Villa Mascardi: un conflicto sin matices que Nación no logra resolver

El conflicto en Villa Mascardi sigue su curso, mientras el gobierno nacional observa a la distancia cómo transcurren los acontecimientos, sin tomar -por el momento- definiciones que resuelvan el problema. Y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras echa un poco de leña al fuego con algunas de sus declaraciones.

¿Cómo se resuelve un conflicto que lleva casi 3 años? Fue la pregunta que Río Negro le formuló a personas que tienen contacto directo con el conflicto.

“Aplicando las leyes de la República Argentina, la Constitución nacional, el Código Penal, etc.”, respondió Juan Grehan, que tiene desde finales de enero de 2018 usurpada su propiedad en Villa Mascardi.

“¿O hay otra manera legal?”, planteó. “No la hay. El camino es uno solo: desalojo y poner a los ocupantes que se encuentren en el lugar a disposición de la Justicia”, afirmó.

“Por supuesto, garantizar inmediatamente que no vuelva a usurparse mediante la presencia de las fuerzas de seguridad y políticas de ocupación activa por parte de organismos, pobladores, etc.”, opinó Grehan.

“Hay que recuperar el Parque Nacional que era antes de 2012 un lugar para que la gente use con restricciones para conservar el ambiente, no un balneario público donde cada uno hace lo que quiere”, afirmó. “Y este desalojo no es para solucionar el tema Mascardi solamente, porque se ha convertido en un caso testigo”, destacó.

“Si se recupera la Soberanía Argentina en Mascardi (hoy perdida) se muestra cómo se actuará en todos los conflictos similares en el país: con las leyes de la República: primero desalojamos, después los reclamos que vayan por las vías administrativas y legales correspondientes”, sostuvo.

“El conflicto de Villa Mascardi no tiene soluciones jurídicas, sino políticas”, opinó Virgilio Sánchez, que es miembro de la Asociación Gremial de Abogados y defiende a varios integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu procesados en la causa por la usurpación de los dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi.

“El Estado debe completar cuanto antes el relevamiento territorial ordenado por la Ley 26160. Hay que instar la vía del dialogo y despejar los fantasmas de los supuestos intereses inmobiliarios en torno al reconocimiento de tierras a las comunidades mapuches, ya que eso no es real”, sostuvo.

“Prueba de ello, es que no existe posibilidad alguna de vender ni transferir de manera individual las tierras que el Estado reconoce como comunitarias”, aclaró el abogado.

“El reconocimiento de la ocupación tradicional de las tierras a una comunidad mapuche procura mantener el área intangible para que las comunidades puedan recuperar, desarrollar y mantener sus tradiciones, su cosmovisión, su cultura”, aseguró.

“La negación de la cultura es violencia. Y la cultura de las comunidades mapuche tiene un vínculo inescindible con el territorio”, enfatizó el abogado.
“No existe un ánimo de los miembros de la comunidad de especular con las tierras, esa es una lectura que hacen legítimamente quienes manejan el concepto tradicional de propiedad privada como un compartimento estanco”, aclaró Sánchez.

“Lo cierto de todo es que luego de la reforma constitucional de 1994, se reconoce el derecho a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas; entonces, una manera de solucionar los conflictos, es proponer la discusión de los mismos en los ámbitos que corresponde, y no criminalizar a los protagonistas de una reivindicación territorial, que no es más que el legítimo ejercicio de un derecho”, destacó.

Requisitos de la ley 26160

Cuando se le planteó que la comunidad Lafken Winkul Mapu no cumple con el requisitos de la ley 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras “que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, porque se instalaron a principios de noviembre de 2017 en Villa Mascardi ni tiene la personería jurídica requerida por esa normativa, Sánchez explicó su visión al respecto.

“El reconocimiento de la personería tiene un efecto meramente declarativo, no constitutivo”, enfatizó. “Toda la zona de Parques Nacionales es susceptible de ser relevada en el marco de la Ley 26.160, ya que está demostrado por sobrados estudios antropológicos que fue tradicionalmente ocupado por comunidades mapuches”, aseguró el abogado.

“El concepto de ocupación tradicional no es el mismo de la ocupación de la tierra que conocemos de manera tradicional. Son espacios donde han habitado sus ancestros y existen lugares específicos que son identificables para la comunidad, donde hay referencias -puede ser un rewe o un lugar sagrado- que es reconocido por alguna autoridad espiritual o que haya sido transmitido por generaciones en relatos familiares, etc.”, comentó.

El problema, los funcionarios

El abogado Diego Breide, que representa en una causa penal a Grehan, opinó que el tema Villa Mascardi “es de difícil solución porque las autoridades judiciales y políticas nunca han estado a la altura del conflicto, ni las del gobierno anterior y ni las de este gobierno”.

“En este gobierno la situación se agrava porque los funcionarios que debieran dar respuesta de seguridad, legalidad y orden, en realidad son parte del problema, apañan, consienten, minimizan e incluso en algunos casos justifican los hechos de violencia que hace tres años se viene produciendo en Villa Mascardi”, advirtió Breide, que fue concejal en Bariloche.

