Voces del pasado

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Según una encuesta cuyos resultados fueron difundidos con regocijo por el presidente Fernando de la Rúa, sólo el siete por ciento de la población opina que la oposición sindical a la reforma laboral se debe a la voluntad de defender los intereses de los trabajadores, mientras que el 84% da por descontado que lo único que les preocupa a los gremialistas son sus propios privilegios. Asimismo, una mayoría abrumadora entiende que en una economía como la argentina les convendría a los empleados negociar directamente con los empresarios en lugar de depender de las vicisitudes del tira y afloja entre cúpulas, con la CGT hablando en nombre de los obreros y otra entidad representando al empresariado. Se trata de una actitud realista. Aunque el corporativismo llegó a gozar del consenso de buena parte de la clase política, nunca fueron felices las consecuencias prácticas de los esfuerzos de una sucesión de regímenes por manejar el país mediante acuerdos sectoriales. Por el contrario, el ideal corporativo sólo sirvió para frenar el desarrollo de la economía y depauperar a millones de personas, lo cual puede entenderse por tratarse de un esquema ya desactualizado cuando los peronistas, seguidos por los radicales y los militares, lo adoptaron, que resultó ser totalmente incompatible con el dinamismo propio de la segunda mitad del siglo pasado.

Conforme a los corporativistas -y en la Argentina su planteo aún parece «natural» a casi todos los políticos, clérigos e intelectuales-, los distintos «sectores» deberían organizarse para entonces resolver sus diferencias a través de negociaciones o «cumbres». Sin embargo, los empresarios pronto dejaron de cumplir su hipotético papel: la influencia de los «líderes» de sus asociaciones, personajes a quienes les gustaba charlar con políticos en vez de manejar empresas, siempre ha sido escasa. Otra corporación, la eclesiástica, ha preferido hacer creer que no se considera un «factor de poder». En cuanto a la corporación militar, la convicción desastrosa de que en ciertas circunstancias debería «salvar» a la Patria gobernándola redundó finalmente en su expulsión definitiva de la arena política. En efecto, la única que no se ha enterado de que en el mundo no le sería dado usurpar una parte del poder de las instituciones propias de la democracia liberal es la sindical. Aunque no es más que una sombra de lo que fue hace tres o cuatro décadas, la CGT sigue creyéndose la representante legítima de toda la «clase trabajadora» y por lo tanto con derecho a obligar a todos los demás a acatar su voluntad, intimidándolos con paros generales -los cuales son políticos por antonomasia- destinados a forzar al gobierno a reconocer que en última instancia los que deberían mandar en la Argentina no son los dirigentes constitucionalmente elegidos sino los jefes sindicales.

Siempre y cuando esté dispuesto a pagar los costos que podría suponerle una ola de huelgas, al presidente De la Rúa no le sería demasiado difícil eliminar de una vez y por todas el poder excesivo de la CGT, una agrupación dominada por individuos de imagen pésima cuyas fortunas personales deberían ser investigadas por la Justicia. Para marginarla, le sería suficiente prestar atención a la voluntad popular y descentralizar por completo todas las negociaciones laborales, lo cual privaría a la CGT de su razón de ser. Lejos de perjudicar los intereses de los trabajadores, una medida de este tipo los favorecería porque supondría dar más poder a quienes son sus representantes auténticos y debilitar a quienes por motivos evidentes sencillamente no están en condiciones de defender a más que una pequeña fracción del total. En una economía dominada por empresas privadas de dimensiones distintas, algunas muy eficaces y otras rudimentarias, que compitieran las unas contra las otras, sería absurdo que el gobierno actuara como si le fuera dado complacerlas a todas. Por las mismas razones, negarse a reconocer que el universo laboral del país está fragmentado y que es muy bueno que lo esté, no meramente es ridículo sino que también sirve para permitir que un grupo de individuos conserve el poder suficiente como para chantajear a un gobierno cuya legitimidad es indiscutible.