Abundan las causas penales entre los policías

VIEDMA (AV).- La policía rionegrina registra unos 200 efectivos con imputaciones penales y 78 uniformados con condenas- sobre un total de más de 4.500 -, aunque continúan en funciones en la fuerza provincial. Estos registros figuran en el informe anual elevado por la defensora del Pueblo a la Legislatura.

El documento -que ronda las 350 páginas- repasa denuncias y acciones del ente que preside Ana Piccinini del período 2007/2008. Entre sus conclusiones, la defensora reitera críticas al funcionamiento policial centradas en el jefe de la fuerza, comisario general Víctor Cufré.

El informe de la Defensoría -que se completará en febrero con su exposición en una sesión- contempla el abordaje de las distintas problemáticas. Se priorizó la «calidad de las intervenciones por sobre la cantidad».

Defendió su «accionar perfectamente ajustado a Derecho. Opinable en cuanto a los métodos empleados, pero nunca objetable desde la legalidad». Manifestó que su «crítica ha pretendido ser siempre constructiva, señalando al Poder Ejecutivo de muchas irregularidades». La mayoría de las respuestas fueron «de rechazo, de resistencia y de desprestigio», incluso «la obstrucción o al entorpecimiento de las investigaciones».

Manifestó que «algunos de los organismos involucrados siguen sin entender cuáles son las atribuciones del defensor y en qué consiste el ´deber de colaboración´ que impone la ley». Resaltó que seguirá con el «control con la misma energía y la misma convicción».

Entre las distintas temáticas, Piccinini incorpora al informe final su crítica evaluación de la policía. Recordó su opinión de febrero pasado, cuando calificó en la Legislatura a la situación de la policía de «lamentable».

También consigna una misiva -que no hizo pública- enviada en mayo al gobernador Miguel Saiz requiriéndole su directa intervención frente a las irregularidades policiales, concretamente «casos de apremios, abusos y represión desmedida», la «inseguridad y la demanda de efectivos policiales» y, entre otros, «el funcionamiento deficiente de los consejos locales de seguridad ciudadana».

Piccinini lamentó que no existiera ninguna «señal por parte del mandatario, alguna muestra de la más mínima voluntad de cambio. La respuesta no fue más que el silencio» y adelantó que seguirá «exigiendo respuestas, señalando los errores y las deficiencias».

Reiteró: «Las deficiencias de infraestructura edilicia, equipamiento, teléfono, vehículos, ropa, chalecos, armamento, no varían demasiado salvo por la entrega de vehículos policiales». También mencionó que se siguen recibiendo «denuncias por el accionar desmedido». «La policía sigue pegando» y describe 16 expedientes en trámite.

Menciona otros puntos como el medio centenar de «empleados con sumarios por problemas de enfermedad», los expedientes pendientes por «presuntos actos de indisciplina», «traslados cuestionados (decisiones insólitas de la Fuerza)» y denuncias de corrupción policial.

La defensora se detuvo en los empleados policiales con sumario por causa penal, consignando «unas 200 actuaciones sumarísimas en trámite con motivo de imputaciones penales varias». Agregó información acerca de «policías procesados y de quienes resultaron condenados».