Una reforma pendiente



Los argentinos concurriremos hoy a las urnas para participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que a pesar de su nombre en esta oportunidad no servirán para definir las candidaturas presidenciales de cada espacio político, sino que serán una gran encuesta sobre el humor social actual y un adelanto de las preferencias electorales de cara a los comicios generales del 27 de octubre, actuando además como un “filtro” de postulaciones minoritarias.


El mecanismo fue creado en el 2009 para favorecer la democratización y una mayor transparencia de los partidos políticos y mejorar su función de representar a los distintos sectores de intereses, clases, ideologías y tradiciones políticas de la sociedad argentina tras la crisis del 2001. La idea de la reforma fue involucrar a toda la sociedad en la selección de los candidatos presidenciales y legislativos de cada partido o frente electoral y fijar un piso mínimo de 1,5% de los votos válidos para que las fuerzas o alianzas puedan participar del comicio general.


En esta quinta edición, tras haberse implementado en 2011, 2013, 2015 y 2017, los nueve frentes electorales resolvieron no realizar competencias internas en candidaturas presidenciales y llevan listas unificadas.
Solo habrá compulsas menores para definir postulaciones a diputados o senadores en 17 provincias.


De este modo, lo único que se resolverá es si alguna fuerza queda afuera de los comicios generales de octubre. Y la votación adelantará las preferencias del electorado, permitiendo a los distintos espacios confirmar o corregir estrategias y propuestas.
De esta manera las PASO se transforman en la verdadera “primera vuelta” electoral antes de los comicios generales de octubre o, de ser necesario, el balotaje el 22 de noviembre.


La falta de competencia efectiva en la mayoría de las PASO ha generado fuertes críticas al sistema, tanto por la obligatoriedad de participación en espacios partidarios como por su costo, estimado en más de 2.800 millones de pesos. Muchos atribuyen su génesis a la derrota electoral del oficialismo en el 2009, que generó una desconfianza del entonces presidente Néstor Kirchner en el PJ, quien buscó de este modo obligar a los actores políticos a mostrar su juego antes del comicio general.


Pese a las críticas, algunos especialistas sostienen que, si bien no ha servido demasiado para su objetivo principal, el sistema de las PASO ha mostrado logros, como aclarar la oferta electoral, generar opciones competitivas en los comicios y ayudar a que los votantes entiendan mejor lo que está en juego en cada turno electoral y puedan definir estrategias, mejorando la participación.


Y ha evitado una mayor fragmentación política, que hace que hoy existan casi 750 partidos con capacidad de llevar candidaturas nacionales y acceder a financiamiento estatal, y una legislación que permite a fuerzas nacionales hacer alianzas contradictorias en el nivel federal y provincial o aplicar sistemas de apoyo múltiple como los lemas, listas colectoras o “espejo”, como ocurre en Neuquén.


Esta fragmentación tiene luego enormes costos políticos y económicos, porque favorece la multiplicación de bloques legislativos, genera mayorías inestables y fomenta el transfuguismo partidario, lo que a corto plazo complica la gobernabilidad y a largo plazo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.


Sería razonable que, siendo 2020 un año no electoral, las fuerzas políticas pudieran acordar una reforma integral al sistema, que permita crear partidos y alianzas estables en todo el país, financiar de forma trasparente la actividad política y un sistema electoral con amplio consenso.
Nuestra democracia sin dudas requiere de partidos políticos fuertes, democráticos y trasparentes que permitan procesar y expresar las demandas sociales, bajo reglas estables.


De lo contrario será muy difícil salir de la dinámica de inestabilidad y crisis políticas y económicas que cíclicamente sacuden al país.


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