Río Negro: Imputarán a exintendentes por los fondos nacionales para viviendas
Es por los contratos del plan Techo Digno, entre el 2012 y el 2014, impulsados por el exsenador Pichetto. Tres actuales legisladores del Frente de Todos y otros tres jefes comunales en funciones además de los empresarios de las construcciones también serían imputados.
Una veintena de barrios construidos conforman esta megacausa de Techo Digno.
La Justicia imputará a exintendentes por el manejo irregular de fondos para la construcción de los barrios federales. Esas acciones judiciales también alcanzarán a los empresarios de las construcciones.
Se trata de los planes Techo Digno, formalizados entre el 2012 y 2014, con financiamiento de la Nación. Esos expedientes fueron evaluados en la Justicia Federal pero, en el 2018, recayeron finalmente en los tribunales provinciales. Ahora, tras sus análisis y sus conclusiones, los fiscales avanzarán con imputaciones, que estarían encuadradas en “administración fraudulenta”.
Las presentaciones se distribuirán en las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro porque las cuestionadas operatorias que firmó el ministerio de Obras Públicas de Nación se extienden en 14 municipios .
En principio, según trascendidos, las acusaciones llegarían a una decena de jefes comunales firmantes, que estaban al frente de administraciones del Frente de Todos. Esos contratos fueron impulsados por el entonces presidente de la bancada del oficialismo en la Cámara Alta, Miguel Pichetto.
Las imputaciones comprenderían, además, a los empresarios de los barrios incluidos. Se desconoce, en cambio, si las acciones llegarían a los jefes comunales que sucedieron a los acusados ya que, en algunos casos, habrían autorizado desembolsos en favor de las constructoras.
La nómina de imputados comprendería a tres exintendentes que actualmente son legisladores, como la presidenta de la bancada del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso, quienes gobernaron Bariloche, Conesa y Choele Choel.
Esa lista incluiría, además, tres jefes comunales hoy en funciones, como Luis Ivancich (Godoy), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Liliana Alvarado (Cinco Saltos).
Otros acusados por los fiscales serían Javier Iud, Gilberto Montanaro, Carlos Pilotti y Juan Reggioni por sus mandatos en San Antonio, Cervantes, Río Colorado, y Fernández Oro, respectivamente.
Existen cuatro administraciones locales más que originalmente estaban en la revisión, como Campo Grande, Jacobacci, Roca y Cipolletti. En esos casos, en un principio, no habría imputaciones mayores, siempre según los iniciales datos extraoficiales.
Las presentaciones simultáneas -que se cumplirían esta semana- parten de un equipo especial, coordinado por la fiscal Graciela Echagaray, y creado en 2019 por el Procurador General, Jorge Crespo para una evaluación y criterio conjunto, considerando que las irregularidades se repiten en las circunscripciones.
Inicialmente, existió un conflicto por la jurisdicción aunque, al final, se determinó que la investigación correspondía a las provincias.
Un defensor pidió sobreseer a cuatro de los investigados
El abogado Damián Torres defiende al intendente de Godoy, Luis Ivancich; al diputado nacional Pedro Dantas, a la legisladora Alejandra Mas y a Gilberto Montaro por sus gestiones en Campo Grande, Conesa y Cervantes.
Torres ya solicitó que sus defendidos sean sobreseidos. En su presentación, el letrado niega cualquier delito porque “los fondos recibidos fueron a la construcción de las viviendas” y” no existió ningún desvío”.
Por otra parte, el defensor dice que ninguno de ellos formalizó las certificaciones de ejecución y ratifica que “las firmas no son de ellos”.
Asegura que la diferencia entre “el avance financiero y el avance físico de las obras” se explica que los planes “no contemplaban los nexos” y que fueron realizados.
Advirtió que otro efecto fue el “proceso de inflación” porque la “redeterminacion” de costos fijadas “no eran acorde a la realidad”. Alude además que se requería urgencia por “la necesidad habitacional existente”.
Otro argumento es la existencia de la ley (de cesión de los planes de Río Negro) que demuestra que “no hay delito” y, menos aún, “dolo de defraudar al estado”, ni tampoco “ perjuicio”.
La investigación por la ejecución real de una treintena de barrios
Las imputaciones judiciales que alcanzarían a una veintena de exintendentes y empresarios, se concentran en el uso de las transferencias nacionales para una treintena de barrios.
Esos manejos comunales están cuestionados porque los desembolsos realizados a las empresas fueron superiores al nivel de las ejecuciones.
Las conclusiones de las obras quedaron a cargo del IPPV, con transferencias de Nación y parte de la Provincia, después de la cesión en el 2016 de las construcciones inconclusas.
Los contratos originales se dieron entre el 2012 y 2014. En el 2015, con el recambio del gobierno en la Nación, profundizaron las denuncias. Luego, el IPPV realizó un relevamiento del estado de los barrios recibidos y sus conclusiones ratifican diferencias notables entre los montos abonados por los municipios (con los aportes nacionales) con lo realizado efectivamente por parte de las constructoras.
El estudio técnico rionegrino conforma un elemento central en las evaluaciones judiciales, que concluyen en las actuales acusaciones.
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