Un escándalo mayor

Con cierta frecuencia, la opinión pública se deja agitar por el «escándalo» de las jubilaciones de privilegio, protestando no meramente contra los abusos más flagrantes sino también contra toda excepción a las reglas, como si le fuera evidente que ningún sector debería percibir más que otro aun cuando se tratara de uno conformado por quienes realmente han brindado servicios valiosos a la comunidad o que han aportado fielmente a las cajas jubilatorias correspondientes, pero otro escándalo, de consecuencias muchísimo más graves, raramente ocasiona indignación alguna. Sin embargo, sucede que por lo menos el 37% de la población por ahora activa, una proporción que propende a aumentar, no tendrá derecho a percibir nada por no haber aportado un solo centavo al sistema. Aunque es poco probable que todos queden en la indigencia, los costos para la sociedad de darles lo suficiente como para sobrevivir serán muy altos y, huelga decirlo, muchos experimentarán una caída dramática en su nivel de vida.

Los motivos de este desastre preanunciado son bien conocidos. Al difundirse cada vez más el trabajo «en negro», está disminuyendo con rapidez la cantidad de personas que aportan al esquema jubilatorio a través de las empresas que las emplean o, en el caso de los autónomos, de forma personal. Aunque todos los involucrados dicen no estar en condiciones de contribuir, en muchas oportunidades la extrema pobreza, la precariedad empresarial o la desocupación son factores ajenos que sólo sirven de pretextos. En un país dominado por la cultura de la evasión, distinguir a los genuinamente incapaces de aportar de los meramente reacios a hacerlo es casi imposible, pero es evidente que entre los evasores abundan los que en otro marco cultural no pensarían en eludir las obligaciones de este tipo.

De todos modos, atribuir la situación actual a «la inmoralidad» o a la «irresponsabilidad» o, si se prefiere, a la miseria generalizada, no es demasiado útil. La causa básica del embrollo jubilatorio consiste en la extrema ineficacia del Estado nacional, el cual no ha sabido ni registrar a todas las personas que realizan actividades económicas, más sus dependientes, ni obligarlas a abonar los montos necesarios para que sea viable el sistema previsional. He aquí una razón contundente para la cual la tantas veces anunciada «reforma del Estado» ha de ser una prioridad del gobierno. Sin una administración pública que esté en condiciones de desempeñar sus funciones fundamentales, de las cuales una consiste en proteger a los miembros de la comunidad no sólo contra las vicisitudes menos agradables de la vida que nadie puede prever, sino también contra su propia irresponsabilidad y miopía, no habrá posibilidad alguna de impedir que el destino de las próximas generaciones de ancianos sea aún más sombrío que el de la actual.

La Argentina dista de ser el único país cuyo sistema previsional está en crisis. También lo está en Italia y pronto lo estará en España y en varios otros países de la Unión Europea que no se han preocupado demasiado por el financiamiento futuro de sus esquemas. Lo que hace diferente el caso argentino es que aquí lo que impacta más no es la falta de recursos ni el saber que sistemas ideados hace un siglo, cuando la cantidad relativa de jubilados era pequeña, no pueden mantenerse muchos años más a pesar de que la mayoría de los países sea incomparablemente más rica, sino la imposibilidad aparente de averiguar cuántas personas no aportan, quiénes son y el porqué de su actitud. Desde el punto de vista de las autoridades, medio país constituye una nebulosa que no están en condiciones de gobernar porque no cuentan con los datos necesarios ni con los instrumentos que les permitirían conseguirlos. Para avanzar, pues, tendrá que dotarse de los medios administrativos imprescindibles, reformando -en verdad, recreando- un Estado que ha sido arruinado por políticos clientelistas que, al subordinar todo a sus propios intereses corporativos, han dejado desamparados a millones de ciudadanos.