Expendedoras pymes, rehenes de las petroleras

Redacción

Por Redacción

El sistema de comercialización de combustibles líquidos, conformado específicamente por las estaciones de servicios, atraviesa un período de enorme desorden e inequidad, producto de la falta de regulación por parte del Estado. A manera de ejemplo, el sector del gas natural desde su producción hasta su distribución a nivel minorista tiene pautas de ordenamiento y un marco de regulación brindado por la ley Nº 24.076; por su parte, también el régimen de la energía eléctrica tiene en la ley Nº 24.065 un marco de regulación similar. En ambos sectores las reglas son muy claras; el que produce o genera no puede transportar ni comercializar o distribuir y el que transporta no produce ni comercializa a nivel minorista. Esto no sucede en el sistema de comercialización de combustibles líquidos, donde no existe un marco regulatorio y, en consecuencia, conviven dos grupos de características absolutamente disímiles. El sector de las estaciones de servicios cuyas propietarias son las empresas petroleras o refinadoras que integran todas las actividades posibles, la exploración y la producción del gas y el petróleo, el transporte y la comercialización minorista. Y el sector de las estaciones de servicios propiedad de pymes o de empresas familiares, cuya única actividad es comprar y vender combustibles, compitiendo desfavorablemente con las empresas petroleras y refinadoras que las abastecen. Las petroleras y refinadoras tienen en las estaciones de servicios sólo un escalón de su integración vertical, por lo que pueden disimular y compensar la falta de rentabilidad de esta actividad con los resultados de cualesquiera de las otras. Las pymes sólo dependen de la comercialización minorista, por lo que existe una desventaja comercial inadmisible a favor de las grandes empresas. En su mayoría, las productoras de combustibles han impuesto a las pymes un sistema de consignación que las obliga a comprar y vender por cuenta y orden de la parte vendedora, fijándoles el precio de compra, el precio de venta y, por ende, los márgenes de ganancias. Como consecuencia de esta operatoria, aparecen los cupos para cada estación de servicios pyme, los cuales están relacionados con los márgenes de ganancias impuestos. A quien quiera un mayor volumen de combustibles, producto de mejoras en las ventas o por aparición de compradores puntuales, se le imponen menores márgenes de ganancias, desalentando el crecimiento y las expectativas del sector. Esto ha obligado a muchas estaciones de servicios pymes a dejar de proveer a muchos grandes consumidores (empresas de transporte de pasajeros o cargas, industrias, empresas agropecuarias, compañías de servicios, etcétera), las que han sido captadas por las empresas refinadoras. El resultado de esta política distorsiva está a la vista: en los últimos diez años han caído en la Argentina 2.500 estaciones de servicios pymes, con la consecuente pérdida de 25.000 puestos de trabajo. El sistema muestra una alarmante concentración de estaciones de servicios de propiedad de las refinadoras; éstas sólo representan el 8% de todas las estaciones de servicios y abastecen el 60% del mercado. Hoy vemos una gran cantidad de estaciones de servicios pymes abandonadas en todo el país, con el riesgo de que se profundicen los cierres, y además se profundice el desabastecimiento, en lugares claves para la producción y el turismo. En diversos países del mundo, como Brasil, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han restringido o excluido del sistema de comercialización de combustibles a las empresas refinadoras o petroleras con muy buenos resultados. El proyecto de ley que he presentado incluye la prohibición a las empresas productoras de petróleo, refinadoras y comercializadoras mayoristas a participar en cualquier tipo de distribución minorista, destinada al público general o a clientes individualmente considerados. Asimismo, se prohíbe a las empresas petroleras realizar el suministro de combustibles en forma directa a empresas de transporte, industrias o establecimientos agropecuarios, entre otros grandes consumidores. Se establece que las estaciones de servicios de propiedad de las empresas petroleras o comercializadoras de combustibles deben ser enajenadas a favor de sociedades habilitadas para tal fin, en un plazo de 24 meses, debiendo ser transferido al menos en los primeros doce meses el 40% de las mismas. El proyecto también establece que las empresas petroleras o comercializadoras de combustibles no podrán fijar precios de venta, ni sugerirlos, y los precios al público de los combustibles líquidos serán fijados por los operadores minoristas. Seguramente se va a dar una gran discusión por la profunda transformación que se pretende imponer al sistema actual de comercialización, con los intereses que hay en juego, pero es una asignatura pendiente aún en la Argentina. Hoy las estaciones de servicios pymes son verdaderos rehenes de las empresas refinadoras, están presionadas y condicionadas como nunca sucedió antes y, sin ninguna duda, no tienen futuro si no establecemos nuevas reglas de juego que preserven a las pequeñas empresas y su capacidad de generar y mantener empleo. (*) Diputado nacional del MPN

