Un juego peligroso

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

El tiempo, ¿qué valor tiene? El de la Justicia se mide en la agilidad para resolver las causas y en el dinero insumido en ello. El tiempo de una Administración Pública no sólo es oneroso en términos económicos. Dilapidarlo implica una pérdida de chance para el desarrollo, para la eficiencia, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La escalada de improperios entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Roca, Martín Soria, insume ya demasiado tiempo. Tiempo que podría aprovecharse para cuestiones más productivas para el conjunto. Este clima que defrauda la expectativa que muchos depositan en sus gobernantes creció luego de que se conociera en detalle el contenido de los escritos aportados por Weretilneck en la causa iniciada de oficio después de que acusara al intendente Soria de conductas ilícitas. El juez Favio Igoldi tuvo que repreguntar dos veces en procura de precisiones. Todavía no ha formulado imputaciones ni ha dado a conocer en forma concluyente qué opina sobre el desaguisado. Algo lo ocupa, aunque no sea lo que el gobernador pretendía de la causa, como el mandatario admitió apenado. Diez o doce de sus funcionarios han sido citados a declarar en indagatoria por una conducta vinculada con el ejercicio de funciones en el Ejecutivo. Todo es prematuro aún. Pero Weretilneck camina sobre el filo de un bumerán político, al punto de que varios de sus colaboradores estiman que le hubiera convenido invocar un exabrupto al calor de la política, pedir disculpas y dejar las cosas como estaban. La dificultad para hacerlo fue que el gobernador no formuló las acusaciones verbalmente sino por escrito, a través de un comunicado que hizo llegar a los medios de prensa, y luego de que el intendente criticara durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Roca lo que entendió como una “parálisis” del Estado provincial. No puede invocar que sus palabras fueron sacadas de contexto. Aun con la provisoriedad que impone la falta de resolución judicial, dos son los temas que más inquietan del entredicho que ha calentado la política de la provincia hasta llevarla a punto de hervor: • El presunto pago indebido del seguro a los hijos del asesinado gobernador Carlos Soria. El juez parece haber avanzado en este punto. Pero hasta que no tome las indagatorias al ministro Alejandro Palmieri, al exvicepresidente de Horizonte SA, al asesor legal del IAPS y a varios funcionarios más no se conocerá qué delito ve la fiscal y qué conductas a priori considera ilícitas. Dos serían los puntos en análisis: haber definido como accidente un homicidio y la presunta falta de formalidades en la contratación del seguro facultativo. Es probable que el gobernador tuviera presentes estas dos cuestiones cuando habló de Martín Soria. Pero su conducta sugiere una personalidad y un estilo político particulares. Si como jefe del Ejecutivo vio algo mal en el trámite del pago del seguro, su obligación era exigir a sus funcionarios que lo subsanaran, en lugar de “agendarlo” para usarlo mucho después como arma política en contra de un exaliado a quien da ahora el trato de un adversario. No deja de llamar la atención que Horizonte SA no se haya definido como perjudicada. Y que la Superintendencia de Seguros nacional no objetara ninguno de los balances trimestrales de la aseguradora. La única objeción que hubo fue la del gobernador. Será necesario esperar para saber si el juez incorpora la suya. • El presunto boicot del gobernador a que se instale en Roca una refinería de petróleo. Es notorio que el gobernador declaró al juez bajo juramento que la pretensión de Soria de que se instalara la refinería de Polipetrol “no aparejaba ninguna ganancia para la provincia y la obligaba a entregar 3.000 m³ de petróleo por anticipado constituyendo un claro perjuicio económico para el Estado rionegrino”. En lugar de eso, Polipetrol afirma que desde el comienzo pidió sólo que se le garantizara la provisión de crudo “prometiendo el pago anticipado”. Una de las siguientes opciones es cierta: ¿se confundió el gobernador, por no ser especialista en el tema? ¿Le mintió al juez? ¿O mintió la empresa? Si se confirmara que el mandatario ha puesto trabas a que se instale en Roca una industria sólo por evitar que el intendente de la ciudad se adjudicara un mérito, el saldo para el gobernador puede ser ruinoso. La rivalidad que alguna vez distanció a Cipolletti y a Roca –las dos principales ciudades del Alto Valle– ha quedado, por fortuna, en el pasado. Hoy son innumerables las personas y actividades que las vinculan en una actitud colaborativa. Pero a nadie conviene que los viejos fantasmas de la división se despierten. Mucho menos al mandatario. Si su figura quedara asociada a la búsqueda de un perjuicio económico, podría acarrearle un costo electoral importante en caso de que aspire a liderar una fórmula para la gobernación. ¿Qué roquense, del partido que fuere, votaría por alguien que ha impedido la instalación de una industria capaz de generar empleo y multiplicar actividad en comercio y empresas de servicios y de transporte? Las alertas del localismo volvieron a encenderse el viernes, cuando autoridades del Banco Hipotecario llegaron a Bariloche para estudiar el mercado con vistas a instalar una nueva sede en la provincia, puesto que hasta el momento la única en Río Negro funciona en la capital Viedma. Los directivos bancarios ratificaron su interés en que Roca fuera la sede futura y Pichetto y Weretilneck impulsaron la pronta ubicación en Bariloche. En tiempos de fuerte personalismo, la dirigencia debería ser más cuidadosa en relación con cuestiones sensibles. Ya es un hecho que la obra pública se liga estrechamente a la figura del político que la “consiguió”. No casualmente, la firma del senador Pichetto aparece en todas las actas de apertura de licitación de las rutas nacionales en Río Negro. Y, días atrás, una crítica liviana a la calidad de la obra de la Ruta 23 motivó que, enseguida, un intendente de la Región Sur se desdijera públicamente, tal vez temiendo que su localidad quedara fuera del listado de las beneficiadas por el poder. También la asistencia a sectores pobres suele estar unida a la gestión personal de políticos. Esta asociación indebida genera fuerte daño a la democracia, al usar dinero de todos en favor de una campaña electoral encubierta y perversa. La falta de calidad de gestión implica pérdida de chance para el desarrollo. Pero incentivar desencuentros entre rionegrinos es mucho peor. Implica agitar la amenaza de que la provincia –a la que tanto le costó integrar regiones con naturaleza, historia y actividades económicas diversas– vuelva a dividir fuerzas para tironear de los jirones de la pobreza y el atraso, en lugar de aspirar a la colaboración para un crecimiento armónico e integrado.

RÍO NEGRO