Una concesionaria fue condenada a entregar una camioneta nueva y a pagar un millón de pesos

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca condenó a una concesionaria de Bahía Blanca, y a una empresa a entregar una camioneta 0 kilómetro, y a pagar una indemnización millonaria a una clienta que fue perjudicada por lo que denominaron «prácticas comerciales abusivas». Además deberán pagar 5.000 pesos diarios en concepto de multa “por cada día de mora en el cumplimiento de esta obligación”.

La mujer de Río Colorado participaba del plan de ahorro para la compra de una Eco Sport. Tras cumplir con los requisitos del contrato que le dio a firmar la empresa, resultó adjudicada, pero nunca pudo hacerse de la camioneta porque a último momento le informaron la exigencia de nuevos requisitos, fuera de contrato.

Además le informaron que el dinero de la licitación “lo retendrían durante tres meses a fin de participar de otras licitaciones si era necesario y luego, eventualmente, se le devolvería sin actualizar y descontándole un 10%”, explicaron desde la Justicia.

Junto con la indemnización por “gastos emergentes, daño moral y pérdida de uso”, la sanción que aplicó la Cámara llegó a un millón de pesos en concepto de “daño punitivo”, con la intención aleccionadora de hacer “desistir a las empresas de la práctica comercial reprochable”, informaron fuentes judiciales.

Invocando otro precedente, los jueces sostuvieron que pese a que la condena pueda parecer «desproporcionada», lo que buscan es que las sanciones «tengan entidad para doblegar la práctica no deseada, haciendo que a la empresa le resulte más conveniente comportarse como es debido».

La sentencia tiene el voto rector del juez Gustavo Martínez y la adhesión de su par Dino Maugeri.

El caso

La demanda fue iniciada por una mujer de Río Colorado que participaba del plan de ahorro en la concesionaria oficial Guspamar S.A. para la compra de una Eco Sport.

Tras cumplir con los requisitos que le imponía el contrato de adhesión que le dio a firmar la empresa, finalmente resultó adjudicada. Sin embargo, nunca pudo hacerse de la camioneta porque a último momento le informaron la exigencia de nuevos requisitos, fuera de contrato, que la mujer no cumplía.

Surge del fallo que el contrato se firmó en febrero de 2015. Como la mujer quería licitar la unidad, le informaron que el dinero de la licitación “lo retendrían durante tres meses a fin de participar de otras licitaciones si era necesario y luego, eventualmente, se le devolvería sin actualizar y descontándole un 10%”. Eso motivó una primera denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor de Río Colorado.

La Cámara Civil encontró en ese hecho un abuso, que consideraron podría ser generalizado, y que fue cometido con los anticipos de los ahorriostas, al que calificó como “muy grave y arbitrario” pues significa para “las empresas un crédito gratuito con el que obtendrían jugosas e ilícitas rentas, potenciadas por la altos índices de inflación y tasas de interés del mercado”.

“No solo trabajan con dineros ajenos sin costo alguno, sino que, por el contrario, cobran por operar con tales recursos”, sostuvo el Tribunal.

Los problemas siguieron

La mujer siguió pagando sus cuotas y en mayo de 2016 le informaron que había resultado adjudicada por sorteo. Fue entonces cuando supo que, a pesar de contar con todos los requisitos, no era apta para adquirir la unidad por estar registrada en la categoría más baja del sistema de Monotributo.

Esa sorpresiva exigencia fue motivo de una nueva serie de reclamos que realicó la damnificada, que llegó a viajar hasta Bahía Blanca para tratar de destrabar personalmente el trámite. Finalmente en octubre le notificaron que había “caducado la adjudicación” por vencimiento del plazo para hacer el pedido de la unidad.