La violencia política de los setenta

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La violencia política que imperó en Argentina en los años setenta ha sido abordada en numerosos análisis y desde variados puntos de vista. Se trata, como señalaba hace tiempo Sergio Bufano, de indagar en el pasado para contribuir a formar una conciencia colectiva sobre actos que ocasionaron un intenso sufrimiento. Es una labor que cabe a historiadores, investigadores sociales, organismos de derechos humanos y en general a todos los que busquen extraer enseñanzas que impidan la repetición de errores desgraciados. Un valioso aporte a esta labor de indagación es el que realiza Graciela Fernández Meijide en un reciente ensayo bajo el título “Eran humanos, no héroes” (Editorial Sudamericana). La autora hace un enorme esfuerzo para brindar una mirada objetiva, desprovista de rencor y buscando la máxima ecuanimidad. Algo encomiable puesto que se trata de la opinión de una madre que ha sido víctima de la represión ilegal al tener un hijo de 17 años desaparecido y que también ha realizado una importante labor en organismos de derechos humanos. Otro ensayo que quiere dar respuesta a la pregunta ¿qué hacemos hoy con los setenta? pertenece a Claudia Hilb y se titula “Usos del pasado” (Editorial Siglo XXI). Para la autora se trata de “confrontar el automatismo con que una parte del pensamiento progresista –el de una izquierda en la que ella misma se sitúa– reacciona frente a los acontecimientos, sirviéndose muchas veces de clichés que ya han perdido cualquier atisbo de reflexión verdadera o de interrogación”. Uno de los textos centrales del ensayo, “interroga la responsabilidad de las organizaciones políticas que ejercieron la violencia en la década de los setenta –y de quienes formaron parte de ellas– en el advenimiento del horror”. La elaboración justa del pasado obliga a un esfuerzo integrador que no pretende una reconciliación imposible entre víctimas y victimarios ni busca anular las diferencias emocionales que separan a los diferentes actores. Se trata, simplemente, de intentar alcanzar cierto consenso racional sobre una interpretación del pasado que pondere en forma equilibrada la variedad de causas que impulsaron un determinado resultado y contemple el dolor de todos los afectados, tal vez por aquello de que los pueblos que no reconocen su historia están condenados a repetirla. En lo sustancial, existe un consenso extendido de que no se puede equiparar el terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones armadas. Según una citada opinión de Emilio Mignone, si bien era obligación de cualquier Estado que se precie conservar el monopolio del uso de la violencia, “esa defensa dejaba de ser legítima cuando, en su ejercicio, se empleaban herramientas tan perversas como la tortura para obtener confesiones y delaciones, el asesinato clandestino de prisioneros inermes o el secuestro de bebés”. Es evidente que el Estado, so pretexto de proteger el orden público, no puede echar mano de cualquier medio a su disposición para protegerlo. La violación de estos límites éticos justifica un distinto tratamiento jurídico a los delitos cometidos en ejercicio del terrorismo de Estado, lo que tiene importantes consecuencias prácticas vinculadas a la no aplicación del instituto de la prescripción a los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, cuando nos situamos en el plano de la memoria, no puede haber tratamiento diferenciado. Y en este sentido es indudable la enorme responsabilidad de todos quienes, en un nivel u otro de las organizaciones armadas, contribuyeron a asimilar los conflictos políticos al esquema de un combate bélico. Ha existido una responsabilidad que ha sido colectiva, de casi toda una generación que, obnubilada por una visión cuasi religiosa, abrazó la violencia convencida de su legitimidad para alumbrar una nueva sociedad y un hombre nuevo. Esta mirada abarcadora del pasado evita el riesgo de cargar toda la responsabilidad sobre determinadas personas –las cúpulas– porque de ese modo se minimiza la enorme influencia que tuvieron las visiones ideológicas que sedujeron a la juventud de aquellos años. A lo que se debe añadir el contexto de la “guerra fría”, que favoreció la instalación de esa visión bélica de la política. Otro tema abordado en estos ensayos es la pretensión tardía de atribuir heroicidad al accionar guerrillero. Visión que en opinión de Graciela Fernández Meijide se iría consolidando, comprensiblemente, en el ámbito de los familiares que permanecían abrazados a la esperanza de la recuperación de los ausentes. “Creo que la crueldad hacia quienes serían víctimas en segundo grado, los allegados que esperaban desesperando, acrecentó sin límites entre ellos la heroización de los desaparecidos”. Claudia Hilb añade que “se ha instalado en numerosos sectores, sobre todo de la juventud, una reinterpretación favorable a los ideales y el compromiso de los militantes pertenecientes a movimientos populares de aquella década, que tiende a cristalizar una lectura en términos de valores que identifican a “los buenos” y a “los malos” de nuestra historia”. Este estereotipo impide obtener una visión crítica del uso instrumental de la violencia política, cuando se utiliza como medio “como si pudiera modelar la materia como un artesano modela el objeto que fabrica”. Se olvida así que el actor no posee nunca el control final sobre los efectos de su acción. Como señala Claudia Hilb, si admitimos que no podemos en la acción política poseer a priori el control sobre los fines; que el sentido final de la acción política violenta se vuelve siempre imprevisible; y que no se puede volver atrás, “deshacer” como el artesano la obra mal construida, entonces la cuestión de los medios adquiere singular importancia. Podremos deducir como natural corolario que “ningún fin, en el terreno de la acción, podrá ya justificar a priori medios injustificables por sí mismos”.

ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar