El laberinto español

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JULIO RAJNERI

La jueza argentina María Servini de Cubría ha hecho lugar al pedido de procesamiento de españoles acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Franco y la Guerra Civil. En esta nueva doctrina que admite el principio de justicia universal para juzgar esa clase de delitos, la magistrada sigue los pasos de los mismos españoles en el caso de Scilingo, de los franceses en el caso Astiz y del juez Baltasar Garzón, quien en la década del 90 comenzó a investigar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. A instancia de la jueza, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha habilitado a los consulados argentinos a recibir denuncias de víctimas del franquismo, con lo que en alguna forma el caso judicial se convierte en política de Estado. Curioso periplo de un partido, el peronista, que nació como réplica vernácula del fascismo y cuyo líder, Perón, pasó la mayor parte de su exilio en la España gobernada por Franco. Si bien la medida alude a hechos cometidos por franquistas durante y después de la Guerra Civil –habida cuenta de que ahora los delitos de terrorismo de Estado no prescriben– su extensión al gobierno republicano es casi inevitable. En la práctica es improbable encontrar sobrevivientes de aquella época. El año pasado murió Santiago Carrillo, histórico líder comunista a quien se lo vinculaba con los fusilamientos de presos políticos en Paracuellos de Jarama. De modo que es posible que los consulados argentinos reciban denuncias de ambos sectores, más interesados en la repercusión mediática que en los efectos prácticos. Las fuerzas políticas españolas, ya sean de izquierda o de derecha, han sido renuentes a incursionar en ese pasado que aún despierta la pasión y el odio de personas que ni siquiera existían cuando se desencadenó la contienda. Tienen buenas razones para ello. Aunque los partidarios de uno u otro bando se sienten cruzados de una causa irrebatiblemente justa, la Guerra Civil Española fue una tragedia insensata y cruel de la que fueron principales protagonistas facciones políticas identificadas con los gobiernos totalitarios de varios países europeos durante el siglo pasado. Hubo centenares de miles de muertos en cada bando por acciones bélicas. Pero en cada zona los asesinatos por razones políticas fueron moneda corriente. El historiador inglés Hugh Thomas calcula que las ejecuciones durante el conflicto alcanzaron a 40.000 en la zona nacionalista y a 75.000 en la republicana, de los cuales 7.900 fueron sacerdotes y monjas católicos. Es cierto que las ejecuciones en el bando nacionalista fueron sistemáticas y deliberadas y se mantuvieron después de la guerra, en tanto que en el bando republicano el carácter caótico de la represión fue consecuencia de la fragmentación política y se produjo, en gran parte, en los primeros meses de la lucha. Una visión maniquea de aquellos años coloca el bien contra el mal en interpretaciones interesadas que poco tienen que ver con la realidad. Existen pocas dudas de la identidad de los nacionalistas con los nazis y fascistas de Alemania e Italia, que participaron con tropas y armas junto a los rebeldes franquistas. Pero no hay la misma unanimidad cuando se trata de ubicar ideológicamente al bando republicano. De hecho, el gobierno de Manuel Azaña representaba la legalidad y estaba integrado por socialistas (con un ala pro marxista) y otros partidos de raíz democrática. Pero a partir del levantamiento del 18 de julio, el poder político se fragmentó. Anarquistas, trotskistas y comunistas se convirtieron en poderes autónomos, persiguiendo cada facción sus propios objetivos. De todos ellos, el comunismo habría de conseguir un crecimiento explosivo. A principios de 1936, el PC era una pequeña fuerza minoritaria que en las elecciones que ganó el Frente Popular apenas consiguió 17 de las 467 bancas que componían las Cortes. Los acontecimientos posteriores al alzamiento lo habrían de colocar, un año después, como fuerza dominante en el centro de la escena republicana. Varios factores se sumaron para ello. En noviembre de 1936, los nacionalistas estaban a las puertas de Madrid. El gobierno republicano abandonó la capital para trasladarse a Valencia y delegó el poder en el general José Miaja. Todo el mundo esperaba la caída de Madrid. Pero los comunistas organizaron la resistencia. Contaban ya con el Quinto Regimiento, en el que aparecieron los futuros comandantes de las fuerzas republicanas Enrique Lister, Juan Modesto, Valentín González y Etelvino Vega Martínez, y luego sumaron las Brigadas Internacionales, organizadas y dirigidas por el Komintern. Detuvieron la ofensiva nacionalista y las derrotaron en Jarama y Guadalajara. A partir de ese momento, el prestigio y el consiguiente ascenso de los comunistas se hizo casi irresistible. Las milicias republicanas fueron comandadas por los comunistas en todas las batallas decisivas como Brunete (en este caso con Miaja como comandante supremo), Teruel, Belchite y la agónica batalla del Ebro, la mayor contienda de exterminio que marcó el final de la resistencia republicana. El segundo factor decisivo fue la ayuda de la Unión Soviética. Mientras que las democracias occidentales formaron el comité de no intervención y embargaron el tráfico de armas y voluntarios hacia los combatientes, los soviéticos, como los alemanes e italianos en el bando opuesto, fueron los únicos sostenedores del gobierno republicano. Y esa ayuda tuvo su precio. El poder del Partido Comunista se hizo casi absoluto. Reeditando los procesos de Moscú, los comunistas atacaron a los trotskistas del POUM, a quienes acusaron falsamente de confabular con el enemigo y consiguieron que el gobierno de Valencia declarara su ilegalidad. Luego secuestraron, torturaron y finalmente asesinaron a su principal dirigente, Andrés Nin, ante la impotencia del gobierno de Juan Negrín. Negrín había sustituido a Francisco Largo Caballero como presidente, caído en desgracia ante los comunistas justamente porque se había opuesto a ilegalizar al POUM. El líder socialista desplazado, a quien los comunistas adularon como el Lenin español, había sido factor preponderante en la absorción de las juventudes socialistas por los comunistas. Menos éxito tuvieron en un intento de reducir a los anarquistas catalanes tomando su reducto en la Telefónica, lo que provocó una mini guerra civil en las calles de Barcelona durante una semana, pero pocas dudas existen sobre el destino de ellos si la república hubiese triunfado. En ese mundo de sombras y tinieblas que fue la España del siglo pasado, la decisión de la jueza y del gobierno argentino parece un intento de revivir los fantasmas de una etapa aciaga que muchos españoles no se sienten tentados de recordar. Después de la muerte de Franco, España se reencontró con la democracia, los viejos partidos enterraron sus querellas y se restablecieron los métodos de la civilización parlamentaria. España ingresó en la comunidad europea y, después de siglos de atraso, recuperó su sitio entre los países desarrollados. Ciertamente no está ahora en el mejor momento. Agobiados por el desempleo, la crisis financiera, la pérdida de competitividad y los intentos separatistas, los españoles enfrentan enormes problemas que la reciente prosperidad parecía haber superado definitivamente. Aunque deba convivir con su pasado, los desafíos del presente absorberán las energías del país ibérico probablemente por un largo período.