28 años de radicalismo en Río Negro
Saiz inicia el último de sus ocho años de gestión fuertemente cuestionado por sus copartidarios. El resquebrajamiento sacude a todo el oficialismo.
En estos días, la provincia de Río Negro vive el comienzo del octavo y último año de gestión del gobernador Miguel Saiz. Este año se cumplen 28 años de gobiernos elegidos por el voto popular. Apenas cuatro personas –todos ellos hombres– estuvieron al frente del Poder Ejecutivo durante todos estos años. También fueron hombres quienes ocuparon la presidencia de la Legislatura –luego vicegobernación–, y en los siete períodos, sólo ocho personas ocuparon cargos en las máximas funciones de gobierno desde 1983. En ese lapso, la provincia vivió varias crisis nacionales, el cambio en la relación nacional de partidos políticos, circunstancias internacionales más y menos ventajosas. Pero aquí siguió gobernando el radicalismo que, como en una monarquía sin corona, eligió siempre su propia sucesión de poder mediante el uso del aparato del Estado para encumbrarse y debilitar a la oposición. La circunstancia es propicia para una evaluación del papel que Miguel Saiz ha jugado en ese esquema de traspaso del mando, que de republicano ha tenido más formalidad que sustento en principios y métodos. La Constitución de 1957 prohibía en Río Negro la reelección inmediata. El primer gobernador en democracia, Osvaldo Álvarez Guerrero, acató esa norma. Lo sucedió Horacio Massaccesi, durante cuyo mandato se reformó la Constitución para habilitar una reelección consecutiva e incluso más, siempre que transcurra un período intermedio. Esa reforma inauguró un estilo en el radicalismo gobernante que buscó retener el poder para el partido, aun a costa de que éste discurriera de una a otra línea interna. Para lograrlo, se habilitó el uso indiscriminado de los recursos y medios del Estado provincial, que poco a poco fue desdibujando sus límites para fundirse con las estructuras partidarias. Como los vicios no suelen venir de a uno, crecieron las sospechas de corrupción, no sólo aquellas consistentes en “robar para la Corona” sino otras más individuales. El oficio de político oficialista se volvió rentable en muchos casos, en los que desplazó sin pudores a la austeridad republicana de la que se enorgullecían Illia, Balbín y hasta el propio Alfonsín. La necesidad de mantener impunes tales actos forzó otro vicio: el avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, que se advirtió en presiones desembozadas y en la designación de jueces y fiscales proclives a pactar con el poder político, factor que en poco tiempo derrumbó la calidad de la Justicia en la provincia, algo que sufrieron los ciudadanos aun en la investigación de delitos comunes. Al concluir la gestión Massaccesi, Pablo Verani se mostró como la contracara que acabaría con el dispendio en el Estado, y durante dos períodos cumplió… pero con los suyos: garantizó impunidad a los sospechados de gestiones anteriores, mantuvo en el Ejecutivo a quienes habían sido funcionarios de las primeras, segundas y terceras líneas y sumó encima de ellos su propia capa de designados políticos, contratados y punteros. El Estado ya era gigante, pero no por ello eficiente. La Caja de Previsión Social sucumbió bajo el peso de malas decisiones políticas, lo mismo que el Ipross, la obra social estatal que requirió desde entonces incesantes aportes extraordinarios del Tesoro. Mientras esto sucedía, tanto Massaccesi como Verani tentaban a dirigentes peronistas con cargos en el Ejecutivo o en la Justicia, disparando bajo la línea de flotación a una oposición que no pudo contrarrestar el uso del aparato del Estado y a la cual la reiteración de fracasos provinciales desalentó y dividió. Tras los dos períodos de gobierno, la UCR designó como candidato a Miguel Saiz, quien presidía por entonces el bloque radical. Pero sin la formación republicana de Álvarez Guerrero, sin la audacia de Massaccesi, y sin el liderazgo de Verani, Saiz aparecía como un dirigente sin protagonismo, cuyo principal mérito fue evitar una interna violenta. Ese mismo perfil bajo que lo había librado de enemigos declarados lo convirtió en prenda de unidad… y, finalmente… en gobernador. Claro que él mismo no había soñado llegar a ese cargo y no había adquirido capacidades de manejo para afrontar la tarea. Tampoco contaba con un equipo homogéneo y experto. Su gabinete se integró merced a una combinación de reparto entre sectores internos y afinidades personales. El rasgo distintivo de la gestión Saiz fue, desde aquellos inicios en 2003 su tendencia a confiar en muy pocas personas. Esta característica privó a sus gobiernos de reuniones de gabinete periódicas y, por ende, de planificación e integración institucionales. Con un puñado de confidentes y una menos que mesurada dedicación al cargo, pronto fue cerrando su círculo de consultas, hasta restringirlo a dos o tres personas, que se convirtieron en decisores y llaves de acceso al gobernador. En la primera gestión, Bautista Mendioroz, Iván Lazzeri y Daniel Sartor ocuparon esos roles. En la segunda, César Barbeito, Víctor Cufré y Oscar “Gomito” Gómez. Barbeito comenzó siendo el ministro político y, luego, su