Un pacto de crecimiento para Estados Unidos

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OPINIÓN

Una vez más Estados Unidos tendrá un gobierno dividido en el que los demócratas controlen la Casa Blanca y los republicanos sean mayoría en las dos cámaras del Congreso. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que los dos últimos años de la presidencia de Barack Obama tengan que estar marcados por la paralización y las recriminaciones mutuas. El deseo de cambio de los votantes y el temor a que continúe el crecimiento lento, que desembocaron en la victoria de los republicanos en las elecciones intermedias del Congreso de esta semana, sin duda propiciarán una discusión sobre nuevas opciones de política diseñadas para incrementar el crecimiento, el empleo y los ingresos. Por supuesto, la experiencia de Estados Unidos con un gobierno dividido puede crear pesimismo en el público sobre la capacidad de los dos partidos de llegar a un acuerdo. No obstante, como México demostró hace poco cuando sus tres partidos principales acordaron el Pacto por México, orientado al mercado, incluso los partidos políticos más encarnizadamente opuestos pueden superar sus diferencias para adoptar reformas que son necesarias. Es larga la lista de medidas políticas potenciales que podrían beneficiar a Estados Unidos -la liberalización comercial, una amplia reforma regulatoria, así como reformas educativas y migratorias, entre otras-. Sin embargo, sólo dos políticas son prometedoras en particular para un probable “pacto por Estados Unidos”: el gasto federal en infraestructura y la reforma del impuesto sobre sociedades. La promulgación de estas dos reformas generaría ventajas para cada parte -y para las dos en conjunto-. No obstante, un consenso bipartidista de esa naturaleza requeriría eliminar los prejuicios ideológicos de la derecha y la izquierda, aunque sea de forma temporal. Entre la izquierda, la manía por los estímulos keynesianos refleja una mala comprensión de la disponibilidad de las medidas (proyectos listos para su aplicación) y de su conveniencia (si podrán cambiar sustancialmente las expectativas de las familias y empresas). En efecto, para contrarrestar el pensamiento forjado en la reciente crisis financiera, las medidas de gasto tendrán que ser de larga duración si se desea aumentar las expectativas sobre el crecimiento futuro y por ende estimular la inversión actual y las contrataciones. Por su parte, la derecha debe replantearse su obsesión con los recortes fiscales temporales para los hogares o empresas. El impacto de esos recortes en la demanda agregada casi siempre es modesto y no son adecuados para cambiar las expectativas de recuperación y crecimiento en la desaceleración posterior a la crisis financiera. La política complica más las cosas porque el enfoque exclusivamente de corto plazo en el impacto fiscal del gasto y los ingresos se opone a las políticas cuyos beneficios se acumulan con el tiempo. Si bien esos beneficios pueden no parecer “estímulos”, su efecto creciente es mejor para el objetivo de aumentar las expectativas de demanda y crecimiento futuros. Pero las preocupaciones de personas serias, ya sean de izquierda o de derecha, no son tan distintas. ¿Será suficiente el crecimiento económico para impulsar un aumento de los ingresos y el empleo? ¿Se podrán eliminar las barreras que impiden a muchos estadounidenses recuperarse y alcanzar una prosperidad futura? El gasto federal en infraestructura y la reforma del impuesto de sociedades deberían ser los primeros asuntos en la lista de políticas con el potencial de conducir a un acuerdo bipartidista, porque prometen un aumento significativo a largo plazo de la productividad, los ingresos y el empleo y, al mismo tiempo, respaldan el crecimiento a corto plazo. Por ejemplo, un compromiso para crear un programa de gasto federal multianual en infraestructura podría incrementar la demanda, la inversión privada y el empleo, aunque los proyectos no estén disponibles de inmediato. Además, un programa como ése, que normalmente propondrían los demócratas, puede y debe diseñarse para garantizar también el apoyo de los republicanos. Con ese fin, un programa de infraestructura debería dar a