Piden mayor control municipal para Bariloche
El Tribunal de Cuentas reclamó mayores poderes para sancionar a los funcionarios y políticos que cometen irregularidades en su gestión. Sostienen que se debe terminar la "impunidad de los gobernantes", los cuales deberían responder con su patrimonio personal ante los desmanejos que hacen en el gobierno. No obstante, para lograr esto, se debería reformar la Carta Orgánica municipal, que reglamenta las facultades de cada uno de los poderes.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los miembros del Tribunal de Cuentas insistieron en la necesidad de ampliar las facultades de contralor que le otorga la legislación municipal y consideraron que el difícil momento institucional que atraviesa la comuna es «oportuno» para impulsar el tema con firmeza.
Jaqueado por una severa crisis económica y el resquebrajamiento de los poderes municipales desde principios del 2001, el gobierno en su conjunto eludió en forma sistemática el requerimiento de fortalecer los contralores formulado desde el órgano revisor.
Entre las facultades planteadas en el proyecto impulsado por el TdC se promueve la instancia del «juicio administrativo de responsabilidad» a funcionarios y agentes públicos, con la aplicación de multas para quienes incumplan las rendiciones de cuentas y transgredan normas administrativas.
El presidente del Tribunal, Pablo Rubertti, eligió una frase de su par de La Pampa, Natalio Pérez, para explicar la profunda necesidad de la reforma reclamada en Bariloche. «La gente pide transparencia en el manejo de los fondos públicos y efectividad en los organismo de control, pero para eso hay que tener facultades» parafraseó.
La iniciativa, promovida en febrero de 2000, fue bien vista por la mayoría de los concejales pero no prosperó por divergencias de orden legislativo. El argumento esgrimido fue que las facultades del órgano de contralor están reguladas por la Carta Orgánica y su ampliación o modificación demandaría la reforma de la norma madre del municipio, redactada en 1986.
Los integrantes del Tribunal continúan defendiendo a capa y espada el proyecto de ordenanza elaborado para reglamentar sus propias atribuciones, aun si fuera necesaria la actualización de la Carta Magna.
La iniciativa original fue reformulada y canalizada a través del edil peperreísta Claudio Lueiro, quien volvió a imponerlo entre los temas de tratamiento del Concejo Municipal.
«Si nosotros hubiéramos tenido poderes sancionatorios muchas de la cosas que nos llevaron a la crítica situación actual no hubieran sucedido» explicó la vocal, Nora García.
La evaluación sobre el funcionamiento de la administración municipal realizada por los revisores de cuentas es crítica. Los errores nacen en los niveles políticos y se extienden a las jefaturas de planta permanente en todas las áreas del gobierno comunal. «Todas la áreas tiene gastos inaceptables e incontrolables» aseguró García.
La limitación de atribuciones del contralor municipal se hizo evidente durante la gestión del intendente justicialista Cesar Miguel, que al concluir su mandato dejó una abultada e indefinida deuda al municipio y un único balance de cuentas presentado.
Rubertti consideró que la falta de presentación de los balances, las compras sin concurso de precios y muchos gastos superfluos o excesivos «estarían corregidos si hubiéramos sancionado este proyecto el año pasado».
Los tres integrantes del cuerpo coincidieron en señalar que el actual es un «momento oportuno» para instalar la necesidad de ampliar los controles sobre el manejo de los fondos públicos y el cumplimiento de las responsabilidades que le cabe a cada funcionario. «Si vos sancionás a alguien en su bolsillo se va a cuidar de volver a cometer la falta» concluyó García.
El caos contable que reinó en el municipio barilochense hasta la declaración de emergencia -en mayo de 2001- y el abultado déficit del erario público solo recibieron sanciones dentro del ámbito político, pese a que muchas de las actuaciones rayaron con el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La justicia como única vía de corrección
Las facultades establecidas en la Carta Orgánica limitan la actuación del Tribunal de Cuentas a las funciones de auditoría pública estableciendo la vía judicial como único camino válido para la evaluación de la gestión gubernamental y de posibles ilícitos.
Esta limitación, establecida una etapa institucional del país y la ciudad muy distinta a la actual, favoreció la acumulación de causas en los juzgados locales que todavía aguardan resolución dilatando la corrección de las distintas gestiones de gobierno que pasaron por el municipio.
Mientras los expedientes abiertos en el fuero penal avanzan al ritmo que permite la deteriorada justicia provincial, la discusión la discusión sobre las atribuciones del órgano de control genera escozor entre los funcionarios que hacen malabares para equilibrar las cuentas y el rumbo del municipio.
En octubre de 2000 el TdeC acusó al intendente Atilio Feudal de incumplir obligaciones fijadas en la Carta Orgánica y lo intimó a presentar en 30 días los balances atrasados -desde 1996- y los estados de ejecución presupuestaria. La respuesta se hizo esperar hasta la intervención del Deliberante en el gobierno de coalición que corrigió el rumbo del municipio declarado en emergencia. El dictamen fue seguido de acciones judiciales que se sumaron a las iniciadas contra su antecesor en el mandato. Recientemente TdeC elevó a la justicia los desfavorables dictámenes sobre el manejo contable del Emprotur y el desempeño del Tribunal de Faltas, entre otros (AB)
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los miembros del Tribunal de Cuentas insistieron en la necesidad de ampliar las facultades de contralor que le otorga la legislación municipal y consideraron que el difícil momento institucional que atraviesa la comuna es "oportuno" para impulsar el tema con firmeza.
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