Weretilneck y la libre elección estatal de obra social: los puntos que faltan definir

Los estatales rionegrinos no estarán obligados a mantener su afiliación a la obra social provincial, según un proyecto que el gobernador Alberto Weretilneck ayer adelantó que presentará en la Legislatura.

La iniciativa tendría tratamiento en la sesión convocada para el 24 de septiembre, aunque todavía no ingresó formalmente porque, según trascendió, persisten aspectos sin resolver.

En sus redes sociales, Weretilneck anunció que “dará libertad de elección” a los estatales que actualmente son afiliados obligatorios del IPROSS.

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Primeras características

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Luego, en declaraciones a Canal 10, el mandatario planteó dos ejes de su decisión gubernamental: permitir la elección de su cobertura a los empleados públicos y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que «el IPROSS pueda competir y mejorar sus prestaciones para evitar la salida de afiliados».

La gacetilla oficial profundizó en algunas características de la medida. La opción alcanzaría a «activos y pasivos», quienes podrían «trasladar sus aportes y contribuciones», incluyendo «a todo el grupo familiar a cargo».

Según esa comunicación, una vez desafiliado, el estatal debería permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad.

Aun con esos detalles, el proyecto no está finalizado y existen puntos por precisar. Esa situación quedó expuesta cuando, en la entrevista televisiva, Weretilneck habló de un plazo de tres años para retornar al IPROSS, en contraste con los 12 meses consignados en la información oficial.

En principio, el lapso definitivo sería el mencionado por el gobernador.

Otro punto en análisis es qué aportes y contribuciones podrán trasladarse a la cobertura elegida.

Una de las alternativas contempla que el traspaso se limite al aporte del trabajador, equivalente al 4% del sueldo. La otra posibilidad es que también se incorporen las contribuciones del Estado, que representan otro 7%.

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Afiliados obligatorios

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La definición será central para el financiamiento del instituto provincial. El IPROSS tiene unos 103.000 afiliados titulares, entre activos y pasivos, de los cuales el 98% son aportantes obligatorios. A ellos se suman unos 63.000 beneficiarios, que reciben cobertura a través de la afiliación de los titulares.

El principal riesgo para el organismo es un éxodo importante de afiliados y la consecuente caída de sus recursos.

En el Gobierno provincial confían, sin embargo, en que no se producirá una salida masiva. Interpretan que los aportes disponibles para trasladar no serán altos y limitarán las posibilidades de acceder a coberturas de medicina prepaga.

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Weretilneck apunta a que el Ipross visibilice y potencie sus prestaciones. «Es un cambio histórico porque ahora podrá competir con el resto de las obras sociales, y creemos que tiene todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera”.

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Posturas en contra y a favor

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UPCN, en contra, y el PRO y Primero Río Negro, a favor, fueron las primeras expresiones públicas al anuncio gubernamental.

Enseguida, el legislador del PRO, Juan Martín, festejó la “libre elección de obra social” y recordó el proyecto presentado, hace cerca de dos años, que proponía que los “empleados públicos dejen de ser rehenes del Ipross”.

Luego, UPCN defendió el carácter solidario del Ipross y “nació bajo ese principio fundamental”. “Ese espíritu debe preservarse”, insistió.

En cambio, la conducción de UPCN insistió en que el actual mando del Ipross “deberá reconocer su incompetencia, dar un paso al costado y abrir una nueva etapa”. Entendió que el organismo debe ser conducido por los gremios y que UPCN tiene “la capacidad técnica, administrativa y organizativa”.

Por su parte, la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, respaldó el plan gubernamental y mencionó una iniciativa suya con “el mismo objetivo, en abril del 2024. Lo importante no es quién se adjudica la autoría de una iniciativa, sino que finalmente podamos discutir y aprobar la mejor ley posible para los trabajadores”, sostuvo.