Tres años de prisión para un abogado de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE- Un abogado de esta ciudad fue condenado a tres años de prisión por quedarse con el dinero de las indemnizaciones laborales que tramitó y cobró en favor de una pareja de ancianos.

La Cámara Primera calificó como estafa la conducta de Osvaldo Gallardo, el letrado que según quedó probado en el juicio oral «abusó de la confianza» depositada por sus clientes y los engañó al proponerles intermediar en el cobro de los 16.000 pesos debían cobrar.

La pena de prisión es de ejecución condicional. Se sumará a los seis años de inhabilitación para ejercer la abogacía y la obligación de realizar durante dos años «trabajos comunitarios no remunerados» en el municipio.

Al declarar frente al tribunal, Gallardo admitió que entre junio y noviembre de 1996 había cobrado cinco cuotas de 3.200 pesos por cuenta de Luparcio Barrera e Ilda Rivera, y que luego les entregó el dinero, personalmente y también mediante un tercero.

También dijo que no les pidió recibo en cada rendición sino al cabo de los seis pagos y por el monto total. Sin embargo durante la instrucción judicial no exhibió el comprobante y lo hizo recién en la audiencia oral, alegando que se le había «traspapelado». Luego el documento le fue presentado a Barrera por los jueces, ante quienes desconoció el texto y dudó sobre su firma. Según la víctima de la estafa, era posible que Gallardo le haya hecho firmar un papel en blanco pero no el recibo.

Esto fue tomado como una prueba incontrastable de la responsabilidad del abogado. Según lo observado por el juez Marcelo Barrutia (con la adhesión de Carlos Rozanski y Alfonso Pavone) «nadie puede creer seriamente» que un abogado entregue sumas importantes sin hacer firmar recibos. También encontró «sorprendentemente curioso» el hallazgo del recibo en fecha muy posterior al inicio del juicio, cuando en instrucción había declarado que «no recordaba en forma exacta» si lo había hecho firmar.

El tribunal fue severo también al descalificar a los tres testigos propuestos por el imputado, quienes dijeron haber presenciado en distintos momentos cómo Gallardo les entregaba dinero a Rivera y Barrera.

Contra lo manifestado por la abogada defensora, María Murúa, los jueces entendieron que fueron tan víctimas de la estafa el matrimonio de ancianos como el «señor Rosenbuch» quien, en su calidad de empleador pagó los 16 mil pesos por la desvinculación laboral y «ahora soporta un proceso laboral por ejecución de convenio».

«Los testigos mintieron», según los jueces

El juicio no sólo le deparó una suerte amarga a Gallardo sino también a tres de sus allegados, quienes no convencieron al tribunal con sus declaraciones y terminaron imputados por falso testimonio.

Se trata de Omar Rodríguez, Carlos Linares y Jaime Frydman, cuyos testimonios nadie requirió en la etapa de instrucción, pero fueron propuestos por la defensa en el juicio.

Los tres aseguraron haber presenciado en distintas situaciones cómo el abogado les entregaba plata al matrimonio Barrera-Rivera. Sin embargo, para la Cámara, en el juicio «quedó probado todo lo contrario» y por estimaron que «los testigos señalados mintieron» y corresponde pedir a fiscalía que investigue si cometieron delito.

El caso también recae sobre la delegación local de la subsecretaría de Trabajo y a su asesor legal, Pedro Zabaleta.