Tras las imputaciones, hay crisis en el Concejo de Villa La Angostura
El presidente del Deliberante desplazó a la secretaria parlamentaria, que había aportado un testimonio clave para sostener la acusación de la fiscalía contra los 7 concejales por desobedecer una orden de un juez.
Los concejales sesionaron para suspender al Secretario de Hacienda a pesar de que la Justicia lo prohibió. Archivo
El presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, resolvió remover a la secretaria parlamentaria Magalí Díaz, sin dar explicaciones oficialmente.
Solo mencionó en la Resolución 09/2021, que firmó el 17 de febrero último, que la decisión de desafectarla de su puesto de trabajo la tomaba en función de las facultades que tiene de “nombrar y remover al secretario parlamentario y supervisar el cumplimiento de sus funciones”.
El desplazamiento se ejecutó pocos días después de que los 7 concejales fueran imputados de haber cometido, según la fiscalía, el delito de desobediencia a una orden judicial.
El juez en lo procesal administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había ordenado a los concejales suspender la sesión del 15 de enero pasado y el proceso de juicio político al entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, por supuesto mal desempeño. Brito había presentado una demanda en ese juzgado en diciembre pasado.
Los concejales no acataron y sesionaron. La sala juzgadora declaró culpable a Brito de las irregularidades administrativas que se le habían atribuido y lo removió de su cargo.
Los concejales negaron haber tomado conocimiento de esa orden judicial. Sin embargo, el fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya formularon los cargos contra los 7 concejales el viernes de la semana pasada por el delito de desobediencia a una orden emitida por un juez. A Tressens Ripoll le atribuyeron además haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una de las pruebas que la fiscalía presentó ante el juez de garantías Nazareno Eulogio, para sostener la acusación fue la declaración de la secretaria parlamentaria, que reveló que Tressens Ripoll estaba en conocimiento de la orden del juez.
Díaz declaró, según la fiscalía, que la noche del 14 de enero del 2021 había conversado con Tressens Ripoll, que “le refirió que iban a sesionar igual y la citó para el 15 de enero”.
“Y ante la negativa de Díaz de participar de la sesión del 15 de enero por entender que iba en contra de la orden judicial, Tressens Ripoll le solicitó que concurriera a las 7 de la mañana para mostrarle cómo debía hacer con el sistema de grabación requiriéndole que entrara oculta y que no recibiera nada antes de ingresar al Concejo”, afirmó el fiscal adjunto.
“No guarda relación con el tema judicial” el desplazamiento de Díaz, aseguró el presidente del Concejo. Concejales consultados por este medio optaron por mantener silencio.
“Yo hice las cosas bien, así que estoy tranquila”, afirmó Díaz.
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