“¿Cómo se puede entender que se han producido más de 30 ataques y hechos delictivos, con 5 viviendas, cabañas o alojamientos destruidos totalmente, los bienes del Estado y de los particulares saqueados o vandalizados, la integridad física de quienes viven, transitan por el lugar o concurren al lago en riesgo constante, árboles talados de cuajo, etc, y no exista ningún detenido, ningún imputado, en principio, por tales hechos?”, planteó el abogado.

Dijo que la fiscalía provincial a cargo de Betiana Cendon “está comenzando a avanzar, pero la justicia federal esta totalmente en falta, no ha estado nunca a la altura ni ha dado las respuestas que se requieren”.

“Si la idea para resolver el conflicto es otorgarles a los delincuentes tierras en Mascardi o en otro lugar a cambio de que halla paz, a primera vista quizás pueda parecer una solución a la violencia, pero en realidad no lo es y no lo será en el futuro”, alertó.

“Al contrario, la violencia no va a cesar mientras permanezcan ahí, y en el caso de que se retiren a otros terrenos del Estado el mensaje es peor aún, porque significa que en la Argentina, y en particular en Río Negro, si sos violento, si robás, si saqueás, si destruís los bienes ajenos o si atacás las personas obtenés lo que querés”, enfatizó Breide.

“Es la muerte del Estado de derecho y de la noción de una comunidad sustentable. Es poner un granito de arena en la guerra social que ya se empieza a avizorar”, opinó.

“La solución solo puede venir del cumplimiento de la ley y de la sanción para quienes la violentaron lastimando las personas y destruyendo los bienes. No veo otra salida en un Estado de derecho”, afirmó.

“Mascardi es la suma de tres demonios: montonerismo tardío con su impronta de lucha armada y su ideología revolucionaria nihilista de “cuanto peor mejor”, resentimiento indígena alimentado desde muchos años transformado en épica de lucha de liberación del pueblo mapuce, y delincuencia más droga, que hace todo más complicado”, describió Breide.

“Pero el real problema son nuestros funcionarios de Seguridad y del INAI que, en vez de cumplir con su deber, juegan a favor del caos, casi justificando el accionar como su fuera un conflicto o una disputa de tierras”, criticó. Breide denunció en la fiscalía federal de Bariloche a la presidenta del INAI, Magdalena Odarda.

“No es una disputa de tierras, es un accionar violento de sabotaje y ataques con un objetivo político ya expuesto varias veces en su comunicados a los que adhiere este Lof de Mascardi, que se iniciara con el liderazgo de Facundo Jones Huala y los referentes de CAM-MALLECO de Chile, y que consiste en recrear el imperio araucano del 1700”, aseguró.

“Villa Mascardi es un sueño imperialista de que utiliza la violencia y el terror para lograr autonomía territorial en nuestro país y en Chile”, aseveró.

“La solución: cortar todo tipo de apoyo, de suministro y de posibilidad de ingreso o egreso de personas a la toma. Al mismo tiempo avanzar en forma individual con la identificación de quiénes realicen delitos y proceder judicialmente, es decir, formulación de cargos, audiencia de prueba y juicio. Este es el camino, lo demás solo agrava el problema y deja las puertas abiertas a los que piensan en justicia por mano propia”, evaluó Breide.

“Lamentablemente con (la ministra de Seguridad de Nación) Sabina Frederic, Gabriel Fuks y Magdalena Odarda en sus cargos esta respuesta esta lejos de producirse. Ellos son el problema, no la solución”, concluyó.

Una deuda del Estado

Para Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el conflicto de Villa Mascardi “se resuelve si el Estado nacional resuelve entregar las tierras a la comunidad”.

Destacó que son tierras que tienen un valor ceremonial para la comunidad porque hay una machi y un rewe en ese lugar.

Pero sostuvo que el Estado debe responder a la demanda de las comunidad indígenas por tierras “aptas y suficientes”. “El desalojo no es una opción posible en estas circunstancias. La solución del conflicto tiene que atender la historicidad”, afirmó Carriqueo.

“Parece que fuera una aberración que comunides mapuches reclaman tierra cuando es un derecho reconocido en la Constitución nacional, por más que no tenga reconocimiento social”, manifestó.

“La comunidad Lafken Winkul Mapu tiene que estar en ese territorio y el Estado lo que tiene que hacer es devolver las tierras”, sentenció.

Dijo que es necesario “entender que no todo es plata, que la tierra para las comunidades tiene un valor diferente”. Opinó que pueden convivir espacios de propiedad privada y comunitaria. Pero el primer paso es que el Estado reconozca el derecho de las comunidad a la tierra.

Afirmó que nunca estuvo en discusión el traslado de la comunidad Lafken Winkulk Mapu. Dijo, con preocupación, que el Estado nacional “tiene su responsabilidad porque hay un grado de indefinición” en cuanto a resolver el conflicto.

Lamentó que a esa situación se suma “la postura antimapuche del Gobierno de Río Negro”. Y puntualizó que también se debería explicar “cómo los privados accedieron a tener territorios dentro de un Parque Nacional”.

Carriqueo observó que hay que “empezar a desandar un poco la historia”. Aseguró que el reclamo por acceso a la tierra no es de ahora. “Hace unos cien años que las primeras comunidades hicieron ese reclamo”, recordó.

Por eso, consideró que se trata de un tema que demanda “una discusión social”, pero lamentó que Bariloche “esconde su historia, que no empezó hace cien años”.