Un paso adelante
La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que aprobó la Legislatura porteña es un avance significativo y llena un vacío legal.
Si bien la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que acaba de aprobar la Legislatura porteña a pesar de los disturbios callejeros que distintos grupos provocaron frente al edificio es llamativamente conservadora conforme a las normas del Primer Mundo, no cabe duda de que constituye un avance significante al llenar el virtual vacío legal antes existente, el cual podía atribuirse exclusivamente al temor de los políticos a enfrentarse con la ira previsible de la Iglesia Católica local. Aunque los extremistas religiosos intentaron, como es su costumbre, tergiversar el contenido del proyecto, proclamando a los gritos que el control de la natalidad equivale a aborto, la mayoría de los legisladores no se dejó intimidar por el terrorismo verbal de estos fanáticos fundamentalistas por entender que dicho planteo es absurdo. Tienen razón. Lejos de estimular el aborto, garantizar el acceso a información, los métodos «no abortivos» y los servicios para evitar los embarazos no deseados servirán para reducir la cantidad de abortos en el país, de los cuales, según las cifras disponibles, se realizan aproximadamente medio millón por año en todo el territorio nacional, dato que muestra a las claras la inutilidad de tratar el aborto como un problema policial.
Puede que tales cifras no sean demasiado confiables, porque por motivos evidentes es imposible saber cuántas operaciones ilegales se llevan a cabo, pero es indiscutible que son muchísimas las mujeres, sobre todo las pobres que no poseen los recursos que les permitirían trasladarse a Europa u otra región desarrollada, que todos los días sufren y mueren a causa de la resistencia de la clase política a reconocer las dimensiones trágicas de lo que está sucediendo. Puesto que debido a la presión eclesiástica el aborto es ilegal en el país, se trata siempre de operaciones clandestinas, a menudo concretadas en condiciones horrorosas, pero parecería que a los obispos les importa poco este dolor humano evitable. De todos modos, aunque en la Capital Federal por lo menos las parejas sin recursos podrán tener mayores posibilidades de evitar el embarazo si así lo quieren, el aborto sigue siendo un tema tabú, aunque tarde o temprano el país tendrá que afrontarlo mediante legislación similar a la vigente en España e Italia, donde a pesar de la oposición furibunda del clero los representantes de la sociedad en su conjunto finalmente lograron imponer su criterio. De más está decir que la ley no obligará a nadie a utilizar métodos anticonceptivos ni a «abortar», aunque, tal como hicieron durante su larga y, por fortuna, en última instancia infructuosa lucha contra la ley del divorcio, los propagandistas clericalistas no vacilaron en hablar como si creyeran que de aprobarse el proyecto de ley las embarazadas católicas se verían forzadas a abortar.
El que todavía no haya sido posible celebrar un debate serio y honesto en torno del aborto en la Argentina se ha debido menos a la piedad de sus mandatarios más recientes, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, para no hablar del resto de la población, que al poder corporativo que a través de los años ha logrado conservar la Iglesia, institución que siempre ha hecho gala de una capacidad envidiable para influir en los ministerios de Educación y de Salud. Si, como pretenden los voceros de la Iglesia Católica, la Argentina fuera un «país católico», los únicos que soñarían con abortar o aprovechar los métodos anticonceptivos disponibles, sean éstos abortivos o no, serían los protestantes, judíos, ateos, agnósticos y otros que no comulgan con el catolicismo, pero obvio es decir que éste no es el caso en absoluto. Mal que le pese al clero, tanto en la Argentina como en los demás países latinoamericanos escasean los que prestan atención alguna a los dogmas sexuales de la Iglesia, lo cual, claro está, hace dudar de la sinceridad de los muchos políticos que dicen tomar en serio las doctrinas sociales y económicas difundidas por el Vaticano: si muy pocos se interesan por lo que los obispos insisten es de importancia fundamental, ¿cuántos realmente respetarán sus planteos sobre temas que muchos obispos confiesan no entender muy bien?
Si bien la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que acaba de aprobar la Legislatura porteña a pesar de los disturbios callejeros que distintos grupos provocaron frente al edificio es llamativamente conservadora conforme a las normas del Primer Mundo, no cabe duda de que constituye un avance significante al llenar el virtual vacío legal antes existente, el cual podía atribuirse exclusivamente al temor de los políticos a enfrentarse con la ira previsible de la Iglesia Católica local. Aunque los extremistas religiosos intentaron, como es su costumbre, tergiversar el contenido del proyecto, proclamando a los gritos que el control de la natalidad equivale a aborto, la mayoría de los legisladores no se dejó intimidar por el terrorismo verbal de estos fanáticos fundamentalistas por entender que dicho planteo es absurdo. Tienen razón. Lejos de estimular el aborto, garantizar el acceso a información, los métodos "no abortivos" y los servicios para evitar los embarazos no deseados servirán para reducir la cantidad de abortos en el país, de los cuales, según las cifras disponibles, se realizan aproximadamente medio millón por año en todo el territorio nacional, dato que muestra a las claras la inutilidad de tratar el aborto como un problema policial.
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