La Rioja descartó riesgos sobre el Parque Eólico Arauco en medio del conflicto por su deuda

Un grupo de bonistas inició acciones legales en Estados Unidos contra La Rioja, con la solicitud de embargar activos estratégicos para cobrar una deuda que se encuentra en default hace dos años. Desde el gobierno riojano ratificaron su voluntad de pago a los acreedores, pero señalaron que sus dificultades financieras están relacionadas a la deuda que tiene Nación con la provincia.

La disputa gira en torno al incumplimiento de los bonos verdes que se emitieron en su momento para financiar el Parque Arauco. La demanda fue presentada por fondos representados por el abogado Dennis Hranitzky, quien también es conocido por el caso del embargo de la Fragata Libertad.

El Comité Ad Hoc de Bonistas de La Rioja controla cerca del 8,5% de los bonos verdes, con plazo de vencimiento en 2028. La provincia entró en default en febrero de 2024, al incumplir el pago de una cuota de capital por un monto de 16 millones de dólares, y desde entonces acumuló cinco omisiones consecutivas, incluyendo en los pagos de capital e intereses semestrales.

En virtud de la demanda, los acreedores apuntan a embargar dos activos fundamentales para la economía de la provincia: el Banco de La Rioja y el Parque Eólico Arauco, que fue financiado con los mencionados bonos verdes en 2017.

El encargado en intentar llevar tranquilidad al asunto de parte del gobierno fue el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, quien negó los rumores de que la provincia se encuentre en riesgo por el reclamo proveniente desde Norteamérica. «(..)nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución», exclamó.

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Default: La respuesta del gobierno de La Rioja

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En relación al motivo del incumplimiento del pago de la deuda, Corzo aseguró que la posición del gobierno ha sido siempre una voluntad de poder resolver la cuestión del bono, pero en virtud de cuidar «los intereses en primer lugar de la provincia, de la comunidad riojana, especialmente de la masa de trabajadores»

De la misma manera, señaló que el objetivo de La Rioja es «lograr una reestructuración que sea sustentable de acuerdo a los ingresos que tiene la provincia» de forma tal que pueda cumplir sus obligaciones sin «poner en riesgo el pago de los salarios a cambio del pago a los bonistas».

También remarcó que el gobierno nacional aún les debe el envío de fondos de coparticipación: «las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del bono verde tiene origen en la deuda que tiene la Nación con la Provincia».

«Venimos reclamando que la Nación ha descontinuado el envío de los fondos de coparticipación que están previstos en la Ley de presupuesto de 2023, que fue prorrogada para el 2024 y el 2025. Este reclamo lo hemos judicializado hace ya más de dos años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación«, apuntó.