JOSÉ BRILLO (*)


El sistema de comercialización de combustibles líquidos, conformado específicamente por las estaciones de servicios, atraviesa un período de enorme desorden e inequidad, producto de la falta de regulación por parte del Estado. A manera de ejemplo, el sector del gas natural desde su producción hasta su distribución a nivel minorista tiene pautas de ordenamiento y un marco de regulación brindado por la ley Nº 24.076; por su parte, también el régimen de la energía eléctrica tiene en la ley Nº 24.065 un marco de regulación similar. En ambos sectores las reglas son muy claras; el que produce o genera no puede transportar ni comercializar o distribuir y el que transporta no produce ni comercializa a nivel minorista. Esto no sucede en el sistema de comercialización de combustibles líquidos, donde no existe un marco regulatorio y, en consecuencia, conviven dos grupos de características absolutamente disímiles. El sector de las estaciones de servicios cuyas propietarias son las empresas petroleras o refinadoras que integran todas las actividades posibles, la exploración y la producción del gas y el petróleo, el transporte y la comercialización minorista. Y el sector de las estaciones de servicios propiedad de pymes o de empresas familiares, cuya única actividad es comprar y vender combustibles, compitiendo desfavorablemente con las empresas petroleras y refinadoras que las abastecen. Las petroleras y refinadoras tienen en las estaciones de servicios sólo un escalón de su integración vertical, por lo que pueden disimular y compensar la falta de rentabilidad de esta actividad con los resultados de cualesquiera de las otras. Las pymes sólo dependen de la comercialización minorista, por lo que existe una desventaja comercial inadmisible a favor de las grandes empresas. En su mayoría, las productoras de combustibles han impuesto a las pymes un sistema de consignación que las obliga a comprar y vender por cuenta y orden de la parte vendedora, fijándoles el precio de compra, el precio de venta y, por ende, los márgenes de ganancias. Como consecuencia de esta operatoria, aparecen los cupos para cada estación de servicios pyme, los cuales están relacionados con los márgenes de ganancias impuestos. A quien quiera un mayor volumen de combustibles, producto de mejoras en las ventas o por aparición de compradores puntuales, se le imponen menores márgenes de ganancias, desalentando el crecimiento y las expectativas del sector. Esto ha obligado a muchas estaciones de servicios pymes a dejar de proveer a muchos grandes consumidores (empresas de transporte de pasajeros o cargas, industrias, empresas agropecuarias, compañías de servicios, etcétera), las que han sido captadas por las empresas refinadoras. El resultado de esta política distorsiva está a la vista: en los últimos diez años han caído en la Argentina 2.500 estaciones de servicios pymes, con la consecuente pérdida de 25.000 puestos de trabajo. El sistema muestra una alarmante concentración de estaciones de servicios de propiedad de las refinadoras; éstas sólo representan el 8% de todas las estaciones de servicios y abastecen el 60% del mercado. Hoy vemos una gran cantidad de estaciones de servicios pymes abandonadas en todo el país, con el riesgo de que se profundicen los cierres, y además se profundice el desabastecimiento, en lugares claves para la producción y el turismo. En diversos países del mundo, como Brasil, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han restringido o excluido del sistema de comercialización de combustibles a las empresas refinadoras o petroleras con muy buenos resultados. El proyecto de ley que he presentado incluye la prohibición a las empresas productoras de petróleo, refinadoras y comercializadoras mayoristas a participar en cualquier tipo de distribución minorista, destinada al público general o a clientes individualmente considerados. Asimismo, se prohíbe a las empresas petroleras realizar el suministro de combustibles en forma directa a empresas de transporte, industrias o establecimientos agropecuarios, entre otros grandes consumidores. Se establece que las estaciones de servicios de propiedad de las empresas petroleras o comercializadoras de combustibles deben ser enajenadas a favor de sociedades habilitadas para tal fin, en un plazo de 24 meses, debiendo ser transferido al menos en los primeros doce meses el 40% de las mismas. El proyecto también establece que las empresas petroleras o comercializadoras de combustibles no podrán fijar precios de venta, ni sugerirlos, y los precios al público de los combustibles líquidos serán fijados por los operadores minoristas. Seguramente se va a dar una gran discusión por la profunda transformación que se pretende imponer al sistema actual de comercialización, con los intereses que hay en juego, pero es una asignatura pendiente aún en la Argentina. Hoy las estaciones de servicios pymes son verdaderos rehenes de las empresas refinadoras, están presionadas y condicionadas como nunca sucedió antes y, sin ninguna duda, no tienen futuro si no establecemos nuevas reglas de juego que preserven a las pequeñas empresas y su capacidad de generar y mantener empleo. (*) Diputado nacional del MPN

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