Cuando la legalidad es opositora

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james neilson

Tiene razón el congénitamente pugnaz senador Aníbal Fernández. “Esta Corte”, o sea, la Suprema, sí “es opositora”. Lo es porque sus integrantes toman su trabajo en serio. Para fastidio de Cristina y sus dependientes, insisten en oponerse a los esfuerzos gubernamentales por remplazar la Constitución burguesa por otra de su propia factura, además de eliminar aquellas leyes que son incompatibles con principios democráticos tan importantes como los resumidos en la consigna “roban pero hacen”. Puesto que, conforme a algunas encuestas recientes, la mayoría está a favor de permitir a los hacedores enriquecerse por medios que podrían calificarse de informales, ahorrándose así trámites engorrosos, sólo a un enemigo del pueblo, a un gorila que desprecia el sentir popular, se le ocurriría intentar impedirlo. Desde hace más de diez años el pueblo, cuya sabiduría colectiva es proverbial, se mofa de los pedantes de mentalidad anticuada que quisieran que rindieran cuentas ante la Justicia poderosos acusados de lo que en países no democráticos son considerados actos de corrupción. Lejos de sentirse indignada por el crecimiento explosivo –a tasas que asombrarían a los mismísimos chinos– del patrimonio de los Kirchner y ciertos allegados –personas que se las ingeniaron para reeditar el milagro de los panes y los peces–, la gente lo tomó por evidencia de viveza, con la esperanza de que, gracias a su presencia en la Casa Rosada de estadistas tan insólitamente astutos, todos y todas lograrían emularlos. La fe así manifestada es típicamente peronista. Con cierta frecuencia, los líderes del movimiento nos han asegurado que convendría que el ministro de Economía fuera un “empresario exitoso” que, sería de suponer, por arte de birlibirloque conseguiría hacer de la Argentina SA una compañía tan dinámica como las que le permitieron acumular una gran fortuna personal. Habrá sido por este motivo que la conciencia de que el gobierno encabezado por Néstor Kirchner primero y, después, por Cristina, era llamativamente corrupto según las pautas reaccionarias, no hizo mella en su popularidad. Para la mayoría, se trataba de nada más que un detalle pintoresco. Asimismo, el que para desprestigiar a los Kirchner sus adversarios hayan procurado sacar provecho de temas como los supuestos por la ruta misteriosa tomada por los centenares de millones de dólares de los fondos de Santa Cruz, el enriquecimiento exprés de una pareja que había hecho sus pinitos en política –oficio que, decía Cristina, la obligaba a adquirir muchísimo dinero en el lapso más breve posible– apretando a deudores insolventes, las lucrativas especulaciones inmobiliarias y la transformación de cajeros y jardineros en magnates multimillonarios, brindó a la mayoría un pretexto para minimizar el significado de las denuncias. Como los kirchneristas entienden muy bien, es mucho más fácil descalificar a los denunciadores, sujetos como Elisa Carrió, Jorge Lanata y otros de la misma especie, atribuyéndoles viles motivos políticos de lo que sería tratar de justificar la conducta de la familia gobernante y sus amigos. Así, pues, en vista de que miembros de la Corte Suprema, acompañados por otros personajes pertenecientes a la maldita corporación judicial, son reacios a cohonestar todo lo hecho por el gobierno popular, les parece necesario descalificarlos también. En una oportunidad, Néstor Kirchner aconsejó a su homólogo imperialista, George W. Bush, prestar más atención a lo que hacía que a sus palabras. A juzgar por la conducta, tanto de él como de su cónyuge y de sus socios, los comprometidos con el “proyecto” kirchnerista siempre han entendido que la Constitución y las leyes presuntamente vigentes son por su naturaleza opositoras porque quienes las reivindican pretenden fijar ciertos límites, lo que a su juicio no debería tolerarse, pero hasta hace poco vacilaban en decirlo. Últimamente, empero, optaron por sincerarse, razón por la que la presidenta y sus colaboradores se han puesto a improvisar sobre la marcha una ideología novedosa según la cual hay que liberar el país cuanto antes de la vieja Constitución liberal y burguesa, además de democratizar el sistema legal para que deje de estorbar a los benefactores del pueblo. De haberlo intentado los kirchneristas un par de años atrás, cuando Cristina disfrutaba de un nivel envidiable de popularidad, pudieron haber alcanzado su objetivo revolucionario, pero en aquel entonces no lo creían necesario. Cambiaron de opinión al darse cuenta de que el clima político cambiaba con rapidez, con el resultado de que, como suele ocurrir cuando la economía se enferma, muchos que habían estado más que dispuestos a perdonarles sus pequeños deslices se han convertido en moralistas severos. Roto el pacto supuesto por lo de “roban pero hacen”, los kirchneristas están participando de una carrera contra el tiempo. Tienen que democratizar la Justicia mientras aún conserven el apoyo suficiente como para asegurar que la mayoría siga siendo propensa a darles el beneficio de cualquier duda, por tenue que fuera, pero puede que ya les sea demasiado tarde. Así las cosas, lo peor, desde su punto de vista, que podría suceder, sería que un gobierno futuro dominado por opositores heredara un Poder Judicial tan democratizado que le resultara fácil usarlo para castigar con saña a los kirchneristas, comenzando con la presidenta actual. Ya es tradicional que miembros “emblemáticos” de un gobierno caído en desgracia se vean sacrificados, como chivos expiatorios, para aplacar la sed de justicia del pueblo. Puesto que entre los kirchneristas hay una abundancia de “emblemáticos”, los deseosos de enviarlos a la cárcel no carecerán de candidatos aun cuando el Poder Judicial no se haya visto plenamente democratizado para que su tarea sea más fácil y las penas populares sean más draconianas que las habituales. Puede entenderse, pues, el nerviosismo que se ha apoderado de Cristina y sus partidarios incondicionales. Quieren que la Justicia sea kirchnerista, pero temen que no lo sea el pueblo, lo que entrañaría el riesgo para ellos de que, dentro de poco, casi todos los jueces, encabezados por los miembros de la Corte Suprema, sean opositores y que obren en consecuencia.

SEGÚN LO VEO