Paritarias ultrapolitizadas

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LA SEMANA ECONÓMICA

Aunque CFK sólo posó para la foto con los titulares de la Unión Obrera Metalúrgica; el gremio de empleados de comercio; la Unión Obrera de la Construcción; la Unión del Personal Civil de la Nación y el sindicato de encargados de edificios -Suterh-, tuvo una participación más que activa en respaldo al tope salarial que el ministro Axel Kicillof impuso de hecho la semana anterior a los dirigentes de esos cinco gremios, integrantes de la CGT oficialista que lidera Antonio Caló (UOM). Si bien fue presentado como un “acuerdo”, apuntó más que nada a cuidar las formas: hace tres semanas, el propio Kicillof había afirmado públicamente que las paritarias eran libres y no tenían “piso ni techo”. En realidad, la intervención oficial en las paritarias del sector privado fue una constante a lo largo de la era K. Este año electoral tampoco fue la excepción. La diferencia, en todo caso, es que el aumento salarial de 27% fraccionado en dos tramos implica para los trabajadores aceptar de antemano el trago amargo de no recuperar la pérdida de salario real sufrida en el 2014. El año pasado las paritarias giraron mayormente en torno de 30%, pero la inflación (salvo para el Indec) se ubicó en un rango de 35/37%. El apuro oficial por cerrar estos convenios respondió a varias razones políticas que resultan imposibles de desvincular de la campaña electoral del oficialismo, lanzada prematuramente por CFK con sus constantes apariciones por la cadena oficial de radio y televisión. Por un lado, es la primera vez que -con el mes de junio a la vista- no se había logrado completar una “masa crítica” de acuerdos salariales para reactivar el consumo interno (hoy apoyado mayormente en planes de créditos subsidiados, tipo Ahora 12) y que, tras un año recesivo, el kirchnerismo busca presentar como un logro antes de las PASO nacionales de agosto. No por casualidad los ajustes convenidos en la propia Casa Rosada, contemplan un primer tramo (de 17/15,5%) retroactivo a abril (para reforzar los ingresos que los trabajadores percibirán el mes próximo) y el segundo (de 10/10,4%), precisamente a partir de agosto. En otras palabras, el gobierno de CFK busca que a la hora de votar en las PASO presidenciales, haya algo más de plata en los bolsillos de los asalariados. La única excepción -Empleados de Comercio- no altera esa intención: los trabajadores de ese sector cobrarán 17% retroactivo a abril y 10% en noviembre, pero en el ínterin dos sumas fijas de $ 1.524 en julio y setiembre. Por otro, ya no era ningún secreto que Kicillof buscaba a toda costa que los ajustes de salarios en paritarias tuvieran un porcentaje que comenzara con 2 y no con 3. Tanto para evitar un mayor traslado de los aumentos a precios, como para atender la situación de los sectores empresarios más castigados por la recesión y la caída de ventas. O sea, aquietar las expectativas y lograr que en 2015 la inflación sea más baja que el año anterior, para que CFK pueda mostrarla como un éxito antes de las elecciones. Claro que ese logro también es relativo: sólo para el ministro la inflación tendrá un techo de 20%, que la mayoría de las estimaciones privadas calculan en un rango de 25/28%. En la primera hipótesis, se recuperaría la pérdida real de sueldos del año pasado, siempre y cuando no estén alcanzados por Ganancias: En la segunda, sólo se estaría cerca de un empate que los dejaría como antes de las paritarias. Quizás por esto Kicillof y Carlos Tomada debieron aceptar -a medias- algunas concesiones que, frente a la resistencia de las cámaras empresarias, demoran la firma de dos convenios. En el caso de la UOM, crear una nueva categoría inicial con un básico de $ 8160 (el gremio pedía $ 8500), que implica una suba de 35% para esos trabajadores. En Empleados de Comercio, un aporte obligatorio de $ 70 mensuales por trabajador (reclamaba $ 100), que las empresas se niegan a absorber. Aun así, la Casa Rosada logró su objetivo inmediato: que en las tapas de los diarios apareciera el 27% como aumento salarial, más allá de la letra chica que se conoce y la que se desconoce. Ese número permitirá, además, potenciar el próximo anuncio de CFK con un incremento de la Asignación Universal por Hijo, que no se ajusta desde hace un año (se mantiene en $ 644 mensuales) y prevé ubicar entre 30 y 40% para los desocupados y trabajadores en negro, obviamente no sindicalizados pero que también votan. Si bien los dirigentes de la CGT oficialista fueron funcionales a estos objetivos político-electorales del gobierno, no debe perderse de vista otro no menos importante: reducir los alcances del paro nacional anunciado por los gremios del transporte para el 9 de junio, que ya cuenta con el apoyo de las CGT opositoras (de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo) y de la CTA (de Pablo Micheli) que incluye a ATE. Por caso, será difícil que Caló deje en “libertad de acción” a los afiliados a la UOM, como lo hizo en la anterior huelga del 31 de marzo; o que la UPCN adhiera en la administración pública, a diferencia de ATE. Por otro lado, el candidato Sergio Massa se apresuró a visitar a los dirigentes de la confederación de gremios del transporte para prometerles una futura eliminación del impuesto a las Ganancias. Antes lo había hecho Macri, que recibió a dirigentes ferroviarios y de colectiveros para coincidir que con tarifas más razonables garantizaría el pago de mayores salarios. Con estas divisiones, dirigentes que hablaban de unidad sindical antes de que Kicillof anunciara los parches en Ganancias, pasaron en los últimos días a atacarse mutuamente con munición gruesa. Por esas cosas extrañas que tiene la discrecionalidad económica, hay menos trabajadores alcanzados por el impuesto (porque cobran menores salarios) en los gremios de la CGT oficialista que en los de la CGT opositora (con sueldos más altos). En general, los gremios opositores vienen reclamando aumentos del 33 al 44% y quedar exceptuados de Ganancias, porque saben que un ajuste del 27% como el de la pauta oficial implica una quita directa de 5% si en agosto de 2013 cobraban un salario bruto de $ 25.000 mensuales. Las empresas, a su vez, se resisten a absorberla. De ahí que el gremio bancario ya haya anunciado un paro de 48 horas para mañana y pasado y el de camioneros una movilización y huelga general para el 4 de junio, que será seguida por otra marcha de la CTA opositora el 8 de junio al Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el gremio de la alimentación dispuso la semana última paros parciales en varias fábricas en reclamo de una suba de 42,8%. Un porcentaje similar al que exige el gremio de los aceiteros, en un conflicto que ingresó en una fase anárquica porque mantiene paralizados desde hace casi tres semanas los embarques en los puertos del litoral fluvial pese a la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral. Como puede advertirse, la pauta salarial no parece suficiente para frenar la conflictividad en este año electoral.

Néstor O. Scibona