Audiencia de Argentina LNG: las primeras críticas ambientales y los planteos por el impacto económico-social

Representantes de organizaciones ambientalistas cuestionaron el estudio de impacto. Otros especialistas plantearon necesidades de infraestructura, alojamiento y empleo para Sierra Grande.

Por Adrian Pecollo y Auribel Zuarce

Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cuestionó el estudio de impacto ambiental. Foto: Marcelo Ochoa.

Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cuestionó el estudio de impacto ambiental. Foto: Marcelo Ochoa.

Marta Di Paola, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), fueron las primeras voces críticas al proyecto Argentina LNG en la audiencia pública que se realiza en Sierra Grande.

Entre los especialistas, la abogada Di Paola cuestionó inicialmente el alcance del debate por considerar que tiene un valor “escaso” y antecedentes de “baja participación”. También relativizó su importancia para la decisión definitiva sobre el proyecto al recordar que “en diez días se firmará el contrato definitivo” de los inversores para la concreción de Argentina LNG.

Luego, enumeró una serie de presuntos incumplimientos legales, entre ellos, la falta de un contrato de seguro frente a eventuales contingencias.

Además, cuestionó el informe de consulta por su fragmentación y señaló la ausencia de distintos organismos y actores en la evaluación, entre ellos, las autoridades de Pesca, de Parques Nacionales y de la provincia de Chubut.

Roberto Kozulj, de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), propuso una evaluciòn del impacto social del proyecto en las comunidades. Foto: Marcelo Ochoa.

En otro tramo de su exposición, la representante de los abogados ambientalistas remarcó el “impacto acumulativo” del proyecto y advirtió que su concreción podría convertir a la región en una “zona de sacrificio”.

Otra de las voces críticas fue la de Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien abrió su exposición con un fuerte cuestionamiento a la participación exclusiva de Río Negro en la audiencia, al considerar que el impacto ambiental “afecta a todos”.

Entre sus objeciones al estudio de la consultora, el ambientalista señaló la falta de análisis sobre la descarga de los buques de licuefacción. Como ejemplo, mencionó un «volumen equivalente al vertido diario de siete piletas olímpicas». También insistió en los posibles efectos sobre la temperatura del mar y advirtió sobre los riesgos para la fauna marina.

Fernández solicitó la suspensión del proyecto al considerar que representa una amenaza para el Golfo y que el ecosistema no tendría capacidad de respuesta. «No tiene respuesto», resaltó.

Frente a las estimaciones de YPF sobre la generación de empleo, el expositor planteó otro interrogante: cuántos “empleos se destruirían del sector turístico”.


Los planteos económicos y sociales


Entre los especialistas también hubo exposiciones favorables al proyecto, aunque algunas incorporaron propuestas y cuestiones pendientes de resolución.

Roberto Kozulj, de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), se concentró en el “impacto sobre la comunidad” frente a la actual “debilidad de equipamiento” de los servicios públicos. Por ese motivo, propuso avanzar en una etapa “organizativa” orientada a mejorar la infraestructura disponible.

Por su parte, Carlos Hourbeigt, del Grupo Terbay, sugirió adoptar medidas para “aumentar el impacto” y la “inercia” económica en la comunidad. Para ello, hizo referencia a la experiencia reciente de la construcción del proyecto petrolero VMOS. También alentó la elaboración de un plan de alojamiento y viviendas, además de lineamientos para regular los contratos de alquiler.

La secretaria de Trabajo, Martha Avilez defendió el nuevo proyecto con un repaso del impacto laboral de las actuales ejecuciones energéticas. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre las exposiciones favorables, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, defendió las proyecciones de empleo del proyecto a partir de un repaso de los puestos de trabajo generados por las iniciativas petroleras en ejecución.

Señaló que la construcción de VMOS sumó 9.837 puestos de trabajo y que actualmente hay 1.886 trabajadores en la terminal petrolera, de los cuales 890 son de Sierra Grande. También mencionó la ocupación de 836 personas durante la concreción del proyecto de Southern Energy SA (SESA).


Marta Di Paola, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), fueron las primeras voces críticas al proyecto Argentina LNG en la audiencia pública que se realiza en Sierra Grande.

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