La labor judicial y el sistema penal: dos caras de una crisis

Críticas en el fallo de la Corte que libera a Sandoval.

Redacción

Por Redacción

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la condena a prisión perpetua de David Sandoval por el triple homicidio del laboratorio de Cipolletti no sólo le reprocha al Superior Tribunal rionegrino que no aplicó las normas vigentes sino que además señala que hay normas procesales en la provincia que ya no deberían existir. La sentencia pone en cuestión no sólo la eficacia de la Policía y de la Justicia Penal rionegrinas para investigar y esclarecer tan horrendos crímenes sino también la calidad de las decisiones que adopta el Superior Tribunal en su doble condición: como tribunal jurisdiccional de alzada en la revisión de los fallos de los tribunales penales, y como cabeza política del Poder Judicial, uno de los pilares que integran el gobierno y con específica función de diseñar la estructura funcional y procesal en la cual se desempeña la actividad.

En su calidad de tribunal de alzada, la Corte consideró inapropiada y violatoria de la garantía constitucional del debido proceso a la decisión del Superior Tribunal de Justicia que -en agosto de 2005 y por la opinión unánime de Víctor Sodero Nievas, Luis Lutz y Alberto Balladini- anuló la absolución que por el crimen habían dictado los jueces de la Cámara Segunda de Roca en beneficio del lavacoches David Sandoval.

Para la Corte, es de aplicación el precedente dictado en 1998 en el caso Polak -paradójicamente llegado también desde la Justicia de Río Negro-, que consideró violatoria de la garantía contra la doble persecución la sentencia del STJ que anulaba una absolución y disponía juzgar nuevamente al imputado por errores y vicios de la acusación. La Corte dijo entonces que la prohibición de juzgar dos veces a una misma persona por el mismo hecho fue consagrada en favor del imputado, y que “no es posible permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito”.

El cuestionamiento al rol institucional del STJ en el fallo conocido anteayer está incluido en el voto de Raúl Zaffaroni que, si bien coincide en el sentido de la decisión final, incorpora sus propios argumentos. Es el más extenso y el que más desnuda lo que, a su juicio, son fallas funcionales y estructurales de la organización procesal vigente en la provincia de Río Negro. Este análisis, además de augurar varias nulidades más en expedientes que siguen actualmente un camino similar a la causa del triple crimen, pone en cuestión la permanencia del sistema “sui generis” que rige en la provincia, y que -buscando ser una transición entre el sistema inquisitivo hacia el acusatorio vigente a nivel nacional- cae en su propia trampa, generando nulidades. Esto sucede cuando no sólo permite sino que exige -así lo hizo el STJ- que los jueces asuman un rol de investigación y persecución al producir prueba, una función que a criterio de la Corte -y de los convenios internacionales suscriptos por la Argentina- le está reservada sólo a los fiscales. En el fallo de 2005, el STJ había reprendido severamente a la Cámara Segunda de Roca diciéndole que disponer nueva prueba en caso de incertidumbre “no aparece como un mero poder sino como un poder-deber”.

Zaffaroni enfatizó que la Corte ha establecido que el sistema elegido por los constituyentes es el acusatorio y citó a Ferrajoli cuando dice que la dicotomía acusatorio/inquisitivo corresponde a dos modelos contrapuestos “y, en consecuencia, entre dos figuras de juez”, dos métodos de averiguación judicial igualmente contrapuestos y, por tanto, entre dos tipos de juicio. Profundiza que el sistema acusatorio concibe al juez como “un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral, público y resuelto por el juez según su libre convicción”. En cambio, en el inquisitivo el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita.

El juez de la Corte objetó así la decisión del STJ de haber ordenado un nuevo juicio, haber exigido a la Cámara que disponga otra pericia, y haber relegado el principio del “favor rei” y su corolario “in dubio pro reo”. Pero, sobre todo, objetó que el STJ lo hiciera invocando varias normas procesales que habilitan a una Cámara a disponer prueba, lo que -por consecuencia- obligará a una revisión técnica de las normas procesales vigentes en Río Negro y forzará la adopción de decisiones políticas para corregir las fallas o desviaciones que éstas posean.

También citó -como sus pares del voto mayoritario- el caso Polak, pero en lo referido a que “el Estado no tiene derecho a un nuevo juicio cuando es él quien origina esos errores, porque la situación se equipara al supuesto en que ha fallado al presentar el caso”.

La “masacre del laboratorio” terminó en absolución y con fuertes cuestionamientos de la Corte al proceso penal de Río Negro.


El fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la condena a prisión perpetua de David Sandoval por el triple homicidio del laboratorio de Cipolletti no sólo le reprocha al Superior Tribunal rionegrino que no aplicó las normas vigentes sino que además señala que hay normas procesales en la provincia que ya no deberían existir. La sentencia pone en cuestión no sólo la eficacia de la Policía y de la Justicia Penal rionegrinas para investigar y esclarecer tan horrendos crímenes sino también la calidad de las decisiones que adopta el Superior Tribunal en su doble condición: como tribunal jurisdiccional de alzada en la revisión de los fallos de los tribunales penales, y como cabeza política del Poder Judicial, uno de los pilares que integran el gobierno y con específica función de diseñar la estructura funcional y procesal en la cual se desempeña la actividad.

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