El mundo al revés
De haber decidido el alcalde porteño Mauricio Macri nombrar como jefe de seguridad de la ciudad a un exmilitar, con una trayectoria parecida a la del general César Milani, los kirchneristas lo hubieran atribuido a su supuesta voluntad de instalar un régimen fascista en la Capital Federal. Hablarían de su afición al espionaje, del desprecio que a su entender siempre ha sentido por lo derechos humanos y de su deseo indisimulado de rodearse de represores, pintándolo como un genocida rabioso en potencia, un sujeto dispuesto a ir por todo, un reaccionario tan temible que no vacilaría en aliarse con lo peor del pasado. Ya hubieran empapelado las paredes de la urbe con afiches destinados a advertir a la buena gente del peligro planteado por la ultraderecha neonazi y organizado escraches protagonizados por jóvenes exaltados resueltos a asustar a porteños. La reacción de los muchachos de La Cámpora y otros militantes kirchneristas frente a un hipotético acuerdo entre la ciudad autónoma y una gran empresa norteamericana de antecedentes similares a los de Chevron hubiera sido igualmente furibunda. No cabe duda alguna de que estarían colmando a Macri de los insultos tradicionales, “cipayo”, “vendepatria”, “oligarca” y, el más terrible de todos, “neoliberal”, para que los argentinos se dieran cuenta de lo que el ultraderechista antipopular se proponía hacer con el patrimonio público. Tales embestidas por parte de los soldados de Cristina no hubieran sorprendido a nadie. Todos saben que los kirchneristas, aleccionados por el eternauta Néstor, el del “estilo K”, son así. Cuando de lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, califican de “linchamientos mediáticos” se trata, los practicantes más entusiastas de dicha modalidad han sido ella misma, que nunca ha titubeado en aprovechar la cadena nacional de radio y televisión para fulminar a los irreverentes, distintos voceros oficiales, como Aníbal Fernández, y los miembros más locuaces de agrupaciones afines encabezadas por individuos tan vehementes como el piquetero oficialista Luis D’Elía y la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Desde hace más de diez años, los fundadores de la nueva república nacional y popular se creen con derecho a difamar, a veces de manera canallesca, a los reacios a apoyarlos con el fervor que les parece apropiado. Sin ninguna prueba, trataron de “apropiadora” de hijos de desaparecidos a la dueña del matutino Clarín. Afirman creer que ciertos “generales mediáticos” son torturadores y extorsionistas, mercenarios miserables que colaboraron con la dictadura militar. Fieles a la teoría del relato, la eventual veracidad de lo que dicen les es lo de menos. Como siempre ha sido el caso entre quienes se imaginan revolucionarios, saben que una mentira contundente vale muchísimo más que cualquier cantidad de verdades insulsas. Al fin y al cabo, todo ha de subordinarse a su proyecto particular. A juzgar por lo que dijo por cadena nacional el martes pasado, Cristina se ha convencido de que quienes critican el convenio con Chevron y manifiestan dudas en cuanto a la idoneidad de Milani para ser jefe del Ejército están actuando como kirchneristas, cargando las tintas por motivos meramente personales o políticos y usando palabras como armas sin preocuparse en absoluto por lo que significan, de suerte que no tiene por qué prestarles atención. Por cierto, la presidenta no se siente interesada en que haya un debate o, cuando menos, un “diálogo” acerca de la apertura económica parcial recién anunciada o el futuro papel de las Fuerzas Armadas. Para los demás, son temas sumamente importantes del tipo de los que, en buena lógica, deberían mantener ocupados a los legisladores durante meses, pero Cristina parece suponer que nadie tiene derecho a cuestionar los cambios drásticos que, para asombro de muchos, acaban de producirse. Tanto el pacto con Chevron como la decisión de minimizar las eventuales violaciones de los derechos humanos imputadas a Milani pueden defenderse. A esta altura, es innegable que al país le convendría encontrar la forma de reconciliarse con las grandes empresas norteamericanas, europeas y japonesas de alcance mundial, además de algunas chinas, para que, andando el tiempo, consiga las inversiones gigantescas que le