Tiene fecha la definición judicial del cerro Catedral
Los jueces del STJ ya comenzaron a votar en la causa que dirá si la medida cautelar que frena la prórroga sigue firme.
El 16 de abril es la fecha de mínima para que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro defina el dilema por la prórroga de la concesión del cerro Catedral hasta 2056 aunque el plazo podría extenderse unos días si hay un pedido de prórroga de la juez subrogante Sandra Filipuzzi.
El contrato para prorrogar la concesión del centro de esquí de Bariloche de manera anticipada y por 30 años a la empresa de la familia Trappa Catedral Alta Patagonia fue impulsado por el intendente Gustavo Gennuso y autorizado por el Concejo Municipal en abril del año pasado. Pero de inmediato la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial impuso una medida cautelar, haciendo lugar a un planteo del Frente para la Victoria, que frenó la firma del convenio.
El caso llegó al STJ en agosto y un mes más tarde se expidió en contra de la medida cautelar el procurador general Jorge Crespo. Luego vino la recusación del juez Enrique Mansilla por parte del demandante, el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV), y recién con la designación de Filipuzzi como subrogante comenzaron a correr los plazos formales.
Desde el Poder Judicial informaron a “Río Negro” que el expediente está “dentro de los plazos previstos” y confirmaron que en este momento, está bajo análisis del cuarto juez que debe dictaminar.
Ya emitieron su voto, por orden de sorteo, los jueces Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y ahora está en manos de Sergio Barotto.
Después entra en vigencia el plazo establecido para Filipuzzi que por ser subrogante tiene más días para analizar el tema y debido a que la magistrada es también presidenta del Tribunal Electoral Provincial y está abocada a las elecciones del 7 de abril, podría pedir una prórroga para definir su voto.
Los jueces del máximo tribunal deben dirimir si se ratifica la medida cautelar que paralizó la firma del contrato entre Gennuso y Capsa, o si se la hace caer.
La resolución judicial es esperada por la empresa, el sector privado vinculado al centro de esquí y el gobierno porque se pone en juego un compromiso de inversión de 22 millones de dólares en los próximo 5 años, para generar mayores espacios con nieve artificial, modificar las pistas y las condiciones de seguridad e incrementar la capacidad de ascenso con una nueva distribución de los medios de elevación a la montaña.
Con el contrato, la empresa concesionaria también dispone de tierras para generar un desarrollo urbanístico en el centro de esquí, cuyo lugar de intervención no está definido con certeza en el convenio. Este punto es uno de los más cuestionados por grupos de autoconvocados y sectores opositores a la iniciativa que se movilizaron durante el primer trimestre de 2018 hasta que finalmente por mayoría y con el rechazo del FpV, los concejales de Juntos y Pro avalaron la extensión del contrato.
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