Los buitres siguen picoteando
Por tratarse de uno que, es de suponer, sería meramente “técnico”, ha perdido dramatismo la posibilidad de que el país caiga nuevamente en default, pero así y todo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está esforzándose por encontrar la forma de evitarlo, lo que no le está resultando nada fácil. Luego de sufrir un revés doloroso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en que, además de fallar a favor de los odiados “fondos buitre” al ratificar plenamente el dictamen anterior del juez Thomas Griesa, los magistrados criticaron con dureza la resistencia del gobierno a “presentar propuestas productivas”, Cristina quisiera que los acreedores “holdouts” aceptaran cambiar de jurisdicción para que en adelante se les pague lo debido en la Argentina, no en el extranjero, pero parecería que finalmente daría marcha atrás, según sugiere la agencia Télam. De todos modos, la maniobra intentada por el gobierno ha ocasionado malestar en Nueva York, donde muchos ven en ella un intento de burlarse de la Justicia estadounidense. Sea como fuere, no cabe duda alguna de que este episodio deprimente, provocado por la voluntad del gobierno de aprovechar políticamente la batalla contra aquellos acreedores que se negaron a entrar en el canje, jurando que nunca se le ocurriría entregar un solo dólar a los fondos buitre, continuará perjudicándonos por mucho tiempo más. Mal que le pese a Cristina, en el exterior muy pocos creen que nuestro país no sea el “deudor recalcitrante” del fallo del tribunal neoyorquino sino, como ha dicho, un “pagador serial”. Por el contrario, el consenso internacional es que la conducta del gobierno que ella encabeza ha sido tan mala que las vicisitudes jurídicas del caso no deberían incidir en otros protagonizados por países como Grecia y Chipre, que también se han visto constreñidos a “reestructurar” sus deudas soberanas. De haber obrado de otro modo el gobierno kirchnerista, aseverando desde el vamos que estaba dispuesto a hacer lo posible por cumplir con sus obligaciones legales, atribuyendo el default original a circunstancias únicas irrepetibles, y absteniéndose de formular declaraciones desafiantes, el juez Griesa hubiera producido un fallo mucho más favorable a los intereses nacionales, como venía haciendo durante años, pero sucede que manifestaciones que podrían motivar el entusiasmo de los militantes oficialistas locales provocan reacciones muy distintas cuando llegan a los oídos de adustos juristas norteamericanos. Parecería que Cristina acaba de comprenderlo, de ahí la moderación relativa de sus palabras más recientes, pero hasta hace poco hablaba como si creyera, equivocadamente, que Griesa y los jueces de la Cámara de Apelaciones sabrían distinguir entre los discursos de barricada destinados a un público determinado y lo que decían en privado los voceros gubernamentales. Aunque los norteamericanos hayan entendido que sería un error tomar al pie de la letra todo cuanto dicen los políticos, son reacios a pasar por alto expresiones que, a su juicio, reflejan desprecio por la legalidad “burguesa”. El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, como el de su homólogo francés François Hollande, quiere que se ponga fin lo antes posible a la disputa entre los kirchneristas y los fondos buitre por temor a que otro default, por “técnico” que fuera, tenga repercusiones negativas en el crónicamente volátil mundo financiero internacional. Con el propósito de tranquilizarlos, los jueces neoyorquinos han procurado separar el caso argentino de todos los demás, tratándolo como si fuera único, lo que, huelga decirlo, no nos beneficia en absoluto. Puede que desde el punto de vista de Cristina el aislamiento resultante ha sido ventajoso ya que, por lo menos, le ha impedido acumular más deudas, pero también nos ha privado de inversiones de muchos miles de millones de dólares en una etapa de gran liquidez. Endeudarse no es malo si se emplea el dinero así conseguido para aumentar la productividad de la economía en su conjunto; en cambio, sí lo es cuando, como ha sucedido tantas veces, el gobierno de turno lo usa para cubrir gastos corrientes y de tal manera demorar las reformas estructurales que serían necesarias para que, por fin, la Argentina despertara de su letargo prolongado como, según parece, han logrado hacer vecinos como Chile.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 2 de septiembre de 2013
