Zarpazos autoritarios

Puede que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se haya propuesto encarcelar o multar a todos aquellos que a su juicio difunden opiniones equivocadas basadas en lo que calificaría de inexactitudes, pero en ciertos ámbitos está más que dispuesto a intentar silenciar a disidentes con métodos propios de una dictadura. El incansable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, frustrado por el hecho innegable de que los esfuerzos de las consultoras privadas por medir la inflación merezcan más confianza tanto en el país como en el exterior que los del Indec, ha elegido censurarlas, multándolas con la friolera de 500.000 pesos por el supuesto delito de difundir cifras que según él son equivocadas, con el propósito evidente de obligarlas a callarse. Para justificar este alarde de autoritarismo que no ocasionaría sorpresa alguna en una tiranía comunista o fascista pero que en la Argentina incluso los regímenes militares hubieran considerado excesivo, Moreno ha echado mano a la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Metodología. Según los técnicos que siguen trabajando en el Indec, en las estadísticas privadas se han detectado “numerosas inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas en las mediciones” que, conforme a la Ley de Lealtad Comercial, pueden “inducir a error, engaño o confusión de, entre otras cosas, el precio y las condiciones de comercialización de bienes”, motivo por el que se cree con derecho a exigirles una cantidad nada desdeñable de dinero. De aplicarse los mismos principios no sólo a los economistas privados que tanto molestan al gobierno sino también a políticos, sindicalistas y las atribuladas amas de casa, Moreno tendría que multar por vaya a saber cuántos millones de pesos a personajes como el jefe de la CGT, Hugo Moyano, por insistir en que lo que llama “la inflación de supermercado” es muchísimo más alta que la oficial, motivo por el que casi todos los sindicatos están reclamando aumentos salariales del 30% o más. También se sentiría constreñido a castigar con severidad aún mayor a la opositora Elisa Carrió por haber previsto que en el año corriente el costo de vida subirá un 50%, además de la multitud de periodistas que, engañados y confundidos por las consultoras, dan a entender que la tasa de inflación auténtica es mucho más elevada que la confeccionada por el Indec intervenido. Asimismo, de producirse un cambio de gobierno en los años próximos, el propio Moreno y sus colaboradores del Indec podrían verse acusados de violar sistemáticamente las leyes que, para asombro de muchos, están empleando para intimidar a quienes, a pesar de las dificultades metodológicas, se arriesgan tratando de calcular la tasa de inflación real. El que el gobierno kirchnerista haya decidido que en la Argentina está prohibido discrepar con el Indec es alarmante. Si ya es contra la ley difundir cifras que no coinciden con las oficiales, sería lógico que Moreno, un hombre de actitudes violentas, procurara amordazar a quienes las creen más verosímiles que las gubernamentales, o sea a virtualmente todos los comentaristas económicos del país. En efecto, so pretexto de querer impedir la propagación de “inexactitudes” numéricas, Moreno, con el aval de la presidenta Cristina, ha puesto en marcha una campaña de persecución ideológica destinada a sembrar temor entre los no convencidos de las bondades del “modelo” populista improvisado por el gobierno porque, como sabe muy bien, las consultoras privadas que están en su mira suelen caracterizarse por su “ortodoxia”. ¿Servirá la intimidación así supuesta para hacer más creíbles las estadísticas procedentes del Indec? Claro que no. Lo que sí hará es sembrar más dudas sobre la vocación democrática de los kirchneristas más fanatizados, individuos como Moreno que, conscientes de que ya han perdido la batalla propagandística que está librándose en torno a la inflación, no pueden pensar en nada mejor que echar mano a una interpretación imaginativa de leyes que fueron redactadas con el fin de impedir abusos comerciales, sin que hasta hace poco se le hubiera ocurrido a nadie aplicarlas a consultoras privadas que están tratando de llenar el vacío dejado por el desmantelamiento de un organismo estadístico que, antes de la llegada del interventor y su gente, disfrutaba del respeto internacional.