Tomada tomado
Por ser el mercado piquetero tan competitivo como cualquier otro, siempre ha sido de prever que tarde o temprano algunos grupos optarían por violar la ley de manera tan flagrante que hasta el gobierno más dispuesto a hacer gala de su sensibilidad social cediendo ante sus reclamos se viera constreñido a recordarles que no están por encima de la ley. Según parece, este momento llegó el miércoles, cuando a miembros de fracciones que se presumen ultraizquierdistas se les ocurrió mantener encerrado en sus oficinas al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante más de ocho horas, actitud que su colega, el titular del Interior Aníbal Fernández, calificó de “pendenciera y prepotente”. Ante tamaña provocación, el presidente Néstor Kirchner ordenó a su subordinado formular una denuncia contra los responsables por “privación ilegítima de la libertad”, pero aunque la Justicia los condenara a pasar un tiempo entre rejas esto no necesariamente querría decir que, luego de haber tolerado durante años los atropellos perpetrados por bandas piqueteras que se han habituado a cortar rutas y extorsionar a los gerentes de supermercados con virtual impunidad, las autoridades finalmente hayan decidido obligarlas a respetar la ley. Asimismo, los líderes de estos grupos entienden muy bien que les conviene que algunos militantes estén en la cárcel, porque la existencia de “mártires” les da un pretexto más para organizar manifestaciones callejeras en contra del “modelo” socioeconómico.
Son varias las razones por las que todos los gobiernos de los años últimos han preferido intentar convivir con los piqueteros, tratándolos como interlocutores válidos, si bien poco ortodoxos, y minimizando su desprecio evidente por los derechos ajenos achacándolo a su condición de “víctimas”. Una consiste en el miedo a que “reprimir”, o sea, insistir en aplicar la ley con rigor, les resultara contraproducente por la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y por el activismo de quienes no vacilarían un instante en acusar al presidente de turno de estar detrás de cualquier hecho luctuoso. Otra está vinculada con la conciencia de que el fenómeno ha surgido en respuesta a la incapacidad evidente del Estado para hacer frente a las consecuencias de la desocupación masiva: no se trata solamente de la escasez de recursos financieros, sino también de que el Estado “estúpido” -para citar al jefe de Gobierno- que tenemos sencillamente no está en condiciones de atenuar los problemas sociales de suerte que la decisión de pedirles a los caciques piqueteros ayudar a repartir la ayuda disponible puede considerarse una forma sui géneris de privatización. Una tercera razón es que muchos políticos se saben capaces de sumar a los piqueteros a sus propias huestes clientelistas, tarea que no les resulta demasiado difícil porque, al fin y al cabo, comparten la misma mentalidad de quienes dan por descontado que la mejor manera de conseguir beneficios económicos, por humildes que éstos fueran, consiste en intimidar a los demás.
Aunque puede argüirse que el manejo del fenómeno piquetero por los gobiernos de los presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y, últimamente, Kirchner, ha sido exitoso por habernos ahorrado males mayores, la verdad es que la paz social relativa de que hemos disfrutado a pesar de la implosión económica se debe más que nada a la voluntad mayoritaria de seguir soportando una situación que es incompatible con el imperio de la ley, por entender que modificarla requeriría “reformas estructurales” muy exigentes. La proliferación de movimientos piqueteros de diversos signos ideológicos que no tardan en verse incorporados al sistema político efectivamente existente no es sino otro síntoma de resignación pasiva frente a la crisis que no sólo nos ha depauperado, sino que también parece habernos privado del vigor necesario para procurar superarla. Así las cosas, a menos que un gobierno por fin opte por hacer algo más que tratar de apaciguar a los piqueteros comprándolos o “negociando” con ellos, serán cada vez más las personas para las que “la lucha” callejera sea un estilo de vida y cada vez más las fracciones que con el propósito de destacarse protagonicen incidentes mediáticos violentos como el que por un día convirtió al ministro de Trabajo Tomada en un secuestrado más.
