Lo que quieren

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Vivimos en una democracia, de suerte que es deber del gobierno hacer lo que le pida la mayoría de los ciudadanos. ¿Correcto? Sólo a medias, porque son muchas las ocasiones en las que un intento por parte de un gobierno de complacer a la mayoría podría tener consecuencias catastróficas. Es así no meramente cuando los más se afirman en favor de políticas malignas, como en efecto ocurrió en Alemania a comienzos de los años treinta del siglo pasado, sino también cuando lo que reclaman es irracional. Por ejemplo, según las encuestas de opinión más recientes, la mayoría de los argentinos se opone por completo a la política económica, repudiando tanto el ajuste fiscal como el impuestazo, pero el gobierno tendría que ser sumamente irresponsable para permitir que las protestas de este tipo incidieran en su gestión. Como todos salvo los más obtusos entenderán, abandonar los esfuerzos por reducir el gasto público o decidirse a no cobrar más impuestos desataría enseguida una crisis de dimensiones impresionantes que perjudicaría a virtualmente todos.

Un populista es un demagogo que siempre trata de adaptarse a la «voluntad popular» sin preocuparse por las secuelas, las cuales podrá atribuir a las malas artes de sus enemigos. En cambio, un estadista es un político que se obstina en hacer lo que él personalmente cree es lo mejor, tomando en cuenta no sólo el corto plazo sino también el largo. Durante muchos años una proporción llamativa de los «dirigentes» militaba en las filas del populismo, con el resultado previsible de que el país pasó de una catástrofe a otra hasta llegar a su condición actual. A partir del paroxismo hiperinflacionario, empero, los gobernantes han tratado de actuar como estadistas, priorizando lo que podría calificarse de sentido común, a pesar de la falta de comprensión de amplios sectores de la sociedad.

Por razones evidentes, convendría que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, lo mismo que sus eventuales sucesores, siguieran privilegiando el realismo aun cuando la mayoría abrumadora de sus conciudadanos los crea equivocados, pero no puede decirse que la brecha que se ha formado entre el accionar de los dirigentes y la voluntad de «la gente» carezca de importancia. Por el contrario, de persistir -y todo hace pensar que sí persistirá- podría redundar en la degradación de la democracia nacional, que en última instancia depende de la conciencia generalizada de que el gobierno de turno representa a grandes rasgos la opinión de la mayoría o de la «primera minoría» que lo eligió. Sin embargo, en la actualidad éste no es el caso. Si bien luego de que el gobierno menemista consiguiera derrotar la inflación, la mayoría le perdonó el haber traicionado a sus banderas electorales, los demás políticos cometerían un grave error si llegaran a la conclusión de que de ahora en adelante les es lícito prometer cualquier cosa durante sus campañas electorales porque nadie los obligaría a honrar sus compromisos después.

Tanto los aliancistas como los peronistas parecen convencidos de que ningún movimiento cuyos representantes dijeran la verdad antes de celebrarse una elección presidencial tendría la más mínima posibilidad de conquistar el poder, de ahí las mentiras electoralistas. Mientras piensen de este modo, la política nacional continuará asemejándose a una competencia entre varios equipos de estafadores resueltos a engañar a los votantes hasta que un día éstos se cansen del juego y, para asombro de «los políticos de raza», opten por el candidato más sincero. Es de esperar que esto ocurra pronto. Si bien en todos los países es normal que los candidatos políticos exageren un tanto, subrayando los presuntos beneficios que traerían sus propuestas sin mencionar los costos, no lo es que haya un abismo profundo entre las promesas por un lado y lo que harán los ganadores por el otro. A menos que nuestros dirigentes democráticos consigan reducirlo al mínimo, todos podrían terminar precipitándose en él, compartiendo así el destino de sus equivalentes venezolanos que, en última instancia, fueron víctimas no de la demagogia propia, sino de la variante más agresiva del ex golpista Hugo Chávez.