Una vía a la ciudadanía

Muy bien, estimados patriotas aislacionistas de línea dura en materia inmigratoria, hagamos de cuenta que se haga lo que ustedes piden, y Estados Unidos les niegue a 12 millones de trabajadores indocumentados una vía para obtener la ciudadanía. Permítanme citarles varias razones por las que eso no sólo sería injusto, sino que afectaría a los intereses de la mayoría de los ciudadanos de este país.

En primer lugar, olvídense de los disturbios raciales de Los Angeles en 1968 o de la violencia de Miami en 1980. Estaríamos creando un nuevo submundo de inmigrantes marginados, como los jóvenes musulmanes que protagonizaron la «intifada francesa» en los suburbios de París en el 2005, sólo que mucho peor.

Tendríamos 12 millones de ciudadanos de segunda clase la mayoría de ellos hispanos que no sólo estarían marginados de la sociedad, sino que quedarían legalmente excluidos de siquiera aspirar a formar parte de ella. Eso sería una receta para la frustración, el odio y la rebelión.

Segundo, cerrar las puertas a la ciudadanía o exigir que una típica familia de cinco personas deba pagar más de u$s 64.000 y esperar 25 años antes de poder aplicar a la ciudadanía como según los cálculos de la Coalición para una Reforma Migratoria Integral propone la última propuesta migratoria del presidente Bush, quizás ayude a persuadir a que futuros posibles migrantes no vayan a Estados Unidos, pero nada haría para resolver el problema actual de los que ya están aquí. Pocos de ellos van a regresar voluntariamente a sus países de origen.

Tercero, las deportaciones masivas no sólo serían moralmente cuestionables, sino que representarían una locura desde el punto de vista social y económico.

Hay unos 3,1 millones de niños nacidos en los Estados Unidos cuyos padres no tienen papeles migratorios legales, según el Centro Pew de Investigación. Estos menores son ciudadanos norteamericanos. Sus padres que vinieron aquí para darles un mejor futuro no los van a llevar de vuelta a sus países. ¿Qué proponen ustedes hacer con ellos? ¿Ponerlos en orfanatos?

¿Y cómo pagaría Washington el costo de deportar a los indocumentados? Según el Centro para el Progreso Americano, deportarlos costaría por lo bajo u$s 206.000 millones en los próximos cinco años. Eso es más de seis veces el presupuesto anual de u$s 34.200 millones del Departamento de Seguridad Interior.

Cuarto, los trabajadores indocumentados actualmente ocupan 1,4 millones de puestos en la industria de la construcción, 1,2 millones de puestos en restaurantes, hoteles y otras empresas de la industria de la recreación y cientos de miles de empleos en la industria agrícola. Si ellos fueran deportados, ¿quién tomará su lugar?

Si hubiera suficientes ciudadanos norteamericanos dispuestos a tomar esos trabajos por salarios más altos el argumento favorito de los «duros» en materia inmigratoria, los consumidores de Estados Unidos terminarían pagando mucho más por sus viviendas o por la comida.

Tarde o temprano, las empresas agrícolas se mudarían a México y otros países con salarios más bajos. Estados Unidos no sólo dependería del petróleo importado, sino que sería cada vez más dependiente de los alimentos importados.

Quinto, deportando a los indocumentados o poniendo obstáculos imposibles de cumplir para obtener la ciudadanía, como según muchos propone Bush ahora crearía un caos político en México y acentuaría las tensiones sociales en varios otros países latinoamericanos.

Los deportados aumentarían dramáticamente el desempleo en sus países de origen y dejarían a algunas de las comunidades más pobres de la región sin los u$s 60.000 millones al año que los latinoamericanos en Estados Unidos envían como remesas familiares. En muchos países, se trata de la principal fuente de ingresos extranjeros.

Un México inestable no sólo afectaría la economía de los Estados Unidos, sino que podría crear condiciones para que los terroristas islámicos usen la frontera como un trampolín para atacar a los Estados Unidos.

En fin, además de éstas, hay varias otras razones para no cerrarle las puertas a la ciudadanía. (Pueden encontrarlas en andresoppenheimer.blogspot.com.)

Mi conclusión: por supuesto que hace falta una reforma migratoria. Y quizás haya que exigirles a los inmigrantes aprobar un examen del idioma inglés más difícil, o pagar multas razonables por haber venido sin papeles.

Pero cerrarle las puertas a la ciudadanía, de hecho o de derecho, afectaría a la economía norteamericana y tarde o temprano llevaría a una «intifada hispana», además del caos en la frontera. Habría que hacer exactamente lo opuesto: premiar a quienes trabajan duro y pagan impuestos con una vía para realizar su sueño americano, como siempre ha sido el caso en el pasado.

ANDRES OPPENHEIMER (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Periodista argentino. Analista internacional. Miami.