Un revuelo judicial tiene trabada la concesión de un restaurante de la costanera

La Municipalidad de Viedma tendrá que analizar futuros pasos a seguir con la adjudicación del Complejo La Balsa ya que la Justicia de esta capital le hizo volver para atrás el expediente de otorgamiento de concesión. En el ámbito tribunalicio, un fallo detectó que hizo caso omiso a un pedido de uno de los actores que se disputan ese estratégico sitio turístico de la avenida costanera.

La reciente sentencia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la actual concesionaria del Complejo La Balsa, Silvana Sabbatella, ordenándose suspender los efectos del decreto N° 365/18 del Poder Ejecutivo Municipal, por el cual se había adjudicado al oferente Indelman, de San Antonio Oeste, la renovación de la concesión.

La Cámara Civil y Comercial de Viedma entendió que se omitió otorgar a Sabbatella -quien utiliza “Sal y fuego” como nombre de fantasía- el puntaje que por ser empresaria local le hubiera correspondido por pliego de bases y condiciones de la licitación pública N° 21/17.

El tribunal valoró especialmente que el Acta N° 2 de la Comisión de Preadjudicación del 22 de diciembre pasado “no se ha hecho ninguna consideración respeto al puntaje adicional que establece el artículo 20 del pliego de bases y condiciones….siendo que de ser aplicable el mismo al presente, podría alterar sustancialmente el resultado del orden de mérito elaborado.”.

Además de ello, se tuvo en cuenta que el recurso de reconsideración interpuesto solicita la declaración de nulidad absoluta del acto administrativo (decreto de adjudicación) por la inobservancia de normativa de orden público, por la caducidad de las ofertas, ya que la comuna capitalina pidió su ampliación de vigencia a más de seis meses de la apertura de la licitación cuando la Ordenanza de Contrataciones en su artículo 49 prevé que deberá hacerse antes de su vencimiento. Además, se observó la arbitrariedad de la evaluación de la comisión de Preadjudicacion.

Estas medidas cautelares son de muy difícil otorgamiento ya que suspenden los efectos de un acto administrativo del poder público, con lo que sólo se conceden en supuestos excepcionales en que está demostrado que al particular le podría asistir el derecho que invoca (verosimilitud del derecho) y que el peligro en la demora en el otorgamiento de la cautelar (suspensión del acto dictado) podría acarrear graves perjuicios al erario público, lo que se procura evitar.

Restará ver qué análisis hace la Municipalidad: si decide anular el acta de Comisión de Preadjudicación y merituar una nueva preadjudicación con ajuste al Pliego de Bases y Condiciones para evitar un juicio, si sigue adelante con la adjudicación o si anula todo y llama a nueva licitación pública.