A las escondidas

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En algunos países es relativamente fácil mantenerse al tanto de la evolución de la economía local, ya que a pesar de los esfuerzos del gobierno de subrayar lo positivo y minimizar el significado de lo negativo los interesados cuentan con datos suficientes como para saber lo que está ocurriendo. En la Argentina, en cambio, quienes procuran hacerlo se asemejan a exploradores sin mapas que se encuentran en medio de una selva desconocida que está cubierta de densas nubes. Además de no poder confiar en las estadísticas oficiales difundidas por el Indec, se ven privados de información acerca de lo que está haciendo el gobierno con el dinero del presupuesto nacional. Según acaban de denunciar dirigentes opositores, tanto derechistas como izquierdistas, y periodistas deseosos de enterarse de los detalles del destino del gasto público, la página de internet correspondiente a la ejecución del presupuesto dejó de actualizarse el 18 de diciembre del año pasado. A partir de entonces, los interesados en saber cómo gasta el gobierno el dinero aportado por los contribuyentes o proveniente de distintos gravámenes han tenido que conformarse con generalidades, ya que parecería que, a juicio de los encargados de manejar la economía nacional, los datos pormenorizados deberían considerarse secretos de Estado. Sería lógico atribuir lo que, es de suponer, fue una decisión oficial de negarse a difundir datos antes libremente disponibles, a la convicción de que los costos políticos de ocultarlos serían menores de lo que serían si se permitiera que la ciudadanía se enterara de lo que realmente está sucediendo en el marco de programas como Fútbol para Todos y las distintas iniciativas sociales que ha emprendido el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero puede que se haya debido a nada más siniestro que la inoperancia, que es una de las características más llamativas del Poder Ejecutivo actual. Como es notorio, el funcionario que en teoría es responsable del Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, no está en condiciones de hacer nada sin contar antes con el aval no sólo de Cristina sino también del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el viceministro Axel Kicillof, de suerte que sería comprensible que no quisiera arriesgarse publicando datos que podrían ocasionarles disgustos. Asimismo, es evidente que para la presidenta y los miembros de su pequeño círculo áulico la eficiencia administrativa es lo de menos; todos están plenamente ocupados con las batallas “culturales”, ideológicas y políticas que están librando contra aquellos que, como el gobernador bonaerense Daniel Scioli, en su opinión son reacios a plegarse a su proyecto particular, razón por la que no quieren perder el tiempo interesándose en asuntos menos importantes. En el país del relato triunfal, los discursos importan mucho más que los engorrosos detalles presupuestarios. Puesto que dominan el Congreso los kirchneristas –verticalistas todos porque los asusta la mera idea de que pudieran existir alternativas–, que hacen de la obediencia debida a la jefa un principio inviolable, las quejas formuladas por los legisladores opositores son a lo sumo testimoniales. Saben que no les sirve para nada señalar que, de tomarse en serio los compromisos internacionales, el gobierno tendría que garantizar cierto grado de transparencia, por ser para ellos cuestión de un concepto que les es radicalmente ajeno. Asimismo, es legítimo argüir que, de tener la oportunidad, todos los gobiernos del mundo actuarían del mismo modo que el encabezado por Cristina, escondiendo información que, de difundirse, podría ocasionarles algunos momentos difíciles, pero en países de instituciones más fuertes que las nuestras el Poder Ejecutivo se ve obligado por el Legislativo y por la opinión pública a respetar ciertas normas básicas. Superar el déficit institucional pavoroso que se ha agravado mucho últimamente debería ser la prioridad absoluta de la clase política nacional, pero es poco probable que lo intente antes de que el país se haya precipitado nuevamente en una de sus esporádicas crisis terminales. Por desgracia, son demasiados los legisladores que anteponen su “lealtad” al caudillo de turno a su deber como representantes de la ciudadanía, de ahí la negativa de tantos a asumir sus responsabilidades.