Un tema muy sensible
Para todos los gobiernos, los problemas planteados por el delito no son sólo prácticos sino también propagandísticos, ya que en este ámbito como en tantos otros la imagen incide mucho en la realidad. Si un gobierno como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere ser considerado “progresista”, las dificultades se multiplicarán, porque sus partidarios más decididos propenderán a creer que la seguridad ciudadana es una preocupación exclusiva de “la derecha” y que por lo tanto le convendría minimizar su importancia o, si es imposible hacerlo, atribuir un eventual aumento de salvajismo delictivo a lacras sociales, aunque en tal caso correría el riesgo de verse acusado de negligencia o, lo que sería peor, de simpatizar más con criminales desalmados que con sus víctimas. Se trata de una trampa en la que ha caído una y otra vez el gobierno kirchnerista. Al reivindicar, en tono burlón, las salidas “culturales” de presos recién condenados por asesinatos y violaciones, además de la “pasión” que en su opinión caracteriza a los barrabravas, Cristina se las ha arreglado para brindar la impresión de solidarizarse con hampones despreciables. Asimismo, puede que esté en lo cierto la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando afirma que “hay una declinación del delito” y que por lo tanto “la seguridad mejoró en Buenos Aires”, pero, de resultas de la sensación generalizada de que el país se ve frente a una ola de criminalidad, muchos encontrarán provocativas sus palabras en tal sentido. Por lo demás, si es verdad que “la gente tiene más dinero en efectivo en su casa”, de ahí, según Garré, la proliferación de robos a viviendas, el fenómeno se deberá a la falta de confianza de la ciudadanía en un sistema bancario que en cualquier momento podría ser “intervenido” por un gobierno que, como nos ha advertido la presidenta misma, se ha propuesto “ir por todo”. Quejarse por la politización del delito es siempre contraproducente. También lo es atribuir el temor que tantos sienten al sensacionalismo de los medios; bien que mal, en todas partes motivan más interés los detalles truculentos de un crimen que los mensajes tranquilizadores basados en estadísticas oficiales. Para que un gobierno nacional merezca la confianza de la ciudadanía, tendrá forzosamente que convencerla de que a su juicio es prioritaria la lucha contra la delincuencia y que está plenamente dispuesto a colaborar con las autoridades provinciales y municipales. Por desgracia, los kirchneristas no parecen entender que en última instancia sería de su interés dejar de tratar de anotarse puntos emprendiendo maniobras con el propósito de perjudicar al jefe del gobierno porteño Mauricio Macri o al gobernador Daniel Scioli, privando de custodios a edificios públicos de la capital federal y procurando desestabilizar al gobierno bonaerense conspirando contra los encargados de la seguridad ciudadana en el distrito que administran. Al actuar de tal modo, lo único que logran es hacer creer a los porteños y bonaerenses que ciertos integrantes del gobierno nacional están decididos a aprovechar políticamente el temor que tantos sienten. Por desgracia, nunca habrá una solución definitiva al problema supuesto por el delito. A lo sumo, las autoridades podrán combatirlo de tal modo que la mayoría dé por descontado que disfruta de la protección de la Policía y la Justicia y que las instituciones correspondientes, además del Servicio Penitenciario, se han visto depuradas de corruptos capaces de hacer causa común con los delincuentes. Según Garré, el gobierno nacional ha logrado retomar “el control político de las fuerzas de seguridad, que tenían grados de autonomía peligrosos”, lo que de por sí habrá sido muy positivo, ya que no es ningún secreto que en algunas jurisdicciones los ciudadanos honestos suelen temer aún más a los agentes policiales que a los criminales profesionales, pero sucede que, a raíz de las actitudes que han asumido ciertos miembros del gobierno nacional, acaba de difundirse la sospecha de que los líderes de algunas agrupaciones paraoficiales se han aliado con organizaciones de sujetos que fueron sentenciados a muchos años de cárcel por haber cometido delitos aberrantes, con el presunto propósito de usarlas para sembrar miedo entre sus adversarios políticos.