habilidad en ese plano lo llevó como titular de Educación, la cartera más relevante en cuanto a personal y a participación en el Presupuesto, pese a no poseer antecedentes pedagógicos de relevancia. Hoy es el candidato de Saiz para la sucesión, resuelto a competir en una interna frente al vice Bautista Mendioroz y al ex diputado nacional Fernando Chironi. Gómez mantuvo con Saiz el rol de delegado de Río Negro ante el BID que había tenido ya con Pablo Verani. Lo hizo mediante un contrato de servicios que lo mantenía fuera de la plantilla y de los controles del Estado provincial. Hoy trabaja para el BID, pero sigue participando de decisiones clave de gobierno, como lo prueba su protagonismo en la negociación y la firma del convenio de agronegocios en grandes superficies firmado por la Provincia y la empresa estatal china Hellongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group Co, LT. Cufré, en tanto, ancló su rol de jefe de Policía a una estrecha relación con el gobernador, cuya esencia y fundamento dio lugar a más versiones que a datos concretos, pero que sin duda se vincula con el gusto personal que ambos profesan por la actividad social y de entretenimiento propia de la noche más que con cuestiones de la función pública. Tan fuerte fue la lealtad sellada entre ambos que Saiz lo mantuvo en el cargo a pesar de los múltiples desaciertos del policía y el evidente derrumbe de la calidad de la institución. Casos de brutalidad policial y de tratos inhumanos en comisarías provinciales derivaron en el ascenso de Cufré a secretario de Seguridad. Las denuncias de corrupción durante su período no cesaron pero tampoco evolucionaron mucho en la Justicia. Fueron motorizadas principalmente por la defensora del Pueblo de la Provincia, la ex diputada radical Ana Piccinini, convertida por el gobierno en su “enemiga número Uno”, que mostró en su rol de control la misma tenacidad que había empleado antes en respaldar a gobiernos de su partido. Recién en este segundo período, la oposición comenzó a reagruparse y a adquirir protagonismo –sobre todo por el accionar de Luis Bardeggia, Carlos Soria y su hijo, el legislador Martín Soria, y de Pedro Pesatti–, al tiempo en que el oficialismo se resquebrajaba bajo el desgaste de más de dos décadas de una gestión endocéntrica y hegemónica. Hoy, Saiz inicia el último tramo de su gestión, con buena imagen en el electorado pero fuertemente cuestionado por sus copartidarios, habiendo trasladado a sus sucesores el peso de la deuda pública y legando un Estado que no paró de sumar empleados pero que languidece de descontrol y desfinanciamiento.
PANORAMA RIONEGRINO
Alicia Miller amiller@rionegro.com.ar
PESADA HERENCIA
Lo que deja Saiz
En estos días, la provincia de Río Negro vive el comienzo del octavo y último año de gestión del gobernador Miguel Saiz. Este año se cumplen 28 años de gobiernos elegidos por el voto popular. Apenas cuatro personas –todos ellos hombres– estuvieron al frente del Poder Ejecutivo durante todos estos años. También fueron hombres quienes ocuparon la presidencia de la Legislatura –luego vicegobernación–, y en los siete períodos, sólo ocho personas ocuparon cargos en las máximas funciones de gobierno desde 1983. En ese lapso, la provincia vivió varias crisis nacionales, el cambio en la relación nacional de partidos políticos, circunstancias internacionales más y menos ventajosas. Pero aquí siguió gobernando el radicalismo que, como en una monarquía sin corona, eligió siempre su propia sucesión de poder mediante el uso del aparato del Estado para encumbrarse y debilitar a la oposición. La circunstancia es propicia para una evaluación del papel que Miguel Saiz ha jugado en ese esquema de traspaso del mando, que de republicano ha tenido más formalidad que sustento en principios y métodos. La Constitución de 1957 prohibía en Río Negro la reelección inmediata. El primer gobernador en democracia, Osvaldo Álvarez Guerrero, acató esa norma. Lo sucedió Horacio Massaccesi, durante cuyo mandato se reformó la Constitución para habilitar una reelección consecutiva e incluso más, siempre que transcurra un período intermedio. Esa reforma inauguró un estilo en el radicalismo gobernante que buscó retener el poder para el partido, aun a costa de que éste discurriera de una a otra línea interna. Para lograrlo, se habilitó el uso indiscriminado de los recursos y medios del Estado provincial, que poco a poco fue desdibujando sus límites para fundirse con las estructuras partidarias. Como los vicios no suelen venir de a uno, crecieron las sospechas de corrupción, no sólo aquellas consistentes en “robar para la Corona” sino otras más individuales. El oficio de político oficialista se volvió rentable en muchos casos, en los que desplazó sin pudores a la austeridad republicana de la que se enorgullecían Illia, Balbín y hasta el propio Alfonsín. La necesidad de mantener impunes tales actos forzó otro vicio: el avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, que se advirtió en presiones desembozadas y en la designación de jueces y fiscales proclives a pactar con el poder político, factor que en poco tiempo derrumbó la calidad de la Justicia en la provincia, algo que