Río Negro: la Justicia todavía frena las subas

Media provincia de Río Negro aguarda expectante resoluciones judiciales definitivas, aunque para ella ya rige una suspensión provisoria del incremento que se instrumentó desde el gobierno nacional para las tarifas del gas.

En el caso del este rionegrino, donde tiene jurisdicción el Juzgado Federal de Viedma, el fallo suspende las medidas y otorga un plazo de 8 días para que el Enargas y Camuzzi respondan con argumentos sólidos por qué no se convocó a audiencia pública y cuáles son los motivos de los aumentos.

Con los informes, la jueza Mirta Filipuzzi deberá resolver si deja firme la prohibición o revisa su decisión.

El fallo de la magistrada hizo lugar al recurso de amparo que interpusieron legisladores del Frente para la Victoria y una entidad de Defensa al Consumidor.

Además, en otro trámite paralelo la jueza tomó igual decisión con el recurso de la defensora del Pueblo, Nadina Díaz y adelantó que se seguirá con el mismo análisis si hubiera más presentaciones. En ese caso, la medida alcanza a los departamentos de Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta y 9 de Julio.

En tanto, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, frenó a fines de mayo el aumento en la tarifa de gas en ese distrito patagónico al hacer lugar a un recurso de amparo.

En su fallo, dispuso que las tarifas se retrotraigan al 31 de marzo pasado, por un plazo de tres meses, al tiempo que prohibió que la distribuidora Camuzzi implemente cortes en el suministro por falta de pago.

La defensora del Pueblo adelantó que a medida que se vayan publicando nuevas resoluciones en el Boletín Oficial que determinen topes o incrementos en las tarifas sin debida justificación y sin participación ciudadana, reiterará los recursos de amparo en el ámbito federal.

Preocupación nacional

La situación de los múltiples recursos legales presentados no sólo en la región sino también a nivel nacional preocupa a la Casa Rosada. La estrategia central para desarmar ese reclamo legal es que intervengan los gobernadores, pero muchos de los amparos presentados provienen de la oposición o de organismos no gubernamentales fuera de la órbita ejecutiva.

La principal estrategia que tiene por ahora el gobierno nacional es presentar un recurso en la Corte Suprema para que defina el cuestionamiento de fondo y termine así con la ola de reclamos de que no para de crecer.

No sólo la aplicación efectiva de los aumentos está en duda por los recursos judiciales. La implementación de la tarifa social también deja más dudas que certezas.

“Más allá de que se promueva una tarifa social, lo cierto es que el régimen ilegal se sigue manteniendo por la puesta en vigencia de resoluciones que otorgan aumento sin la debidas audiencia pública y sin clara justificación”, dijo el legislador Nicolás Rochás.

“Sólo se impuso un tope y se establecieron requisitos para acceder al beneficio, que no se sabe si será de oficio o deberá gestionarlo el usuario”, afirmó.

Desde la Defensoría, en tanto, se informó que existe en la página web del Enargas un link para llenar un formulario para gestionar el acceso a la tarifa social.

También puede gestionarse en las oficinas de las distribuidoras de gas y electricidad ubicadas en las distintas localidades de esta provincia.

Los números

El gobierno nacional busca desactivar esta ola de presentaciones judiciales con ayuda de los gobernadores y con una recurso en la Corte Suprema.

“El régimen ilegal se sigue manteniendo por la puesta en vigencia de resoluciones sin la debidas audiencias públicas”,

argumentó el diputado provincial Nicolás Rochás del Frente para la Victoria.

de gas son los que tiene la provincia de Río Negro. De ellos, 190.000 son domiciliarios. El resto se reparte en comerciales e industriales.

212.000 usuarios

son los que consume en promedio un usuario residencial neuquino por año. El promedio es más alto que el de Río Negro, que es de 3.000.

3.600 m³