Cuestionan la reforma a la elección de jueces
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La procuradora general Liliana Piccinini y la asociación “Familiares del Dolor” cuestionaron la decisión de los legisladores que promovieron la modificación en la metodología de designación de jueces y magistrados en forma inconsulta. La Procuradora señaló que aún no fue consultada pese a ser miembro permanente del Consejo de la Magistratura y advirtió que “este tipo de leyes que reglamenta la función de un órgano extrapoder preconstituido por la Constitución impone la consulta previa para la elaboración de su reforma a todos los sectores involucrados”. Recordó que “es una ley que atraviesa la vida misma del Poder Judicial” por lo que consideró “saludable” que la Legislatura convoque a “todos los segmentos representados en el Consejo”. Advirtió que sólo la consulta requerida puede “imprimir un tratamiento serio y pluralista” a la futura ley, que difícilmente se alcance con “el exiguo período de segunda vuelta donde se pueden proponer modificaciones a un proyecto ya aprobado”. En tanto, Carlos Pablo expresó por Familiares del Dolor “el más enérgico rechazo a la pretendida reforma del régimen de selección y designación de funcionarios y magistrados judiciales. Señaló que “de ser hipotéticamente aprobada, lejos se encuentra de propender al mejoramiento del sistema de elección” de jueces. A su juicio, la iniciativa “aumenta la discrecionalidad de los consejeros al posibilitarles integrar el jurado examinador sin exigírseles el requisito de ser abogado”. Consideró que “sin duda afectará a quien más capacitado se encuentre para el cargo al que se postula” y tendrá más incidencia “la decisión el poder político que el conocimiento, la capacidad y la honestidad”. Afirmó que “en un retroceso que jamás vamos a permitir, se pretende cercenar o restringir nuevamente el acceso de la ciudadanía a información eminentemente pública, ya que la publicación de los resultados de los exámenes no se realizará en la forma en que se venía haciendo”, cuestionando también la eliminación de “la exigencia mínima del postulante de tener 70 puntos para estar en condiciones de ser elegido, desde que tal supresión fomenta la mediocridad y consecuentemente resiente el servicio de administración de justicia”. Estimó contradictorio que se exponga como justificativo para la reforma de la ley la necesidad de establecer mecanismos de selección más rápidos (resignando la excelencia y calidad), mientras por el otro continúa la facultad de designar jueces sustitutos. Pidieron a los autores que “asuman que la misma implica un claro retroceso y un menoscabo injustificable de los derechos de la ciudadanía”.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
