Nación sumó denuncias por operaciones «ilegales» en Malvinas: señaló a 27 empresarios y directivos vinculados a petroleras

El Gobierno de Javier Milei mantiene firmes las medidas impulsadas para resguardar la soberanía sobre las Islas Malvinas y sus recursos. En esa línea, amplió las denuncias penales contra las actividades hidrocarburíferas ejecutadas en el archipiélago por empresas que cuentan únicamente con la autorización británica.

Desde Nación reiteraron que toda operación sin la aprobación argentina es ilegal, al tiempo que señalaron a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados a los proyectos petroleros en las Islas.

El Gobierno identificó a 27 empresarios y directivos por actividad en Malvinas

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De acuerdo al informe que accedió Infobae, el nuevo listado incorpora a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Al mismo tiempo que profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Las presentaciones las impulsó el canciller Pablo Quirno con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio. Una de ellas amplía la causa CFP 4437/2026 para incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion.

Las nuevas medidas constituyen la continuación de una ofensiva administrativa y judicial por parte del Gobierno. En la primera etapa se puso en marcha procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías vinculadas con las actividades petroleras en las islas, luego agregó otros 15 sujetos, situación por la cual la cifra se elevó a 60 personas físicas y jurídicas.

En simultáneo, se siguió adelante con una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones vinculadas con Sea Lion. Tras esto, el Gobierno anunció una nueva tanda contra empresas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.

El sitio Infobae había anticipado que entre los nombres alcanzados por los procedimientos administrativos y reconstruido sus posiciones dentro de las compañías, figuraban: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, de Eco Atlantic; y David Harry Williamson Dobson, vinculado con Borders & Southern.

Los nuevos documentos judiciales revelados ahora permiten avanzar un paso más. En este sentido se permitió conocer que los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen expresamente individualizados en la ampliación de la causa penal y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern. Las presentaciones incorporan además a otros ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción que hasta ahora no habían aparecido en las nóminas difundidas.

En total, los nuevos escritos identifican a 27 personas físicas. Cuando se cruzaron esos nombres con los 60 sujetos incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, se constató que 16 no figuraban en las listas ya conocidas.

Empresas en Malvinas: lo que busca establecer la Justicia argentina

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Las denuncias que presentó el Gobierno se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización argentina. Según el detalle:

• El artículo 7 prevé penas de cinco a 10 años de prisión, además de multa e inhabilitación, para quien encargue o realice actividades de exploración sin autorización argentina. Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala se eleva a 10 a 15 años de prisión.
• El artículo 8 permite avanzar sobre la eventual responsabilidad de las personas humanas que actuaron dentro de las empresas. Se incluyen directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan intervenido en los hechos.
• El artículo 9 contempla consecuencias para las propias personas jurídicas.

Asimismo, los escritos dejan abierta la posibilidad de investigar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero. También se mencionan como hipótesis sujetas al resultado de la pesquisa los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Siguiendo la misma línea, el Gobierno solicitó medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa y plantea la eventual aplicación de medidas cautelares patrimoniales, en caso de que el avance de las causas reúna los requisitos legales.

De este modo, la nueva etapa de la ofensiva por Malvinas busca profundizar el análisis de la trama societaria, accionaria y de proveedores para ingresar al interior de las estructuras corporativas. El propósito es establecer si existen responsabilidades penales individuales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las islas. Para ello, se busca precisar:

• quién tomó las decisiones
• quién organizó el financiamiento
• quién asesoró jurídicamente
• quién dirigió las operaciones
• quién intervino en su ejecución

Con información de Infoba