Gagliardi no se presentó a la indagatoria en la Justicia

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La flamante ley de fueros no tuvo los efectos deseados en la citación a indagatoria al senador Nacional Edgardo Gagliardi, que ayer se excusó de asistir por medio de su abogado, aunque no trascendieron las razones expuestas.

El juez Juan Manuel García Berro libró la cédula de notificación el pasado 26 de setiembre y fijó la fecha de la indagatoria para ayer, sin especificar horario, en relación con una causa por «defraudación contra la administración pública». La causa fue iniciada por una afiliada radical, Patricia Baena, quien denunció a Gagliardi por haber cobrado haberes a su nombre, sin que ella supiera que había sido nombrada en la Legislatura rionegrina con un sueldo mensual de 2.100 pesos.

Gagliardi no pudo ser ubicado por «Río Negro» ni en su domicilio ni en su despacho del Senado, pero ayer se comunicó con Radio Nacional para responder a la acusación. Explicó que «obra en la Legislatura el legajo firmado por Patricia Baena, quien no permaneció en el cargo más de seis meses porque no satisfizo las expectativas». Reconoció que había cobrado los haberes de la reclamante, mediante una autorización, pero que se los había transferido y que obra en su poder «una nota firmada por ella cuando cesó en sus funciones, donde manifiesta que no tiene nada que reclamar».

El senador sospecha que «aprovechando el río revuelto en el Senado trata de extorsionarme», y aseguró que se presentará ante la justicia para aclarar su situación, pero no explicó por qué no concurrió a la audiencia de ayer.

Gagliardi se manifestó sorprendido de que la causa tomara nuevo impulso después de cuatro años, pero no es la primera vez que esquiva la acción de la justicia. En enero de 1996 el ex juez Fernando Bajos debía indagarlo por malversación de fondos, y aprovechó el lapso entre el cese como gobernador y su designación como senador para notificarlo. En el Senado se resistían al ingreso de aspirantes con causas judiciales pendientes, y Bajos lo buscó sin descanso en Buenos Aires y en Bariloche.

Al enterarse que un vecino de apellido Novak lo había trompeado en un bar céntrico, hizo que la policía rodeara la casa de Gagliardi y lo notificara, pero nunca se presentó a la indagatoria.

Unos días después, el abogado roquense Gustavo Martínez denunció a Gagliardi por el nombramiento de una dotación de personal para el Senado, cuando aún no habían sido aceptados sus pliegos, pero el desafuero no se concretó.

El 21 de mayo de 1995 Bajos también pidió el desafuero de Gagliardi para interrogarlo por malversación de fondos de la ex Encotel, que fueron utilizados con fines distintos a los previstos, pero tampoco lo logró.

El 16 de julio de 1996 el ex juez Víctor Ramírez Cabrera volvió a pedir su desafuero, por entorpecer la investigación que se realizaba en relación con los «ñoquis» de la Legislatura. Ramírez Cabrera sospechaba que Gagliardi había hecho incurrir en desobediencia judicial, por escrito, a los funcionarios que debían responder a las requisitorias. Había estado circulando el panfleto del «Restaurant La Papa», donde mencionaban a cien «ñoquis» de la Legislatura.

Las denuncias de Baena, Silvia Pereyra y María Ñancucheo, de Bariloche, se hicieron públicas el 2 de setiembre de 1996, después que las mujeres comprobaran que figuraban como empleadas de la Legislatura, sin cobrar o cobrando menos de lo que consignaban los recibos originales.