Un asunto privado

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Puesto que cuando en un intento de apaciguar a los muchos ciudadanos que reclamaban una mayor transparencia política el presidente Eduardo Duhalde decretó que los partidos se verían obligados a celebrar internas abiertas y simultáneas, distintos representantes del establishment político se pusieron a protestar contra la iniciativa, es lógico que la decisión de la jueza María Servini de Cubría de ordenar su suspensión haya merecido la plena aprobación de peronistas, radicales y otros. Es que desde el punto de vista de la mayoría de los políticos profesionales siempre es preferible dejar que los distintos partidos organicen sus internas según sus propias reglas y tradiciones sin la intervención engorrosa de los impredecibles ciudadanos comunes. Tal actitud es comprensible, pero esto no quiere decir que a la Argentina le convenga conformarse con el sistema existente, resistiéndose a reformarlo por motivos supuestamente jurídicos. Después de todo, no cabe duda de que la crisis de representatividad que tantos han denunciado es auténtica y que se debe en gran medida a la convicción de que los partidos políticos operan como clubes cerrados dominados por personajes resueltos a mantener a raya a los de afuera.

Por ser la Justicia intrínsecamente conservadora, a los deseosos de frustrar a los decididos a abrir las internas no les fue difícil encontrar pretextos jurídicos respetables. Además, el interés del gobierno duhaldista en promover las internas abiertas se redujo en cuanto se dio cuenta de que en vista de la escasa popularidad de su precandidato favorito, José Manuel de la Sota, y de la negativa a postularse del gobernador santafesino Carlos Reutemann, ya no le resultarían tan provechosas como había previsto, de suerte que su decisión de apelar contra el fallo de la jueza puede considerarse meramente simbólica. En cuanto a los demás precandidatos peronistas como Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner, su actitud frente al problema es pragmática: de creer que una interna abierta los favorecería, la estarían reivindicando en términos firmemente principistas, pero por sospechar que sus rivales podrían cometer fraude, los dos últimos no han disimulado que bien podrían optar por probar suerte por fuera del aparato del PJ, lo cual, desde luego, supondría una multitud de dolores de cabeza legales a quienes quieren que todo el proceso electoral se mantenga dentro de un marco jurídico claro.

Además de servir para eliminar el riesgo de sorpresas atribuibles a la participación de no afiliados -en un momento se hablaba mucho del hipotético peligro de que «la izquierda» se las arreglara para apropiarse de la interna radical e incluso de la peronista-, el fallo de la jueza Servini de Cubría ha confirmado, si aún fuera necesario hacerlo, que a nuestra clase política le es casi imposible formular un conjunto de reglas que todos se comprometan a respetar. Luego de haber supuesto durante buena parte del año que antes de celebrarse las elecciones generales los partidos elegirían a sus respectivos candidatos en primarias abiertas, la ciudadanía se ve frente a un panorama idéntico a aquel que había motivado tantas protestas callejeras que Duhalde se sintió constreñido a intentar mejorarlo. Sería difícil exagerar lo negativa que es la sensación de arbitrariedad y de improvisación oportunista que se ha visto potenciada por una decisión de volver a foja cero que a juicio de muchos se habrá debido más a las presiones políticas que a factores jurídicos. Asimismo, el que, una vez más, la Justicia haya intervenido a fin de bloquear una innovación que había impulsado el Poder Ejecutivo no puede sino ayudar a consolidar la impresión de que el país se ha paralizado debido a un conflicto de poderes tan confuso que a menudo resulta incomprensible. Al fin y al cabo, a nadie se le ocurriría suponer que a diferencia de sus homólogos de otras latitudes nuestros dirigentes se destaquen por su respeto sin límites por la ley, mientras que la sospecha, razonable o no, de que los fallos que periódicamente sirven para hacer naufragar un proyecto oficial no siempre se inspiren en una interpretación objetiva de la ley sino más bien en maniobras sectoriales, está en la raíz del desprestigio tanto de los políticos como de los jueces.