Techo Digno: La jueza acepta cargos por las viviendas en Campo Grande

Las imputaciones por las obras de las viviendas de Techo Digno en Campo Grande fueron aceptadas por la jueza de Cipolletti, Laura González Vitale, y continuará la investigación por el manejo de esos fondos nacionales por parte del ex intendente y hoy diputado nacional Pedro Dantas, y el titular de la constructora.

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La magistrada estableció un plazo regular en ese trámite penal, que llega a los ocho meses, y rechazó el pedido fiscal de su consideración de un caso complejo, con un tiempo máximo de dos años.

Antes, los fiscales Graciela Etchegaray y Matias Stiep formalizaron cargos contra Dantas por defraudación a la administración pública por el uso de recursos nacionales del mencionado programa en la construcción de 40 unidades en Campo Grande, durante el 2015. Al titular de la empresa Urbana, Luis Saiz se lo acusó como partícipe necesario.

Stiep consignó que Campo Grande recibió de Nación -entre el 24 de abril de 2015 y 11 de mayo de 2016- algo más de 20 millones para 40 viviendas, que “significó el 100%” de lo acordado en el convenio del 13 de abril del 2015. Después aseguró que el municipio pagó «el 58,99% del contrato cuando las mediciones del IPPV presentaron un avance del 48,39% o sea que se abonó un 10,6% de más, beneficiando a la constructora», «causando -expresa la acusación- un perjuicio al erario público».

Damian Torres y Carlos Gadano defendieron a Dantas y Saiz, respectivamente. El rechazo de ellos estuvo en cuestiones formales pero, esencialmente, la inexistencia de perjuicio porque los fondos fueron destinados a las viviendas y el remanente figuraba en la cuenta del municipio.

La imputación fiscal profundizó el hecho que los fondos enviados por Nación se logró “mediante certificaciones de avance y final de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la subsecretaria de Desarrollo Humano”.

El abogado Torres insistió que no existían precisiones de cuáles eran esas certificaciones falsas y se anticipa que Dantas no las firmó. Todavía no se realizaron las pruebas caligráficas.

En igual sentido, Gadano desliga del hecho al empresario, afirmando que no debería estar en la causa y, en todo caso, la falsedad del documento fue realizada en Buenos Aires. Negó, además, el desfasaje entre lo construido y lo abonado y lo explicó en diferencias en los indices adoptados técnicamente por el IPPV, que es la ponderación utilizada por los fiscales en su conclusión.

La jueza habilitó esas imputaciones porque valoró que están los elementos para “abrir formalmente la investigación” y, en respuesta a la defensa, recordó que esta instancia permite provisoriedad en el relato de los hechos y su encuadre jurídico.

En cambio, no aceptó el plazo solicitado por la fiscalía de hasta dos años al rechazar su complejidad, coincidiendo con la defensa que falta poco para concluir y la encuadró en un trámite regular, que -con la prórroga- tendrá ocho meses para su finalización.