Manos sucias

Una consecuencia de la renuncia de "Chacho" es la ofensiva judicial destinada a inspeccionar las fortunas impresionantes de políticos.

Redacción

Por Redacción

Desde hace muchos años la corrupción figura en un lugar destacado en la lista de prioridades de la ciudadanía y por lo tanto de los políticos que la representan y que, en muchos casos, alcanzaron puestos eminentes debido precisamente a su presunta voluntad de librar una guerra sin cuartel contra quienes aprovechan el poder para enriquecerse. Además, es de suponer que con escasas excepciones todos los vinculados con la Justicia, sobre todo los jueces, son contrarios al crimen y que por lo tanto colaborarían vigorosamente con cualquier intento de separar a los delincuentes de los políticos honorables. Así las cosas, sería razonable dar por descontado que los comprometidos con la honestidad no se enfrentarían con demasiadas dificultades a la hora de investigar las denuncias formuladas contra personajes tan notorios como los senadores peronistas Emilio Cantarero, Jorge Massat y Augusto Alasino, trío que son objeto de una pesquisa a cargo del fiscal federal Paul Starc que, al parecer, servirá de punto de partida para una investigación mucho más amplia que abarque a todos los miembros de la cámara alta.

La tarea que enfrentan los investigadores no debería resultar muy onerosa. Después de todo, sólo es cuestión de comparar la declaración jurada presentada por un político un año con las correspondientes a otros o, en ciertos casos, con la situación patrimonial que se ve reflejada por su estilo de vida. Sin embargo, por motivos que hasta hace muy poco ningún dirigente político ha querido explicar, las operaciones relativamente sencillas así supuestas parecen haber resultado excesivamente complicadas para quienes una y otra vez se afirmaron resueltos a poner fin a la corrupción. Con frecuencia han transcurrido lustros enteros entre una denuncia original y el esfuerzo, por lo común poco serio, por aclarar la verdad, lo cual, obvio es decirlo, hace pensar que la mayoría de los políticos y muchos jueces estaban en favor de las prácticas que solían deplorar con elocuencia conmovedora.

Parecería que muchos senadores nacionales son personas sumamente olvidadizas, tanto que no estarían en condiciones de legislar si su falta de memoria no se debiera a sus labores hercúleas en pro del bien público. Según se informó, en las declaraciones juradas de muchos senadores -si es que las han completado- se han omitido mencionar automóviles, inmuebles, terrenos y grandes sumas de dinero o, como ya es tradicional, se han subvaluado propiedades importantes de manera grosera con el presunto fin de evadir impuestos. A veces, el patrimonio de senadores bien conocidos ha variado de forma dramática de un año para otro, sin que hayan brindado explicación alguna del fenómeno. Mientras que las autoridades impositivas están dispuestas a bombardear a ciudadanos privados con cartas intimidatorias cuando creen detectar una anomalía menor de cien pesos o menos, hasta hace muy poco no manifestaban ningún interés en las sumas a veces multimillonarias que han «perdido» o reencontrado los padres de la patria.

Por fortuna, en las semanas últimas los preocupados por la actitud de senadores y otros políticos han recibido algunos motivos para esperar que el largo reinado de la impunidad esté por terminar. Una consecuencia muy positiva de la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez ha consistido en una suerte de ofensiva judicial destinada a inspeccionar con más detenimiento las fortunas impresionantes que han sabido acumular ciertos políticos. Entre otras medidas, distintos jueces han empezado a requerir las declaraciones juradas de políticos notorios. Asimismo, juristas del Frepaso están preparando lo que Alvarez ha llamado una «megacausa» destinada a investigar el enriquecimiento con toda seguridad ilícito de muchos senadores, y en vista de la información ya disponible sorprendería que no llegara a la conclusión de que algunos son culpables de gravísimas irregularidades que deberían servir no sólo para expulsarlos de la vida pública sino también asegurar que pasen muchos años entre rejas, destino que en buena lógica deberían compartir otros individuos que acaso no han robado nada, pero que han actuado como cómplices de personajes que nunca han vacilado en enriquecerse a costa de sus compatriotas.


Desde hace muchos años la corrupción figura en un lugar destacado en la lista de prioridades de la ciudadanía y por lo tanto de los políticos que la representan y que, en muchos casos, alcanzaron puestos eminentes debido precisamente a su presunta voluntad de librar una guerra sin cuartel contra quienes aprovechan el poder para enriquecerse. Además, es de suponer que con escasas excepciones todos los vinculados con la Justicia, sobre todo los jueces, son contrarios al crimen y que por lo tanto colaborarían vigorosamente con cualquier intento de separar a los delincuentes de los políticos honorables. Así las cosas, sería razonable dar por descontado que los comprometidos con la honestidad no se enfrentarían con demasiadas dificultades a la hora de investigar las denuncias formuladas contra personajes tan notorios como los senadores peronistas Emilio Cantarero, Jorge Massat y Augusto Alasino, trío que son objeto de una pesquisa a cargo del fiscal federal Paul Starc que, al parecer, servirá de punto de partida para una investigación mucho más amplia que abarque a todos los miembros de la cámara alta.

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