Por tratarse de uno que, es de suponer, sería meramente “técnico”, ha perdido dramatismo la posibilidad de que el país caiga nuevamente en default, pero así y todo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está esforzándose por encontrar la forma de evitarlo, lo que no le está resultando nada fácil. Luego de sufrir un revés doloroso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en que, además de fallar a favor de los odiados “fondos buitre” al ratificar plenamente el dictamen anterior del juez Thomas Griesa, los magistrados criticaron con dureza la resistencia del gobierno a “presentar propuestas productivas”, Cristina quisiera que los acreedores “holdouts” aceptaran cambiar de jurisdicción para que en adelante se les pague lo debido en la Argentina, no en el extranjero, pero parecería que finalmente daría marcha atrás, según sugiere la agencia Télam. De todos modos, la maniobra intentada por el gobierno ha ocasionado malestar en Nueva York, donde muchos ven en ella un intento de burlarse de la Justicia estadounidense. Sea como fuere, no cabe duda alguna de que este episodio deprimente, provocado por la voluntad del gobierno de aprovechar políticamente la batalla contra aquellos acreedores que se negaron a entrar en el canje, jurando que nunca se le ocurriría entregar un solo dólar a los fondos buitre, continuará perjudicándonos por mucho tiempo más. Mal que le pese a Cristina, en el exterior muy pocos creen que nuestro país no sea el “deudor recalcitrante” del fallo del tribunal neoyorquino sino, como ha dicho, un “pagador serial”. Por el contrario, el consenso internacional es que la conducta del gobierno que ella encabeza ha sido tan mala que las vicisitudes jurídicas del caso no deberían incidir en otros protagonizados por países como Grecia y Chipre, que también se han visto constreñidos a “reestructurar” sus deudas soberanas. De haber obrado de otro modo el gobierno kirchnerista, aseverando desde el vamos que estaba dispuesto a hacer lo posible por cumplir con sus obligaciones legales, atribuyendo el default original a circunstancias únicas irrepetibles, y absteniéndose de formular declaraciones desafiantes, el juez Griesa hubiera producido un fallo mucho más favorable a los intereses nacionales, como venía haciendo durante años, pero sucede que manifestaciones que podrían motivar el entusiasmo de los militantes oficialistas locales provocan reacciones muy distintas cuando llegan a los oídos de adustos juristas norteamericanos. Parecería que Cristina acaba de comprenderlo, de ahí la moderación relativa de sus palabras más recientes, pero hasta hace poco hablaba como si creyera, equivocadamente, que Griesa y los jueces de la Cámara de Apelaciones sabrían distinguir entre los discursos de barricada destinados a un público determinado y lo que decían en privado los voceros gubernamentales. Aunque los norteamericanos hayan entendido que sería un error tomar al pie de la letra todo cuanto dicen los políticos, son reacios a pasar por alto expresiones que, a su juicio, reflejan desprecio por la legalidad “burguesa”. El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, como el de su homólogo francés François Hollande, quiere que se ponga fin lo antes posible a la disputa entre los kirchneristas y los fondos buitre por temor a que otro default, por “técnico” que fuera, tenga repercusiones negativas en el crónicamente volátil mundo financiero internacional. Con el propósito de tranquilizarlos, los jueces neoyorquinos han procurado separar el caso argentino de todos los demás, tratándolo como si fuera único, lo que, huelga decirlo, no nos beneficia en absoluto. Puede que desde el punto de vista de Cristina el aislamiento resultante ha sido ventajoso ya que, por lo menos, le ha impedido acumular más deudas, pero también nos ha privado de inversiones de muchos miles de millones de dólares en una etapa de gran liquidez. Endeudarse no es malo si se emplea el dinero así conseguido para aumentar la productividad de la economía en su conjunto; en cambio, sí lo es cuando, como ha sucedido tantas veces, el gobierno de turno lo usa para cubrir gastos corrientes y de tal manera demorar las reformas estructurales que serían necesarias para que, por fin, la Argentina despertara de su letargo prolongado como, según parece, han logrado hacer vecinos como Chile.
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