Vuelve a fracasar el Gobierno en su intento por controlar la inflación

Las causas se encuentran al analizar las reacciones de los agentes económicos ante la intervención de los mercados, lo que provoca, en última instancia, un efecto contrario al buscado.

El bloque del Frente de Todos pidió más fiscalización por parte de los gobiernos provinciales y municipales.

Los problemas estructurales que padece la Argentina tienen sus orígenes en las erróneas decisiones tomadas por los distintos Gobiernos en materia de política económica que responden a una sistemática forma de actuar: atacar las consecuencias (no las causas) y profundizar las medidas que dieron origen a los problemas.

Esto se ve reflejado en el nuevo fracaso de la administración de Alberto Fernández en busca del control de la inflación.

Las herramientas utilizadas son las mismas que se repiten hace ya más de medio siglo en el país: pisar el dólar oficial, mantener ancladas las tarifas, estirar los controles de precios e intervenir los mercados de exportación. Políticas no dan resultados en ninguna parte del mundo.

Las causas del fracaso de estas medidas las encontramos al analizar las reacciones de los agentes económicos ante la intervención de los mercados, lo que provoca, en última instancia, un efecto contrario al buscado. Muchas veces, por intentar corregir desajustes, se cae en el sesgo ideológico de no ver las consecuencias de esos intentos que terminan agravando el problema.

Es enorme la literatura económica que detalla que, al fijar artificialmente un precio a un producto por debajo del existente en el mercado, en realidad lo único que se logra es más escasez de ese producto. La baja del precio inducida artificialmente, en primera instancia, provoca un aumento de las cantidades demandadas, dado que hay más gente dispuesta a comprar ese producto y en más cantidad; por tanto, las existencias acumuladas se esfuman. Paralelamente se observa una disminución de su oferta y reposición.

En este escenario, por lo general, las empresas terminan retirándose del mercado. Otras, competitivamente más holgadas, ven sus ganancias recortadas, compensando estos desajustes con menores inversiones y reduciendo personal.

Una economía rica se mide por la cantidad y calidad de bienes y servicios que puede comercializar, pero al implementar medidas de control en los precios, siempre se deprime el sector productivo, desmantelando en el tiempo la oferta de modo considerable. Esto es lo que pasa en la Argentina desde hace ya más de medio siglo. Y es incomprensible que la administración Fernández insista con las mismas herramientas que nos llevaron al fracaso en todo este último tiempo. 

Existe un motivo central por el cual aumentan los precios en una economía estructuralmente inflacionaria: cuando hay un excedente de dinero en circulación sin respaldo genuino. Claramente, imponer Precios Cuidados (máximos) para dar solución de fondo al problema inflacionario no es la solución, sino todo lo contrario: alimenta las causas del problema. Los efectos producto de las intervenciones del Gobierno son más complejos de lo que los ojos de algunos funcionarios pueden ver; solo falta interiorizarse un poco en el tema como para ver que la historia evidencia sólo fracasos.

Sin ir más lejos, un reciente estudio elaborado por la consultora IDESA refleja que los productos del principal programa oficial de acuerdos de Precios Cuidados impulsados por el Gobierno tuvieron aumentos superiores a la inflación general y también a la inflación de alimentos. Esto es una muestra más de que los acuerdos de precios, por sí solos, no bajan el índice de precios.

La inflación es un fenómeno multicausal, centrado principalmente en la emisión sin respaldo. Es por ello por lo que es lógico razonar que, para abordarla eficientemente, se necesite un conjunto de medidas consistentes. En el actual contexto, lo más importante es un plan económico creíble que contemple la reducción sosteniblemente el déficit fiscal a fin de generar confianza y claras señales de una menor emisión.

El plan de represión inflacionaria que intenta imponer el Gobierno, desde su llegada al poder en diciembre de 2019, corre detrás de la aceleración de los precios y está fracasando. Según detalla la consultora MacroView -cuyo titular es Rodolfo Santángelo- el argumento oficial es que en el primer cuatrimestre no se implementó de lleno la represión: por ejemplo, el dólar oficial se movió más lento -pero no tan lento-, los combustibles subieron para oxigenar los balances de YPF y se aceleró el desliste de productos de precios máximos. En las cabezas oficialistas, se necesita un ajuste de tuercas con más represión.

