Tentación irresistible

En un mundo mejor, gobernadores provinciales, caciques partidarios, sindicalistas, lobbistas empresarios y los representantes del campo reaccionarían, ante una crisis política grave de desenlace incierto, moderando sus reclamos económicos, brindando así al gobierno una oportunidad para recuperarse de las heridas provocadas por sus conflictos internos. Se comportarían así por entender que los problemas del Poder Ejecutivo podrían perjudicar a todos. En el mundo como efectivamente es, empero, virtualmente nadie en ninguna parte actúa de este modo, de suerte que era previsible que no bien el ministro de Economía José Luis Machinea enviara al Congreso el proyecto del presupuesto 2001 distintos grupos, encabezados por diversas facciones de la Alianza, se pondrían a exigir cambios.

Demás está decir que todos se oponen a algunos de los recortes propuestos aunque, claro está, discrepan sobre cuáles serían a su juicio los más nocivos, de modo que durante las próximas semanas, acaso meses, asistiremos a una serie sin duda agitada de intercambios apasionados protagonizada por políticos y otros decididos a impresionar a la ciudadanía con su voluntad de defender los intereses ya del «pueblo» o de un sector, ya de una región o provincia determinada. Machinea ha dicho no querer «que toquen nada», señalando que «si alguien quiere aumentar un gasto tiene que explicar de dónde sacamos los recursos», pero a esta altura sabrá muy bien que ningún político que se aprecie estaría dispuesto a privarse de las posibilidades que le depararía una larga lucha en torno del presupuesto nacional. También comprenderá que el interés por el eventual origen de los fondos públicos será escaso en comparación con aquél por la forma de gastarlos.

Aunque los dirigentes opositores, además de muchos radicales y frepasistas, se han convencido de que el presupuesto proyectado por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa es muy pero muy duro por suponer un «ajuste» de 700 millones de pesos, la verdad es que se basa en previsiones bastante optimistas en cuanto a la evolución futura de la economía. Según el gobierno, en el año 2001 el país disfrutará de una tasa de crecimiento del «3,7 por ciento», cifra que según muchos especialistas privados es excesiva. De tener razón éstos, la recaudación impositiva será menor que la esperada y el déficit por lo tanto mayor, lo cual obligaría a las autoridades a implementar un ajuste aún más severo poco después. Por supuesto, también es factible que la economía nos sorprenda creciendo a un ritmo superior al previsto, pero esto dependería en buena medida de las fortunas políticas de un gobierno que según parece aún no ha adquirido su forma definitiva. Para colmo, de resultar incapaz el gobierno de conseguir que el Congreso apruebe una versión poco cambiada del presupuesto, la pérdida de autoridad así supuesta tendría repercusiones muy negativas en «los mercados» y, como resultado, en el estado de la economía.

A pesar de la agresividad que han estado manifestando los gobernadores peronistas y ciertos legisladores presuntamente oficialistas, la mayoría de los dirigentes políticos parece comprender que a nadie le convendría que la crisis económica se agravara todavía más, razón por la cual las declaraciones formuladas en público no necesariamente reflejan lo que realmente piensan los dirigentes. Sin embargo, por ser la política una actividad competitiva, si por alguna razón el gobierno decide ceder ante las presiones de un sector determinado, le será sumamente difícil impedir que otros exijan un grado de «flexibilidad» similar. Por desgracia, en el gobierno son muchos los funcionarios que parecen creer que a raíz del portazo de Carlos «Chacho» Alvarez, al presidente De la Rúa le corresponde apaciguar al Frepaso haciendo gala de su sensibilidad social revisando ciertos recortes planeados, lo cual sería positivo si no fuera por el hecho de que las deficiencias en los servicios sociales tienen más que ver con la politización de las entidades creadas para brindarlos que con los montos invertidos, de manera que entregarlas a frepasistas con la esperanza de mantenerlos en la coalición gobernante no contribuiría en absoluto a mejorar la situación de los integrantes más vulnerables de la comunidad nacional.