Reforma penal: el STJ atribuyó las demoras a la Procuración

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, salió al cruce de las críticas de legisladores ante la postergación de la implementación del Código Procesal Penal, adjudicándole responsabilidad a la procuradora general, Silvia Baquero Lazcano.

En un informe remitido a la Comisión Interpoderes, la jueza plasmó “las acciones llevadas a cabo durante el presente ejercicio por parte del Poder Judicial, a través de la Unidad creada al efecto de implementar el Código de Procedimiento Penal”.

Cabe recordar que en la última sesión de la Legislatura, además de sancionarse la extensión de los plazos hasta el 1 de agosto del 2017, se dispuso la realización de informes mensuales de avance.

En esa reunión parlamentaria hubo cuestionamientos a la Justicia desde todo el arco político. Entre ellos, Facundo López, de Juntos Somos Río Negro, recordó que la norma se sancionó en diciembre de 2014 y “estuvieron dos años para ponerla en marcha y como hay que hacer obras de infraestructura se le otorgó una excepción a la ley de contrataciones y se le dieron partidas por separado, se cambió la ley orgánica de la Policía, pero el Poder Judicial no se pudo poner de acuerdo para implementarla”.

Por ello, Piccinini refirió que “la postergación de la implementación de la Reforma obedeció a una solicitud de la Procuración General en pos de necesidades operativas y ajustes en la dinámica de gestión de las Fiscalías”.

El informe da cuenta que con el presupuesto 2016 se aprobaron recursos para la Reforma, por casi 90 millones de pesos.

También se destaca que se creó la Unidad de Implementación en febrero con la participación de todas las áreas auxiliares involucradas, tanto del STJ como de la Procuración.

En este ámbito se decidieron “sobre temáticas como alquileres; contrataciones de hardware informático; contratación del software que la Procuración requirió para la implementación de la Reforma; realización de las carpetas requeridas por los Fiscales; concursos necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo paradigma; cronograma de capacitación de jueces, fiscales, defensores, abogados, funcionarios, empleados y periodistas; mobiliario necesario; refuncionalizaciones edilicias en función de la Reforma; compras y licitaciones varias; se aprobaron los nuevos indicadores del Código de Buenas Prácticas, de manera de optimizar la información estadística necesaria para la Reforma; se convinieron las obras públicas necesarias para ubicación de shelters (sistemas para el resguardo de información), tendido de fibra óptica, entre otras”.

“La postergación obedeció a una solicitud de la Procuración en pos de necesidades operativas y de ajustes en la dinámica de gestión”.

Liliana Piccinini, titular

del STJ, en su informe a

la Comisión Interpoderes.