Sueños repartidos
Claramente asustado por el impacto de la proliferación de escándalos de todo tipo que está produciendo la empresa sui géneris Fundación Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido dejar la construcción de “viviendas sociales” en manos de las autoridades provinciales y municipales, poniendo fin así a una de las iniciativas más insólitas de los últimos tiempos. Aunque en vista de la propensión de ciertos gobernantes locales a politizar todo, privilegiando por sus propios motivos ya a su clientela electoral, ya a empresarios amigos, la solución elegida podría dar pie a nuevas complicaciones, por lo menos servirá para desvincular una agrupación supuestamente idealista del mundillo traicionero de los negocios inmobiliarios. Todavía no se sabe muy bien quiénes fueron los máximos responsables de las muchas irregularidades que se han detectado en el manejo de la constructora de las Madres, puesto que el ex apoderado Sergio Schoklender las atribuye a Hebe de Bonafini, mientras que ella afirma ser víctima de estafas que fueron perpetradas por el parricida más célebre del país, pero no queda duda de que ambos han salido malparados del affaire bochornoso que han protagonizado. El gobierno kirchnerista también se ha visto gravemente perjudicado por lo sucedido. Para comenzar, parecería que no hizo ningún esfuerzo serio por controlar el uso de los centenares de millones de pesos que el Ministerio de Planificación invirtió, por decirlo de algún modo, en la gigantesca empresa que se formó en el marco del programa Sueños Compartidos, acaso por suponer que por ser intocables las Madres a nadie se le ocurriría que un día tendrían que rendir cuentas por los cuantiosos fondos públicos que recibían. Que la gestión de la presidenta Cristina siempre se haya caracterizado por un grado de ineficiencia apenas creíble no es ningún secreto, pero ni siquiera los críticos más mordaces previeron que actuaría con tanta despreocupación. Aunque sólo fuera por entender que sería de su interés ayudar a las Madres a esquivar las trampas en que suelen caer los incautos que prueban suerte en el negocio de la construcción, era de suponer que el gobierno procuraría mantenerse al tanto de sus actividades, pero todo hace pensar que se limitó a entregarles dinero. Por lo demás, las acusaciones recíprocas de fraude, de lavado de dinero y otros delitos intercambiadas por Schoklender y Bonafini, han afectado directamente a Cristina porque desde ya antes de asumir la Presidencia de la Nación ha tratado a Bonafini y otros integrantes de la agrupación que lidera, incluyendo, hasta hace poco, a Schoklender, como aliados estratégicos cuya función consistía en permitirle figurar como una luchadora incansable de los derechos humanos. A raíz de la sucesión de escándalos tanto financieros como laborales que ha producido la Fundación de Bonafini, muchos han señalado nuevamente que su compromiso con los derechos humanos sólo se hizo público luego de que su marido se había instalado en la Casa Rosada e imputan el oficialismo fervoroso de una fracción de las Madres y otra de las Abuelas de Plaza de Mayo a los beneficios bien concretos con los que el gobierno las ha colmado. Asimismo, se han intensificado las críticas a la voluntad de quienes habían llegado a simbolizar la lucha por los derechos humanos treinta años atrás a prestarse a la politización burda de una causa que debería permanecer por encima de los conflictos partidarios o ideológicos. Consciente, pues, de que en adelante la alianza con las Madres podría ocasionarle más disgustos, el gobierno ha optado por separarlas de un negocio en el que nunca deberían haber participado por tratarse de uno para el que no estaban preparadas. Puede que al hacerse cargo de las obras no terminadas, y de los salarios y aportes previsionales de los obreros que, según parece, se verán convertidos en empleados públicos, las autoridades provinciales y municipales logren poner en orden un proyecto que, en teoría al menos, serviría para aliviar el déficit habitacional que constituye uno de los problemas del país, aunque –sobre todo en el caso de las que ya han entregado montos millonarios a “Sueños Compartidos”–, el cambio las obligará a invertir mucho más dinero en viviendas de lo que se habían propuesto.