los estados y localidades un papel central en la elección de los proyectos que se deben financiar, y estas unidades de gobierno deben tener un interés en ellos mediante el financiamiento de una parte de los costos. Los encargados del diseño de políticas también deben considerar seriamente reformas regulatorias para reducir los costos de los proyectos nuevos y garantizar que se completen a tiempo. Un programa de infraestructura orientado así -en lugar de un conjunto de proyectos listos para su aplicación con objetivos políticos- debería poder atraer el apoyo de los conservadores. Además, los proyectos de infraestructura con financiamiento federal bien hechos deberían traer beneficios sustanciales para los estadounidenses de menores ingresos. Por ejemplo, una mejor infraestructura de transportes no sólo crearía empleos sino que reduciría los costos de ir a trabajar. La reforma del impuesto de sociedades también ofrece una oportunidad para llegar a un acuerdo entre los dos partidos, sobre todo tomando en cuenta que Obama y los líderes en el Congreso de ambos grupos han expresado su interés. Si bien los beneficios de una reforma fiscal fundamental -digamos, sustituir el sistema fiscal actual con un impuesto al consumo de aplicación amplia- son grandes, del orden de 0,5 a 1 punto porcentual por año de crecimiento económico durante una década, la reforma del impuesto de sociedades también impulsaría el crecimiento. Reducir la tasa del impuesto de sociedades de manera sustancial eliminaría las preferencias selectivas y aumentaría la base de ese impuesto y, al mismo tiempo, aumentaría tanto la inversión como los salarios de los trabajadores. Permitir que las empresas multinacionales repatríen sus ganancias en el extranjero sin pagar impuestos adicionales en Estados Unidos también favorecería la inversión y la creación de empleos en el país. Dado que en investigaciones recientes se demuestra que gran parte de la imposición sobre las sociedades recae en los trabajadores en forma de salarios más bajos, los demócratas deberían aceptar la reforma fiscal como medio para apoyar el crecimiento de los ingresos. Podría añadirse a esa reforma una ayuda adicional a los estadounidenses de bajos ingresos mediante el aumento del crédito del impuesto sobre la renta para los trabajadores solteros. En vista de sus objetivos de política, los conservadores deberían apoyar un programa bien concebido de infraestructura federal y los liberales deberían respaldar la reforma del impuesto de sociedades. No obstante, los cambios en el proceso político podrían ayudar a hacer que las cosas avancen. Debido a que los beneficios del gasto en infraestructura y la reforma fiscal no coinciden exactamente con el plazo presupuestal de cinco o diez años que se utiliza en Estados Unidos para medir los resultados fiscales, es esencial medir las ventajas de dichas políticas de forma más completa para obtener apoyo político. Además, cualquier aumento en el gasto en infraestructura o cualquier pérdida de ingresos a causa de la reforma fiscal se deberían contrarrestar en otras áreas. Por ejemplo, el crecimiento futuro de los beneficios de la seguridad social o las deducciones fiscales de los impuestos hipotecarios podrían reducirse para las personas más acaudaladas, como demuestran la indexación progresiva, propuesta por los conservadores en Estados Unidos, y el ajuste de las deducciones fiscales de los intereses hipotecarios en el Reino Unido, que se puso en marcha durante la administración Thatcher. Es claro que la economía es la principal preocupación de los estadounidenses. Sus dirigentes deben responder creando una agenda de políticas centradas en reanimar el crecimiento ahora y sostenerlo en el futuro. Sin embargo, eso sólo puede suceder si un número suficiente de legisladores de ambos partidos y el presidente dejan de lado sus objeciones intelectuales y políticas y llegan a los acuerdos de largo plazo que se necesitan para crear empleos y aumentar los salarios. Ha llegado el momento del “pacto por Estados Unidos”. (*) Decano de la Escuela de Negocios de Columbia. Expresidente del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de George W. Bush

GLENN HUBBARD (*) | Project Syndicate