¿Salvará YPF el sistema energético?
La expropiación de YPF ocurre en una coyuntura crítica para el sector energético argentino. El gobierno nacional argumenta que la energía es un área estratégica y que la empresa fue víctima de la “depredación, desinversión y desabastecimiento” en manos de Repsol. Los principales indicadores de YPF parecen convalidar esa hipótesis. Las reservas netas y la producción cayeron sistemáticamente (la de petróleo un 9% entre el 2009 y el 2011, y la de gas natural registra una baja del 19% en el mismo período). De un máximo de 3.171,1 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) en el 2001 se pasó a 977,6 millones de BOE en el 2011. Sin embargo, con un resultado neto que osciló entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares, la empresa mantuvo un flujo de dividendos a sus accionistas sumamente agresivo, que promedió los 1.300 millones de dólares en los últimos tres años. El pobre desempeño de YPF se enmarca en un contexto similar para todas las empresas del sector. Por un lado, la vigencia de precios locales por debajo de los internacionales actuó como desincentivo a la inversión y producción. Por el otro, la demanda, impulsada por el crecimiento, siguió aumentando. La combinación de una producción local descendente y un consumo de energía creciente, asociado con la expansión económica, provocó una brecha progresiva que se cerró con importaciones en ascenso de gas natural, gasoil, fuel oil y electricidad. La brecha entre la demanda interna y la producción impactó en las cuentas externas –con importaciones anuales proyectadas en torno de los 1.000 millones de dólares–. Y la brecha entre los precios internacionales y los domésticos impactó sobre las cuentas fiscales. La empresa Enarsa y otras áreas del sector público absorbieron principalmente la pérdida generada por las operaciones de importación de energía. Así, durante el 2011, los subsidios al sector energético alcanzaron los $41.000 millones, un 67% más de lo transferido en el 2010. En definitiva, la cuenta la pagó el fisco, que absorbió las pérdidas a través de crecientes subsidios. El abaratamiento relativo de la energía, que desvinculó los precios de su valor internacional, es una de las causas centrales del pobre desempeño del sector. En este contexto, parece difícil que la sola expropiación de YPF, sin un cambio en las políticas para el sector energético, pueda revertir la tendencia negativa de los últimos años. Al desafío de resolver los desequilibrios del sector energético se suman entonces los que plantea la propia expropiación. En primer lugar hay que elegir un modelo de gestión para la compañía. La experiencia internacional indica que las empresas estatales con participación privada y fuertes mecanismos de control externo constituyen el modelo con mejores resultados. Queda por resolver también la puja federal dentro de YPF: serán dueñas de la empresa las 10 provincias hidrocarburíferas, pero aún no quedó definido quién y cómo se pagará por las acciones a distribuir. La participación de las provincias quedó parcialmente definida en los artículos 8 y 9 de la ley 26741. De las acciones expropiadas, el 51% queda en manos de la Nación y el 49% en manos de las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ley indica que la distribución de acciones entre las provincias se realizará de forma equitativa y en función de los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas. Como en toda puja federal, la selección de indicadores no es trivial. Será complicado introducir un concepto de equidad en el reparto. Lo ideal sería darles mayor participación a las provincias que hayan recibido menos inversiones. A su vez, los niveles de producción determinan el cobro de las regalías: en promedio, las totales (no sólo petroleras) para esas 10 provincias representan un 13% de sus ingresos. Es una cifra nada despreciable. Mayores inversiones generarían más empleo. Nueva herramienta, nuevos desafíos Habrá que estar preparados también para los cursos de acción elegidos por los que quedaron afuera: el grupo Repsol, los bancos acreedores y los accionistas individuales. Pero el mayor de todos los desafíos, en un contexto de ajuste fiscal y de falta de acceso a los mercados internacionales de crédito, es de dónde provendrán los fondos para el ambicioso plan de inversiones que se requiere para revitalizar el sector. El decreto 1277/2012, que reglamenta la ley de expropiación de YPF, derogó la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación y exportación de crudo, gas y derivados. Si la estrategia para recuperar YPF descansaba en la posibilidad de atraer financiamiento externo y socios estratégicos para provocar un shock de inversiones y productividad, este decreto se orienta en sentido contrario. Es difícil aumentar las inversiones privadas si el marco regulatorio se endurece o aumenta el poder discrecional del Estado. Mientras tanto, la estrategia productiva anunciada por YPF tras la expropiación, que busca aumentar la producción de petróleo y gas un 3% en el 2012 y lograr un incremento acumulado del 35% en el 2017, exige un nivel de inversión enorme. A los 3.500 millones de dólares proyectados para el 2012 se sumarían 7.000 millones de dólares anuales en el período 2013-2017. Según indicó la empresa, estos fondos serían mayormente financiados con flujo propio proveniente de las operaciones. Sin embargo, la conducción de YPF no explicó hasta ahora cómo crecerá el flujo de fondos de la firma ni cómo obtendrá financiamiento complementario. La ajustada situación fiscal nacional, la falta de acceso a los mercados internacionales y las también complicadas finanzas provinciales implican que no será fácil conseguir los recursos. En síntesis, el sector energético ya tenía algunos desafíos: precios que no invitaban a la inversión, incipiente y creciente desequilibrio en la balanza comercial y subsidios cada vez más insostenibles, entre otros indicadores negativos. Ahora hay que sumar los desafíos que plantea la expropiación en un marco de reglas de juego cada vez más rígidas. (*) Investigadores de Cippec. Síntesis del documento publicado por cippec.org
Nicolás Gadano, Luciana Díaz Frers y Lucio Castro (*)
