Un revés cruel
Para consternación no sólo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también de muchos otros, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en el pleito entre la Argentina y aquellos acreedores que se negaron a entrar en los canjes del 2005 y el 2010, de los que los más combativos son, huelga decirlo, los especuladores de los llamados fondos buitre. A menos que los jueces cambien de actitud al admitir una “reconsideración”, lo que parece muy poco probable, el país caerá nuevamente en default, el que, por “técnico” que fuera, le supondría muchísimas dificultades financieras: además de tener que pagar a los fondos buitres los 1.300 millones de dólares que están reclamando, le sería necesario saldar pronto otras deudas por aproximadamente 15.000 millones. En tal caso, el Banco Central perdería más de la mitad de las reservas que, gracias a la venta de soja, aumentaron levemente en mayo y las dos primeras semanas del mes corriente. Así, pues, queda en ruinas la estrategia oficial de ganar tiempo para que el próximo gobierno se encargue de la mayor parte de las deudas pendientes, lo que, se preveía, no le ocasionaría demasiados problemas porque, a diferencia del kirchnerista, tendría acceso a créditos internacionales relativamente blandos. Desde fines del año pasado, el gobierno de Cristina está procurando reconciliarse con “el mundo”, de ahí los arreglos con Repsol y el Club de París. Al darse cuenta de que la sangría de reservas amenazaba con provocar una convulsión económica inmanejable, la presidenta eligió subordinar sus prejuicios ideológicos a la realidad para que el ministro de Economía, Axel Kicillof, adoptara medidas que serían calificadas de “ortodoxas” por sus exaliados progresistas. Pero parecería que los esfuerzos tardíos en tal sentido no han sido suficientes como para permitirle a la presidenta minimizar las consecuencias de los errores cometidos por ella misma, su marido y los responsables del default festivo de diciembre del 2001, para no hablar de los muchos que se habían endeudado cuando conseguir préstamos abultados a cambio de promesas era considerado evidencia de la confianza ajena en la capacidad administrativa de los dirigentes políticos nacionales. Con todo, es una lástima que, justo cuando estaba consolidándose en el país un consenso a favor de la racionalidad económica, haya irrumpido de forma tan imprevista un pasado caracterizado por la voluntad populista de desafiar al resto del mundo negándose a acatar las reglas internacionales básicas, mofándose de la “seguridad jurídica” y dando a entender, desde la ONU y otros foros, que gracias al kirchnerismo la Argentina había construido un “modelo” económico decididamente superior a los de Estados Unidos o los países de la Unión Europea. Antes de avalar la Corte Suprema norteamericana el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, se había difundido aquí un clima de optimismo moderado, pero parecería que fue prematuro el cambio anímico así supuesto, ya que, en términos financieros por lo menos, acabamos de regresar a los días aciagos de diciembre del 2001. Al politizar el tema de la deuda, tratándolo como un conflicto entre el pueblo argentino y usureros extranjeros codiciosos, el gobierno kirchnerista logró hacer de él una fuente de votos, razón por la que Cristina y otros voceros gubernamentales nunca han vacilado en hacer de los holdouts el blanco de su furia retórica. Confiaban en poder reeditar el operativo en Estados Unidos pero, a pesar de contar con la ayuda del presidente norteamericano Barack Obama, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y últimamente los líderes del G77-China, los miembros de la Corte Suprema estadounidense se resistieron a prestar atención a los planteos políticos de quienes coincidían con Cristina en que un eventual default argentino asestaría un golpe demoledor al precario sistema financiero global. De estar en lo cierto los convencidos de que nuestras vicisitudes tendrán un gran impacto en el exterior, los mercados principales del resto del mundo no tardarán en desplomarse, pero puede que la mayoría de los inversores entienda que el caso de la Argentina es tan especial, tan sui géneris, que no incidirá negativamente en los intentos de otros países, entre ellos algunos integrantes de la Unión Europea como Grecia y Chipre, de reestructurar sus deudas.
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