Unidos se está implantando en Europa de un modo cada vez menos sutil. Los altos ejecutivos en Estados Unidos en 1980 ganaban 40 veces más que los empleados. Actualmente se estima que la distancia ha aumentado a 140.

Hay ejecutivos, como Anthony O'Reilly de la multinacional Heinz, que perciben 80 millones de dólares al año. Sus voceros luego reclaman mayor flexibilidad laboral y menores indemnizaciones por despido para «reducir los costos del empleo».

Las cuestiones vinculadas a la creciente desigualdad no constituyen una obsesión de las izquierdas, sino que también han sido tema de preocupación en la propia comunidad de los negocios.

En 1997, en el Foro de Davos, se debatió el tema del «civismo empresarial»: la necesidad de articular un nuevo contrato moral entre patronos, empleados y las comunidades que dependen de las grandes empresas y la conveniencia de alcanzar un equilibrio entre la competitividad y la cohesión social.

Pensadores inteligentes provenientes del campo conservador como George Soros, han alertado sobre los estragos sociales causados por la supremacía del interés individual y empresarial sobre el bien común.

Pero algunos han ido incluso más allá. Para el conocido ensayista estadounidense William Piaff, «el mercado tiene una tendencia natural a la desigualdad de los ingresos y a la destrucción de los valores que no producen beneficios comerciales». En su opinión, una sociedad basada sólo en la ética del beneficio no tiene futuro. «No es una locura -alerta-, hablar de una tendencia totalitaria en el capitalismo salvaje.»