Destaca asimismo que el IPC haya subido 4,8% en marzo, 4,1% en abril y se encamine arriba de 3% en mayo, habla por sí mismo del fracaso del modelo. Este mes, la inflación interanual escalará al 49% y en junio andará por el 50% anual: el 29% del Presupuesto es historia antigua; y el oficialismo ni siquiera tendrá chance de mostrar una tasa de inflación 2021 inferior al 36% de 2020.

Esto refleja que la actual inflación es de origen macroeconómico, y no micro; tiene que ver esencialmente con desbalances fiscales, monetarios y cambiarios y no con comportamientos monopólicos especulativos sectoriales como especula en su relato el Gobierno. Con los controles no se puede tapar el sol con las manos.

Bajo este régimen, mayor represión de precios implica mayor inflación hacia delante. Represión no sustituye al ajuste macroeconómico y menos a un plan de estabilización.

¿Pero hasta qué punto los precios le importan al Gobierno? La aceleración de la inflación termina inevitablemente, en el corto plazo y en forma poco efectiva, haciendo la tarea sucia que la política nunca quiso asumir en forma ordenada: el ajuste macroeconómico de algunas variables y la disminución relativa del gasto público de la mano de la pulverización de los salarios.


El relato oficial sobre la necesidad de suspender las exportaciones de carnes


El Gobierno hace, erróneamente, un análisis lineal del funcionamiento de la cadena cárnica. Con la estadística en mano toma dos datos y con ellos hace una especie de alquimia que termina en el relato que se ofrece en forma pública.

En las góndolas se ven los corte de carne a precios rebajados.

“El consumo de carne para la mesa de los argentinos se desplomó en este último tiempo y las exportaciones se multiplicaron en el mismo período”, repiten desde las oficinas de Comercio Interior, secretaria que dirige la kirchnerista Paula Español.

Sus conceptos son válidos. El promedio móvil a abril del consumo se desplomó alrededor del 30% entre 2009 (69,3 kilos por habitante) y 2021 (48,2 kilos). Las exportaciones en este mismo período saltaron de 176.000 toneladas (res con hueso) en los primeros cuatro meses de 2009 a poco más de 278.000 toneladas en este año: crecieron cerca del 60%.

El Gobierno piensa que, cortando las exportaciones, los precios bajarán y la carne llegará a la mesa de los 45 millones de argentinos.  Nada más falaz.

-Primero. Supongamos que toda la producción de carne del país se destina al mercado interno y nada se exporta. Los valores de consumo llegarían a los 66 kilos per cápita, lejos todavía de los más de 69 kilos consolidados en aquel 2009. Esto demuestra a las claras que lo que se necesita es un plan ganadero (como hizo Brasil, Uruguay y hasta el mismo gobierno chileno) para aumentar la oferta estructural de hacienda que hoy tiene el país. Con la suspensión de las exportaciones no se resuelve el problema; todo lo contrario, se ahonda. 

-Segundo. La carne no esta cara en las góndolas. Es el salario del argentino que quedó pulverizado en estos tres últimos años. Con una inflación interanual creciendo al 40% y salarios aumentando a un promedio del 30% esta claro que el poder adquisitivo quedo destruido. El mismo problema de la carne lo encontramos con las frutas, las verduras, el combustible y decenas de productos más que quedaron fuera del alcance de los consumidores en estos últimos años.

-Tercero. El relato que los precios de exportación (que son altos hoy para la carne) impactan de lleno en el mercado interno y esto se ve reflejado en la inflación, es otro de los tantos conceptos distorsionados por el Gobierno. Brasil es el principal exportador mundial de carnes bovinas. Cerca del 32% del total de su producción se orienta al mercado externo. Y los últimos datos de abril muestran que la inflación anualizada se la ubica en el 4,3%. Los mismos resultados podemos ver en Estados Unidos, Australia o India, los otros grandes exportadores mundiales de carne.

Los técnicos que maneja el ministro Matías Kulfas tienen estos números y saben que fue un error tomar la decisión de suspender las exportaciones de carne. Pero vuelven a cometer errores ingenuos al tratar de justificar esta mala maniobra. “El mercado se desmadró. Hay subfacturaciones en las exportaciones, evasión interna y un manejo poco transparente en el mercado de Liniers. Si antes del mes todo esto se resuelve y los precios en las góndolas se hacen accesibles, se levantará la suspensión”, señalan desde su entorno. Sin todo esto no se corrigió en las últimas décadas, ¿quién puede pensar que se puede hacer en menos de 30 días?


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