La expropiación de YPF ocurre en una coyuntura crítica para el sector energético argentino. El gobierno nacional argumenta que la energía es un área estratégica y que la empresa fue víctima de la “depredación, desinversión y desabastecimiento” en manos de Repsol. Los principales indicadores de YPF parecen convalidar esa hipótesis. Las reservas netas y la producción cayeron sistemáticamente (la de petróleo un 9% entre el 2009 y el 2011, y la de gas natural registra una baja del 19% en el mismo período). De un máximo de 3.171,1 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) en el 2001 se pasó a 977,6 millones de BOE en el 2011. Sin embargo, con un resultado neto que osciló entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares, la empresa mantuvo un flujo de dividendos a sus accionistas sumamente agresivo, que promedió los 1.300 millones de dólares en los últimos tres años. El pobre desempeño de YPF se enmarca en un contexto similar para todas las empresas del sector. Por un lado, la vigencia de precios locales por debajo de los internacionales actuó como desincentivo a la inversión y producción. Por el otro, la demanda, impulsada por el crecimiento, siguió aumentando. La combinación de una producción local descendente y un consumo de energía creciente, asociado con la expansión económica, provocó una brecha progresiva que se cerró con importaciones en ascenso de gas natural, gasoil, fuel oil y electricidad. La brecha entre la demanda interna y la producción impactó en las cuentas externas –con importaciones anuales proyectadas en torno de los 1.000 millones de dólares–. Y la brecha entre los precios internacionales y los domésticos impactó sobre las cuentas fiscales. La empresa Enarsa y otras áreas del sector público absorbieron principalmente la pérdida generada por las operaciones de importación de energía. Así, durante el 2011, los subsidios al sector energético alcanzaron los $41.000 millones, un 67% más de lo transferido en el 2010. En definitiva, la cuenta la pagó el fisco, que absorbió las pérdidas a través de crecientes subsidios. El abaratamiento relativo de la energía, que desvinculó los precios de su valor internacional, es una de las causas centrales del pobre desempeño del sector. En este contexto, parece difícil que la sola expropiación de YPF, sin un cambio en las políticas para el sector energético, pueda revertir la tendencia negativa de los últimos años. Al desafío de resolver los desequilibrios del sector energético se suman entonces los que plantea la propia expropiación. En primer lugar hay que elegir un modelo de gestión para la compañía. La experiencia internacional indica que las empresas estatales con participación privada y fuertes mecanismos de control externo constituyen el modelo con mejores resultados. Queda por resolver también la puja federal dentro de YPF: serán dueñas de la empresa las 10 provincias hidrocarburíferas, pero aún no quedó definido quién y cómo se pagará por las acciones a distribuir. La participación de las provincias quedó parcialmente definida en los artículos 8 y 9 de la ley 26741. De las acciones expropiadas, el 51% queda en manos de la Nación y el 49% en manos de las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ley indica que la distribución de acciones entre las provincias se realizará de forma equitativa y en función de los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas. Como en toda puja federal, la selección de indicadores no es trivial. Será complicado introducir un concepto de equidad en el reparto. Lo ideal sería darles mayor participación a las provincias que hayan recibido menos inversiones. A su vez, los niveles de producción determinan el cobro de las regalías: en promedio, las totales (no sólo petroleras) para esas 10 provincias representan un 13% de sus ingresos. Es una cifra nada despreciable. Mayores inversiones generarían más empleo. Nueva herramienta, nuevos desafíos Habrá que estar preparados también para los cursos de acción elegidos por los que quedaron afuera: el grupo Repsol, los bancos acreedores y los accionistas individuales. Pero el mayor de todos los desafíos, en un contexto de ajuste fiscal y de falta de acceso a los mercados internacionales de crédito, es de dónde provendrán los fondos para el ambicioso plan de inversiones que se requiere para revitalizar el sector. El decreto 1277/2012, que reglamenta la ley de expropiación de YPF, derogó la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación y exportación de crudo, gas y derivados. Si la estrategia para recuperar YPF descansaba en la posibilidad de atraer financiamiento externo y socios estratégicos para provocar un shock de inversiones y productividad, este decreto se orienta en sentido contrario. Es difícil aumentar las inversiones privadas si el marco regulatorio se endurece o aumenta el poder discrecional del Estado. Mientras tanto, la estrategia productiva anunciada por YPF tras la expropiación, que busca aumentar la producción de petróleo y gas un 3% en el 2012 y lograr un incremento acumulado del 35% en el 2017, exige un nivel de inversión enorme. A los 3.500 millones de dólares proyectados para el 2012 se sumarían 7.000 millones de dólares anuales en el período 2013-2017. Según indicó la empresa, estos fondos serían mayormente financiados con flujo propio proveniente de las operaciones. Sin embargo, la conducción de YPF no explicó hasta ahora cómo crecerá el flujo de fondos de la firma ni cómo obtendrá financiamiento complementario. La ajustada situación fiscal nacional, la falta de acceso a los mercados internacionales y las también complicadas finanzas provinciales implican que no será fácil conseguir los recursos. En síntesis, el sector energético ya tenía algunos desafíos: precios que no invitaban a la inversión, incipiente y creciente desequilibrio en la balanza comercial y subsidios cada vez más insostenibles, entre otros indicadores negativos. Ahora hay que sumar los desafíos que plantea la expropiación en un marco de reglas de juego cada vez más rígidas. (*) Investigadores de Cippec. Síntesis del documento publicado por cippec.org
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