permitirían aprovechar mejor sus abundantes recursos naturales y humanos. Asimismo, si es legítimo suponer que los terroristas que tanto hicieron para transformar la Argentina en un campo de batalla en los años sesenta y setenta del siglo pasado, alzándose en rebelión contra un gobierno democráticamente elegido, fueron en cierto modo víctimas de las circunstancias, también lo sería reconocer que la situación en que se encontraban los militares los impulsaba a cometer crímenes que en tiempos más tranquilos les hubieran parecido inconcebibles. En ambos casos, se trataba de los efectos nocivos de ideologías perversas que en el fondo se asemejaban bastante. La que se apropió de los militares ya sólo atrae a un puñado de excéntricos de opiniones anticuadas pero, por desgracia, lo mismo no puede decirse de la favorecida por los terroristas; no es ningún secreto que, en ciertos círculos políticos próximos a Cristina, hay personas que aún sienten nostalgia por la “lucha armada”. Con todo, aunque para un “derechista” o un “liberal” no le sería demasiado difícil reivindicar tanto el arreglo con Chevron como la voluntad presidencial de amnistiar a Milani, para los sinceramente comprometidos con el “proyecto” kirchnerista hacerlo sí tendría que serlo. Ambas iniciativas son incompatibles con el relato nacionalista y punitorio de borrón y cuenta nueva, justicia para los deudos de los desaparecidos y castigo a los represores, además de soberanía hidrocarburífera cueste lo que costare, que Cristina y sus incondicionales han confeccionado a fin de justificar su conducta. La presidenta, pues, se ve ante un dilema desagradable; si confiesa que, luego de haberlo pensado, entiende que sus adversarios conservadores siempre han tenido razón, podrían darle la espalda todos sus partidarios salvo los irremediablemente oportunistas; si opta por insistir en que es perfectamente lógico que un gobierno como el suyo haya pactado con una petrolera yanqui y que se haya solidarizado con un militar denunciado por su papel en la guerra sucia, sembrará confusión en las filas propias y los demás la tomarán por una hipócrita.
SEGÚN LO VEO
JAMES NEILSON
De haber decidido el alcalde porteño Mauricio Macri nombrar como jefe de seguridad de la ciudad a un exmilitar, con una trayectoria parecida a la del general César Milani, los kirchneristas lo hubieran atribuido a su supuesta voluntad de instalar un régimen fascista en la Capital Federal. Hablarían de su afición al espionaje, del desprecio que a su entender siempre ha sentido por lo derechos humanos y de su deseo indisimulado de rodearse de represores, pintándolo como un genocida rabioso en potencia, un sujeto dispuesto a ir por todo, un reaccionario tan temible que no vacilaría en aliarse con lo peor del pasado. Ya hubieran empapelado las paredes de la urbe con afiches destinados a advertir a la buena gente del peligro planteado por la ultraderecha neonazi y organizado escraches protagonizados por jóvenes exaltados resueltos a asustar a porteños. La reacción de los muchachos de La Cámpora y otros militantes kirchneristas frente a un hipotético acuerdo entre la ciudad autónoma y una gran empresa norteamericana de antecedentes similares a los de Chevron hubiera sido igualmente furibunda. No cabe duda alguna de que estarían colmando a Macri de los insultos tradicionales, “cipayo”, “vendepatria”, “oligarca” y, el más terrible de todos, “neoliberal”, para que los argentinos se dieran cuenta de lo que el ultraderechista antipopular se proponía hacer con el patrimonio público. Tales embestidas por parte de los soldados de Cristina no hubieran sorprendido a nadie. Todos saben que los kirchneristas, aleccionados por el eternauta Néstor, el del “estilo K”, son así. Cuando de lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, califican de “linchamientos mediáticos” se trata, los practicantes más entusiastas de dicha modalidad han sido ella misma, que nunca ha titubeado en aprovechar la cadena nacional de radio y televisión para fulminar a los irreverentes, distintos voceros oficiales, como Aníbal Fernández, y los miembros más locuaces de agrupaciones afines encabezadas por individuos tan vehementes como el piquetero oficialista Luis D’Elía y la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Desde hace más de diez