Problema ajeno
El que haya hambre en la Argentina, un país que debería estar en condiciones de alimentar a una población diez veces mayor que la existente, no es ninguna novedad, pero aún así la noticia de que en la provincia de Tucumán, el otrora «Jardín de la República», acaban de morir cinco niños por desnutrición, ha provocado estupor además, claro está, de muchos intentos por deslindar responsabilidades. Como ya es habitual, distintos políticos han estado intentando aprovechar la desgracia en beneficio propio, dando a entender que ellos personalmente no tuvieron nada que ver con el estado del país. Así, pues, según el precandidato a la presidencia peronista Juan Manuel de la Sota, todo es culpa del FMI, cuyas recetas «nos han llevado a esta crisis que mata niños», al parecer por haber estado los técnicos de la auditoría en favor de aumentar impuestos, medida que en otras latitudes por lo menos suele servir para que los servicios sociales cuenten con más recursos, pero que a juicio del gobernador cordobés está en la raíz de nuestros males. Con mayor lógica, el presidente del Sistema Provincial de Salud tucumano, Juan Masaguer, atribuyó las muertes al «desempleo del cincuenta por ciento» y al colapso resultante de la entidad que maneja. Así y todo, Masaguer admitió que si bien la provincia recibe 1.700 millones de pesos por mes en comida, la distribuye «quizás no con toda la transparencia que la señora de Duhalde está pidiendo», respondiendo de esta manera a las preguntas que había formulado «Chiche» Duhalde que, como es natural, quisiera saber qué exactamente hicieron los tucumanos con la ayuda que les había enviado.
La opinión de De la Sota y los muchos otros políticos que piensan como él tendría algún asidero si el FMI, Wall Street u otro enemigo externo nos hubieran obligado a desmantelar las instituciones asistenciales por suponer que al «mercado» le correspondía solucionar todos los problemas sociales, pero éste no ha sido el caso. Aunque en el transcurso de los años noventa las privatizaciones que ordenó el ex presidente peronista Carlos Menem pusieron fin a la participación estatal en algunas actividades supuestamente productivas, el gasto público no se vio reducido sino que, por el contrario, creció de forma notable, sin que por eso se haya producido ninguna mejora de los servicios prestados. Asimismo, nadie ignora que el Banco Mundial, un organismo que está estrechamente vinculado con el FMI, ha aportado fondos para programas sociales que en algunas oportunidades no fueron utilizados por motivos que siguen siendo incomprensibles.
Aunque los voceros de la clase política nacional estuvieran en lo cierto cuando dan a entender que de no haber sido por «las recetas del FMI» el país no estaría experimentando una crisis económica de gravedad sin precedentes, esto no serviría para explicar la inoperancia de un Estado que ni siquiera es capaz de cumplir con sus funciones básicas e indelegables. Las causas de esta realidad son notorias. Una consiste en el clientelismo político: en jurisdicciones como Tucumán no faltan los operadores partidarios que están más que dispuestos a apropiarse de los fondos y de la ayuda material porque saben que podría resultarles ventajoso hacer pensar a los beneficiados que se trata de dádivas repartidas por razones humanitarias por algún cacique local. Asimismo, como nos recordó Masaguer, la corrupción o, si se prefiere, la falta de «transparencia», parece ser inseparable de todos los programas asistenciales que se intentan en el país.
Es evidente que la crisis económica ha afectado negativamente la capacidad de las instituciones públicas para hacer frente a los muchos problemas sociales que surgieron al estallar la desocupación en el sector privado, pero en demasiados círculos es patente la voluntad de los «dirigentes» de aprovechar esta realidad insinuando que dadas las circunstancias no podrán hacer nada, salvo esperar hasta que la situación mejore. Lejos de movilizarse a fin de procurar atenuar la emergencia que tanto sufrimiento está ocasionando, estos individuos han optado por limitarse a hacer gala de su impotencia, que siempre imputan al FMI, al «modelo» o al «neoliberalismo», con el propósito de desviar la atención de su propia contribución al desastre.
El que haya hambre en la Argentina, un país que debería estar en condiciones de alimentar a una población diez veces mayor que la existente, no es ninguna novedad, pero aún así la noticia de que en la provincia de Tucumán, el otrora "Jardín de la República", acaban de morir cinco niños por desnutrición, ha provocado estupor además, claro está, de muchos intentos por deslindar responsabilidades. Como ya es habitual, distintos políticos han estado intentando aprovechar la desgracia en beneficio propio, dando a entender que ellos personalmente no tuvieron nada que ver con el estado del país. Así, pues, según el precandidato a la presidencia peronista Juan Manuel de la Sota, todo es culpa del FMI, cuyas recetas "nos han llevado a esta crisis que mata niños", al parecer por haber estado los técnicos de la auditoría en favor de aumentar impuestos, medida que en otras latitudes por lo menos suele servir para que los servicios sociales cuenten con más recursos, pero que a juicio del gobernador cordobés está en la raíz de nuestros males. Con mayor lógica, el presidente del Sistema Provincial de Salud tucumano, Juan Masaguer, atribuyó las muertes al "desempleo del cincuenta por ciento" y al colapso resultante de la entidad que maneja. Así y todo, Masaguer admitió que si bien la provincia recibe 1.700 millones de pesos por mes en comida, la distribuye "quizás no con toda la transparencia que la señora de Duhalde está pidiendo", respondiendo de esta manera a las preguntas que había formulado "Chiche" Duhalde que, como es natural, quisiera saber qué exactamente hicieron los tucumanos con la ayuda que les había enviado.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