sufrieron los ciudadanos aun en la investigación de delitos comunes. Al concluir la gestión Massaccesi, Pablo Verani se mostró como la contracara que acabaría con el dispendio en el Estado, y durante dos períodos cumplió… pero con los suyos: garantizó impunidad a los sospechados de gestiones anteriores, mantuvo en el Ejecutivo a quienes habían sido funcionarios de las primeras, segundas y terceras líneas y sumó encima de ellos su propia capa de designados políticos, contratados y punteros. El Estado ya era gigante, pero no por ello eficiente. La Caja de Previsión Social sucumbió bajo el peso de malas decisiones políticas, lo mismo que el Ipross, la obra social estatal que requirió desde entonces incesantes aportes extraordinarios del Tesoro. Mientras esto sucedía, tanto Massaccesi como Verani tentaban a dirigentes peronistas con cargos en el Ejecutivo o en la Justicia, disparando bajo la línea de flotación a una oposición que no pudo contrarrestar el uso del aparato del Estado y a la cual la reiteración de fracasos provinciales desalentó y dividió. Tras los dos períodos de gobierno, la UCR designó como candidato a Miguel Saiz, quien presidía por entonces el bloque radical. Pero sin la formación republicana de Álvarez Guerrero, sin la audacia de Massaccesi, y sin el liderazgo de Verani, Saiz aparecía como un dirigente sin protagonismo, cuyo principal mérito fue evitar una interna violenta. Ese mismo perfil bajo que lo había librado de enemigos declarados lo convirtió en prenda de unidad… y, finalmente… en gobernador. Claro que él mismo no había soñado llegar a ese cargo y no había adquirido capacidades de manejo para afrontar la tarea. Tampoco contaba con un equipo homogéneo y experto. Su gabinete se integró merced a una combinación de reparto entre sectores internos y afinidades personales. El rasgo distintivo de la gestión Saiz fue, desde aquellos inicios en 2003 su tendencia a confiar en muy pocas personas. Esta característica privó a sus gobiernos de reuniones de gabinete periódicas y, por ende, de planificación e integración institucionales. Con un puñado de confidentes y una menos que mesurada dedicación al cargo, pronto fue cerrando su círculo de consultas, hasta restringirlo a dos o tres personas, que se convirtieron en decisores y llaves de acceso al gobernador. En la primera gestión, Bautista Mendioroz, Iván Lazzeri y Daniel Sartor ocuparon esos roles. En la segunda, César Barbeito, Víctor Cufré y Oscar “Gomito” Gómez. Barbeito comenzó siendo el ministro político y, luego, su habilidad en ese plano lo llevó como titular de Educación, la cartera más relevante en cuanto a personal y a participación en el Presupuesto, pese a no poseer antecedentes pedagógicos de relevancia. Hoy es el candidato de Saiz para la sucesión, resuelto a competir en una interna frente al vice Bautista Mendioroz y al ex diputado nacional Fernando Chironi. Gómez mantuvo con Saiz el rol de delegado de Río Negro ante el BID que había tenido ya con Pablo Verani. Lo hizo mediante un contrato de servicios que lo mantenía fuera de la plantilla y de los controles del Estado provincial. Hoy trabaja para el BID, pero sigue participando de decisiones clave de gobierno, como lo prueba su protagonismo en la negociación y la firma del convenio de agronegocios en grandes superficies firmado por la Provincia y la empresa estatal china Hellongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group Co, LT. Cufré, en tanto, ancló su rol de jefe de Policía a una estrecha relación con el gobernador, cuya esencia y fundamento dio lugar a más versiones que a datos concretos, pero que sin duda se vincula con el gusto personal que ambos profesan por la actividad social y de entretenimiento propia de la noche más que con cuestiones de la función pública. Tan fuerte fue la lealtad sellada entre ambos que Saiz lo mantuvo en el cargo a pesar de los múltiples desaciertos del policía y el evidente derrumbe de la calidad de la institución. Casos de brutalidad policial y de tratos inhumanos en comisarías provinciales derivaron en el ascenso de Cufré a secretario de Seguridad. Las denuncias de corrupción durante su período no cesaron pero tampoco evolucionaron mucho en la Justicia. Fueron motorizadas principalmente por la defensora del Pueblo de la Provincia, la ex diputada radical Ana Piccinini, convertida por el gobierno en su “enemiga número Uno”, que mostró en su rol de control la misma tenacidad que había empleado antes en respaldar a gobiernos de su partido. Recién en este segundo período, la oposición comenzó a reagruparse y a adquirir protagonismo –sobre todo por el accionar de Luis Bardeggia, Carlos Soria y su hijo, el legislador Martín Soria, y de Pedro Pesatti–, al tiempo en que el oficialismo se resquebrajaba bajo el desgaste de más de dos décadas de una gestión endocéntrica y hegemónica. Hoy, Saiz inicia el último tramo de su gestión, con buena imagen en el electorado pero fuertemente cuestionado por sus copartidarios, habiendo trasladado a sus sucesores el peso de la deuda pública y legando un Estado que no paró de sumar empleados pero que languidece de descontrol y desfinanciamiento.
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