años, los fundadores de la nueva república nacional y popular se creen con derecho a difamar, a veces de manera canallesca, a los reacios a apoyarlos con el fervor que les parece apropiado. Sin ninguna prueba, trataron de “apropiadora” de hijos de desaparecidos a la dueña del matutino Clarín. Afirman creer que ciertos “generales mediáticos” son torturadores y extorsionistas, mercenarios miserables que colaboraron con la dictadura militar. Fieles a la teoría del relato, la eventual veracidad de lo que dicen les es lo de menos. Como siempre ha sido el caso entre quienes se imaginan revolucionarios, saben que una mentira contundente vale muchísimo más que cualquier cantidad de verdades insulsas. Al fin y al cabo, todo ha de subordinarse a su proyecto particular. A juzgar por lo que dijo por cadena nacional el martes pasado, Cristina se ha convencido de que quienes critican el convenio con Chevron y manifiestan dudas en cuanto a la idoneidad de Milani para ser jefe del Ejército están actuando como kirchneristas, cargando las tintas por motivos meramente personales o políticos y usando palabras como armas sin preocuparse en absoluto por lo que significan, de suerte que no tiene por qué prestarles atención. Por cierto, la presidenta no se siente interesada en que haya un debate o, cuando menos, un “diálogo” acerca de la apertura económica parcial recién anunciada o el futuro papel de las Fuerzas Armadas. Para los demás, son temas sumamente importantes del tipo de los que, en buena lógica, deberían mantener ocupados a los legisladores durante meses, pero Cristina parece suponer que nadie tiene derecho a cuestionar los cambios drásticos que, para asombro de muchos, acaban de producirse. Tanto el pacto con Chevron como la decisión de minimizar las eventuales violaciones de los derechos humanos imputadas a Milani pueden defenderse. A esta altura, es innegable que al país le convendría encontrar la forma de reconciliarse con las grandes empresas norteamericanas, europeas y japonesas de alcance mundial, además de algunas chinas, para que, andando el tiempo, consiga las inversiones gigantescas que le permitirían aprovechar mejor sus abundantes recursos naturales y humanos. Asimismo, si es legítimo suponer que los terroristas que tanto hicieron para transformar la Argentina en un campo de batalla en los años sesenta y setenta del siglo pasado, alzándose en rebelión contra un gobierno democráticamente elegido, fueron en cierto modo víctimas de las circunstancias, también lo sería reconocer que la situación en que se encontraban los militares los impulsaba a cometer crímenes que en tiempos más tranquilos les hubieran parecido inconcebibles. En ambos casos, se trataba de los efectos nocivos de ideologías perversas que en el fondo se asemejaban bastante. La que se apropió de los militares ya sólo atrae a un puñado de excéntricos de opiniones anticuadas pero, por desgracia, lo mismo no puede decirse de la favorecida por los terroristas; no es ningún secreto que, en ciertos círculos políticos próximos a Cristina, hay personas que aún sienten nostalgia por la “lucha armada”. Con todo, aunque para un “derechista” o un “liberal” no le sería demasiado difícil reivindicar tanto el arreglo con Chevron como la voluntad presidencial de amnistiar a Milani, para los sinceramente comprometidos con el “proyecto” kirchnerista hacerlo sí tendría que serlo. Ambas iniciativas son incompatibles con el relato nacionalista y punitorio de borrón y cuenta nueva, justicia para los deudos de los desaparecidos y castigo a los represores, además de soberanía hidrocarburífera cueste lo que costare, que Cristina y sus incondicionales han confeccionado a fin de justificar su conducta. La presidenta, pues, se ve ante un dilema desagradable; si confiesa que, luego de haberlo pensado, entiende que sus adversarios conservadores siempre han tenido razón, podrían darle la espalda todos sus partidarios salvo los irremediablemente oportunistas; si opta por insistir en que es perfectamente lógico que un gobierno como el suyo haya pactado con una petrolera yanqui y que se haya solidarizado con un militar denunciado por su papel en la guerra sucia, sembrará confusión en las filas propias y los demás la tomarán por una hipócrita.
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