Unitarismo petrolero

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Parecería que al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le importa en absoluto el hecho ya evidente de que la intervención, por decreto 1.277, de casi todo lo vinculado con el petróleo haya significado que, hasta nuevo aviso, muy pocos inversores extranjeros soñarán con arriesgarse aportando dinero o capacidad tecnológica al maltrecho sector energético, pero no podrá mantenerse indiferente ante la reacción de los gobiernos provinciales, de sindicatos cuyos dirigentes se sienten afines al jefe camionero Hugo Moyano y, si bien parece haberse resignado a su suerte, del titular de YPF, Miguel Galuccio. Todos se sienten perjudicados por la medida, los gobernadores porque los priva de recursos, los sindicatos porque la creen contraria a los intereses de los trabajadores y Galuccio porque, además de haberse visto desautorizado justo cuando trataba de convencer a socios en potencia de que, con el respaldo pleno de la presidenta, manejaría YPF con criterios netamente profesionales, no le gusta para nada la idea de tener que acatar en adelante las órdenes de militantes de La Cámpora encabezados por el viceministro de Economía Axel Kicillof. Como Galuccio ya se habrá dado cuenta, la jungla política en la que se ha internado puede resultar aún más traicionera que el mundo de las multinacionales petroleras en el que está acostumbrado a vivir. Según se informa, ya tenía preparada su renuncia, pero la presidenta logró convencerlo de que seguiría contando con la colaboración de las máximas autoridades gubernamentales. Desde el punto de vista de los gobernadores de las provincias petroleras, lo que acaba de hacer Cristina, con el propósito indisimulado de apoderarse de una tajada mayor de los ingresos generados por los recursos energéticos, equivale a otro golpe contra el federalismo que, en teoría, rige en el país. Entre otras cosas, la medida ha servido para afianzar aún más el poder de la presidenta sobre los mandatarios del interior que dependen de ella por los fondos que necesitan para ahorrarse conflictos con los siempre combativos empleados públicos que, en muchos casos, están afiliados a sindicatos en que los kirchneristas llevan la voz cantante. Como ya les es habitual, los gobernadores se ven constreñidos a optar entre defender sus derechos constitucionales, aun cuando sepan muy bien que hacerlo podría ocasionarles problemas administrativos muy graves, y limitarse a tratar de congraciarse con Cristina con la esperanza de que, a cambio de nuevas manifestaciones de lealtad, les envíe el dinero que precisan. En todas las provincias petroleras los políticos opositores locales están procurando aprovechar la situación incómoda en que se encuentran los mandatarios, presionándolos para que se alcen en rebelión contra el ucase del gobierno nacional, alternativa ésta que, desde luego, son reacios a tomar en cuenta por miedo a lo que podría hacer una presidenta que nunca ha vacilado en castigar económicamente a quienes se han animado a oponérsele. Si bien a esta altura nadie ignora que la relación tensa del gobierno nacional con los gobernadores virtualmente asegura que, en cuanto éstos lleguen a la conclusión de que a Cristina no le será dado reformar la Constitución para que admita la re-reelección, rompan con ella en el momento que les parezca oportuno, el sistema de avasallamiento introducido por Néstor Kirchner y perfeccionado por su viuda seguirá funcionando por un rato más. Además de enojar a Galuccio y a los gobernadores provinciales, el decreto petrolero de Cristina ha puesto en estado de alerta a los líderes del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que dicen oponerse a una maniobra destinada a permitirle al gobierno nacional quedarse con las regalías de las provincias; pero también sabrán que, con el negocio en manos de los kirchneristas de La Cámpora, podrían peligrar los puestos de trabajo de más de 10.000 empleados y las obras sociales que han organizado en el transcurso de los años últimos. Aunque por principio los sindicalistas estén a favor de la estatización de todo lo relacionado con la “soberanía hidrocarburífera”, entienden que en términos prácticos les es preferible negociar con los ejecutivos de las empresas privadas a intentar hacerlo con políticos poco confiables.