Un asunto turbio
No se equivocan los voceros del Ministerio de Economía cuando dicen que “es primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como la acuñación de moneda”, ya que es insólito que ni el Estado ni una empresa nacional se hayan encontrado en condiciones de cumplir una tarea tan fundamental, pero la verdad es que a esta altura a muy pocos se les ocurriría atribuir la decisión de intervenir y, según parece, expropiar la ex Ciccone Calcográfica al interés tardío del gobierno en encargarse de la producción de billetes para no tener que depender más de los brasileños y los chilenos. A juicio de todos los opositores y, es de suponer, de muchos oficialistas también, se trata de una maniobra emprendida con el propósito de proteger al vicepresidente Amado Boudou, funcionario cuyos presuntos vínculos con una empresa que parece no tener dueños conocidos han motivado una investigación judicial que dista de haber culminado. Por lo demás, no cabe duda de que, con razón o sin ella, en opinión de muchos la ex-Ciccone es uno de los símbolos máximos de la corrupción que ha prosperado tanto en el transcurso de la gestión de los Kirchner. Según los convencidos de que lo que el gobierno tiene en mente es procurar asegurar que la causa judicial protagonizada por Boudou no llegue a ninguna parte, la idea es que, con la ex-Ciccone en manos del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, resulte más difícil encontrar pruebas de que su antecesor en el cargo se haya involucrado en negocios incompatibles con la función pública. Así y todo, hasta ahora cuando menos, la intervención de la ex-Ciccone que se anunció el martes pasado sólo ha servido para llamar la atención sobre las sospechas de los que, como el peronista disidente Eduardo Amadeo, creen que el gobierno está intentando “encubrir un millonario caso de corrupción”. Tales sospechas tienen que ver no sólo con el eventual papel de Boudou en los asuntos de la ex-Ciccone sino también con la imposibilidad aparente de averiguar quiénes son los dueños auténticos de la empresa. Según se informa, incluyen a los socios de un grupo enigmático, es de suponer un fondo de inversión de la clase que suele operar desde un paraíso fiscal caribeño, que se llama The Old Fund, otro holandés que dejó de existir formalmente algunos meses atrás, uno supuestamente uruguayo y, huelga decirlo, financistas conocidos como Raúl Moneta, un hombre que se hizo célebre en la década de los noventa y que, entre otras cosas, enfrenta un procesamiento por tentativa de extorsión a accionistas de Cablevisión. De expropiar la ex-Ciccone, como se prevé, el gobierno necesitaría saber la identidad de las personas que cobrarían lo que al Estado le correspondería pagar, pero ya es evidente que por lo menos algunos de los empresarios relacionados con la imprenta prefieren el anonimato a la figuración pública. Por cierto, la empresa que, debidamente estatizada, podría encargarse de la emisión de los muchos millones de billetes nuevos que el país precisará, no es bajo ningún concepto un dechado de transparencia. Al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le será fácil en absoluto desactivar esta bomba de tiempo que le ha entregado el vicepresidente. Aun cuando resulte que los personajes, como Moneta, que se ven involucrados en los negocios a primera vista turbios de la ex-Ciccone, no han violado la ley, las dudas persistirán. En cuanto a Boudou mismo, el que se haya esforzado tanto por negar, a pesar de toda la evidencia, ser amigo del empresario marplatense Alejandro Vandenbroele y que por lo demás forzara la renuncia del entonces procurador general de la Nación, el peronista de izquierda veterano Esteban Righi, formulando acusaciones en su contra que no convencieron a nadie, ya lo ha trasformado en una especie de zombi político cuya mera presencia ha contribuido a desprestigiar al gobierno. Según parece, Cristina ha decidido continuar defendiendo a Boudou –al fin y al cabo, nadie ignora que lo eligió personalmente para que fuera su compañero de fórmula electoral–, aunque se da el riesgo de que se produzcan más revelaciones escandalosas sobre su carrera como un representante típico de la “burguesía nacional” que podría sentirse obligada a dejarlo caer.
